Hemos visto en forma inusitada,  previo a las elecciones generales de 2014 y ahora en las departamentales de 2015, como casi todas las empresas públicas y gobiernos departamentales compraron en exceso minutos de televisión, radio, y espacios en la prensa escrita para resaltar las bondades del gobierno que ejercen y de las empresas que administran. En la práctica se destacan los logros, pero nunca los yerros ni los costos asociados. Tal el caso del agua no potable vendida por OSE en el departamento de Maldonado.
Estas prácticas electoralistas evidencian la necesidad de renovar, revisar, y agregar a las actuales normas de financiamiento de la propaganda electoral estos comportamientos. El actual sistema de controles del financiamiento de las elecciones nacionales y departamentales para defender la democracia dan margen para cometer irregularidades como el lavado de dinero o la influencia de grandes grupos económicos nacionales o extranjeros, y a veces poderosos empresarios individuales interesados en adjudicaciones de licitaciones públicas, contratos con el Estado o ciertas prebendas que les permiten ganar dinero indebido, enriqueciéndose ellos mismos y quienes participan del proceso en forma oscura o vedada.
Hemos visto en las administraciones frentistas, que desde 2005 han quebrado y caído empresas tanto públicas (PLUNA, AGOLAN) como privadas por adjudicaciones imperfectas (Hotel Casino-Carrasco, Empresas con financiamiento Fondes, Constructora de la Regasificadora, etc.).
También hemos observado como imperfecciones la forma que la izquierda en el poder viene contratando. Muchas veces alejada del marco legal, con sendas observaciones del Tribunal de Cuentas de la República haciendo caso omiso a ellas y reiterando el gasto a sabiendas que no existen los votos suficientes en el Parlamento para remover a los violadores de las normas legales.
Otras veces, a través de procesos licitatorios o de llamados a precios donde son contempladas aquellas organizaciones que muchas veces se crean para cumplir el objeto del llamado, sean estas cooperativas   u ONG’s.
También comprobamos como empresas públicas monopólicas pierden dinero año tras año y continúan realizando siderales gastos publicitarios e inversiones ajenas a su propio giro con la complacencia de un votante que sólo ve su bolsillo de hoy y olvida que todas estas imperfecciones y pérdidas públicas que incluyen el astronómico déficit fiscal recaerán sobre su propio bolsillo tarde o temprano recibiendo servicios y/o productos públicos de baja calidad, endeudando al país, disminuyendo su poder de compra a través de una inflación mayor o pagando más impuestos directos e indirectos para mantener un estado gordo que necesita urgentemente ser puesto a rigurosa dieta para enfrenar los desafíos de un comercio internacional a la baja. 
Existen opciones para limitar los financiamientos de las campanas electorales y uno de ellos consiste en que los recursos provengan sólo del Estado como es el pago por cada voto, el cual puede verse incrementado con contribuciones de personas físicas con un tope determinado deducible del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas IRPF). En este caso veríamos campanas más reducidas en cuanto al monto total del gasto y los partidos saldrían a la calle para conquistar votos convenciendo mano a mano al ciudadano. El costo de las elecciones no sería más caro para el contribuyente y se evitaría mucho de lo que se gasta en corrupción al no permitir las donaciones de empresas privadas o el canje de espacios publicitarios.
Otra opción es mantener el actual sistema mixto permitiendo también las donaciones de empresas privadas, sindicatos, etc., pero limitando su aporte a una cifra fija independientemente de los ingresos anuales percibidos por estas. Obviamente para los grupos económicos definidos por el BCU habrá que establecer un multiplicar límite de esa cifra fija.
No obstante, los ingresos no facturados de las empresas, o sea, la evasión fiscal existente puede continuar actuando en contra de la democracia en los procesos de corrupción de ingresos no declarados. Para evitar este mal, sería conveniente que los gastos de campaña en todos los órdenes, fueren publicitarios, de impresión de listas, de gastos, etc., tuvieran los mismos requisitos de admisión que los establecidos en el Impuesto a las Actividades Económicas para su deducción legal y que la relación de ingresos y egresos finales fueran auditados por el Tribunal de Cuentas de la República dando paso a la cobranza de votos con dineros públicos.
El slogan de transparencia que tanto gusta a la izquierda y que poco aplica como en el caso de la megaminería debería ser un derecho democrático fundamental que evitaría conductas delictivas. Hoy son los ingresos de empresas nacionales, extranjeras, sindicatos, y otras organizaciones quienes desde el Uruguay y  desde el exterior financian mayoritariamente las campanas político-electorales.
Ricardo Puglia