Sin dudas, la actividad sindical en el Uruguay se ve reducida en los períodos que comienza la licencia de la construcción hasta que se termina el carnaval, semana santa, feriados largos, etc. No obstante, siempre hay excepciones, cómo los días previos al comienzo de clases, diversas actividades en el Este, etc.
Sin embargo, ante el descollante déficit fiscal acumulado desde 2005 y el último del 2016 por el 4% de PIB – us$ 2100 millones - a ningún sindicato ni oposición se le ocurrió defender a los uruguayos del despilfarro de los ingresos públicos ni de la compra del juguetito del presidente para dar unas vueltas por la región. No hubo paros, marchas ni nada.
Todo, siempre es posible sea justificado por prevención o intervención, siempre con sólidos argumentos.  El Ministro de Economía junto a sus colaboradores hace ya mucho tiempo que deberían haber renunciado al pésimo manejo de la economía uruguaya (un gerente país con cuentas negativas permanentes). El ajuste fiscal del FA para el período 2015/19 viene en cuotas, todos los años pagamos alguna. El encantado votante frenteamplista aplaude y como siempre se habla de porcentajes del PIB, que a nadie toca en el discurso, pero para financiar estos desajustes, pedimos más dinero prestado y pagamos más intereses, hasta pedimos prestado para pagar la amortización de la deuda.
Insólito que los encantadores y encantados estén contentos de estas malas políticas y el PIT CNT calladito como si hubiera firmado un pacto de silencio con la administración. A través del aumento con vigencia en enero 2017 de los precios públicos, pagamos otra cuotita del ajuste, siendo el Estado uruguayo el principal motor de crecimiento de la inflación.
Cuando empresas extranjeras y nacionales cierran sus puertas, ya prácticamente sin condiciones viables de reapertura, dejan un vacío muy difícil de llenar en un país con un mercado pequeño, con barreras de precios / de cantidades en el mercado internacional y con una fuerza laboral sindicaliza rabiosamente en el sector público (Ministerios-Empresas Públicas-Cofe).
Son incapaces de ser equitativos, solidarios de pensamiento económico. Van a buscar al exterior inversiones ventajosas para los extranjeros ofreciéndoles todo tipo de facilidad, principalmente la exención de impuestos, pero son incapaces de buscar inversiones de capital nacional o combinado.
En los últimos tres años se fueron 12 instituciones de representación financiera que trabajaban en Uruguay. Se retiraron varios bancos, entre ellos, suizos, canadienses e ingleses. Adujeron riesgo reputacional por un mercado pequeño, baja o nula rentabilidad y nueva normativa internacional que les requiere más capital. Pero, no sólo el vacío se produjo en el mercado financiero, también la empresa China Lifan, Agolan (ya no tenemos textiles), Paylana (Cotrapay), Fanapel, Molinos Dolores, Fripur, UCOT en CTI, Pluna, Alas Uruguay, Metzen y Sena, Envidrío; Funsacoop, COEP (ex Pressur), Urutransfor, las cerradas cuando el hoy presidente de la OPP dirigió la CND a cambio de administrar fideicomisos perdiciosos para todos, la quebrada ANCAP salvada por los precios actuales de los combustibles que todos pagamos.
El Pacto de Silencio del PIT CNT con las diferentes administraciones frentistas es tan fuerte que se ha transformado en un nuevo poder político, del que teme su contraparte. Lo asombroso es que los responsables de las perjudiciales gestiones públicas no fueran retirados del mercado, sea, de economía, sea, del Parlamento. Vergüenza ajena nos toca recibir por tan malos administradores con la complicidad de los pactistas y de una oposición que se desgrana como pétalos de rosa al terminar la primavera. Se premia al Presidente del Ejecutivo con un caprichito a través de una decisión legal, injusta para los uruguayos, presionada a través de la renuncia del número 1 del TCR, inconveniente, indecorosa, indigna y con falta de ética y patriotismo del que no podemos pensar que ello ocurra en un país que otrora fuera reconocido por su alto nivel educativo, su esplendorosa seguridad, su importante inversión en salud.
Hoy, el FA y su socio del Pacto de Silencio ofrecen más de lo mismo, más recaudación, más empleos de deliveries, de cuida coches, de guardias privados, de limpiadores, de ong´s compañeras, y de todas aquellas actividades que mantengan a sus encantados votantes en la ignorancia, en la incultura, en el asentamiento de “siempre” y continúen accediendo al crédito al consumo para compra de vestimentas y calzados de origines asiáticos, de bajo valor y celulares.
Están ojeando la baraja con una nueva papelera para que el PBI aumente. Ni el Aníbal ni su mujer y niños notaran la diferencia, sólo estos apátridas seguirán explicando porque Uruguay es un país con BBB- grado de inversión y así poder continuar endeudándose sin crear riqueza real y trabajo bien remunerado. No veremos ningún plan estricto de reducción del gasto, de reforma del Estado, cuantificado, que exprese cuánto bajaremos el déficit fiscal. Tampoco veremos un plan de crecimiento de la economía privada porque no lo quieren, no lo saben y su pensamiento radica en un Estado autoritario y discrecional que todo lo puede.

A esta altura del año y en especial en estas latitudes, los dirigentes sindicales aparecen en los medios de comunicación exigiendo incrementos salariales, los gobernantes intentan moderar esas aspiraciones, y los educadores promueven sus mezquinos intereses preparando el terreno.
El tema parece eterno. Se trata de la inagotable controversia acerca de cuáles deben ser los parámetros de las remuneraciones de los docentes. Sobrevuelan la polémica aspectos éticos, consideraciones subjetivas y una aureola que convierte el asunto en algo solemne, sagrado  e incuestionable.
De un lado del mostrador los profesores y maestros se ocupan de exaltar su labor convirtiéndola en el eje absoluto de la vida en comunidad. Bajo el paraguas de una interminable lista de trilladas frases hechas pretenden colocar el debate en un pedestal de opinable majestuosidad.
Del otro lado, un Estado paternalista, siempre políticamente correcto y extremadamente culposo, intenta hacer malabares para encontrar ese punto intermedio que no coloque a los gobernantes en un lugar incómodo y que los muestre genuinamente preocupados con el futuro del país.
Toda esta parodia, repleta de hipocresía y ausencia de sentido común, finalmente se resumirá en un frio número que surgirá de la negociación entre las dos despiadadas corporaciones. Sindicatos y Estado, fumarán la pipa de la paz, a regañadientes, alcanzando un acuerdo salarial que pagarán todos los contribuyentes y regirá hasta el año entrante, cuando vuelva a reeditarse esta patética escena circular.
No existe duda alguna que la educación es trascendente para una sociedad, pero también se sabe que su calidad no depende de los niveles salariales de los actuales docentes. Abundan pruebas al respecto. Un fabuloso salario no convierte a un pésimo educador en uno excelente, ni tampoco al revés.
El problema de fondo sigue siendo que estas pulseadas están lideradas por dos enormes monopolios legales. Esa palabra es detestada por la mayoría pero paradójicamente en estos asuntos se acepta sin pudor. Es extraño que la gente aborrezca las posiciones dominantes en las actividades lucrativas y en estos menesteres aplauda vigorosamente que el Estado y los gremios manejen todo sin competencia alguna.
Suponer que la educación mejorará como consecuencia de una discusión sobre como se actualizarán los salarios es una falta de respeto a la inteligencia cívica. Nada evoluciona mágicamente de ese modo, sin embargo los docentes siempre reiteran la desgastada cantinela de que si no están bien pagados no pueden ser eficientes a la hora de dar clases.
Que alguien deba destacar la relevancia de los incrementos a su propio sueldo es un hecho vergonzoso. Son los usuarios, directos e indirectos, del sistema los que tienen autoridad moral para afirmar eso. Nadie aceptaría que un comerciante diga que merece mayores utilidades. El debe ganarse, como todos, ese derecho ofreciendo buenos servicios, a un excelente precio y conseguir que los consumidores lo hagan alcanzar sus pretensiones.
Tiene muy poco de ético, presionar a la sociedad, tomar de rehenes a padres y alumnos, para conseguir una mejora en los ingresos. Aun cuando las metas sean conquistadas y esas herramientas fueran efectivas, la inmoralidad del proceso deslegitima cualquier argumento utilizado.
No toda la culpa la tienen los desprestigiados líderes sindicales y los manipuladores políticos de siempre. Buena parte de la responsabilidad recae en esos docentes que se ufanan de una supuesta superioridad que hace que toda la comunidad tenga el deber moral de protegerlos y de una sociedad hipócrita que recicla crónicamente su inocultable doble discurso.
Esos ciudadanos que repiten hasta el cansancio que hay que mejorar el sistema educativo, son los mismos que luego respaldan aumentos lineales, donde no existen criterios que evalúen méritos profesionales, exijan mayor compromiso o establezcan resultados mínimos razonables.
Nadie, en la vida cotidiana, quiere pagar mucho por algo malo. Sin embargo en temas educativos, la gente parece estar dispuesta a alentar reclamos salariales, a sabiendas de que el alumno que egresa de la escuela no tiene el nivel esperado. Un absoluto sinsentido gobierna el debate.
No parece razonable deliberar acerca de los salarios sin incorporar a la discusión el producto final que se espera a cambio de esa compensación. No se pagan retribuciones mejores o peores con independencia del servicio que se presta, sino justamente para lograr un óptimo rendimiento deseado.
Demasiados docentes creen con convicción que “merecen” un buen salario y que hacen lo que pueden, y por lo tanto no se sienten responsables de cómo culmina todo el proceso. Que alguien egrese del sistema, sin saber leer, escribiendo con errores ortográficos y con visibles dificultades para comprender textos simples o hacer operaciones matemáticas, no es un tema que para muchos de ellos tenga vínculo con sus remuneraciones.
Sería deseable que la misma pasión que los docentes, sus representantes gremiales y la sociedad le ponen a lo salarial, puedan invertirse en demandar una calidad equivalente para que los alumnos que emergen del sistema sean una satisfacción para todos y no un grupo de personas que terminen resignándose a convivir con la mediocridad.
En esta ocasión todo culminará como siempre. Unos se enojarán, los otros buscarán apaciguar los ánimos y luego de toda esa pantomima, alcanzarán el ansiado nuevo acuerdo. Demasiado esfuerzo para contentar a la tribuna, para que los salarios docentes finalmente se adecúen, pero el sistema siga funcionando igual. En definitiva, la educación en clave salarial.