Sabemos que el  Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno  cerró el caso Air Class estableciendo que:
1)    Los motores funcionaban correctamente
2)   Las hélices no presentaban problemas de funcionamiento y su fractura se debió al impacto contra el Río de la Plata
3)    La tripulación se encontraba en correctas condiciones
4)    No se constataron vestigios de incendio, ni durante el vuelo, ni después del impacto
5)   No se encontraron indicios de que el combustible contribuyera a la producción del accidente
6)    La composición de la tripulación era la correcta
7)    Las aeronaves cumplían  los requisitos de aeronavegabilidad

De acuerdo con el fallo, según estableció la Junta de Infracciones de la Dinacia no se configuró  lista de omisiones del equipamiento mínimo (MEL), no se constataron omisiones respecto a los parámetros de peso y balance, ni falta de un Manual Básico de Operaciones.
Luego de largas consideraciones, el Tribunal concluye que no se probó “en absoluto” la existencia de  un delito de “peligro concreto” respecto del avión siniestrado, como establece el artículo 200  del Código Aeronáutico, clausurando actuaciones. Probablemente, a los litigantes podría aún restarles recurrir a la Suprema Corte, si así lo quisieran.
También la Dinacia, en su tiempo, actuó y sancionó, por otros ítems no coadyuvantes con este siniestro, acaecido a  mediados de 2012. Posteriormente, Air Class ha ostentado una clara línea de conducta acorde a la normativa vigente, inclusive las nuevas reglas LAR, recertificándose correctamente, lo que también reconoció la OACI en su reciente misión a Uruguay. No fue noticia.
En este contexto, es tan importante como alarmante,  que la prensa, la cual en la pobreza y mediocridad periodística uruguaya se autodefine “investigativa”, a veces estimulada por el dolor de familiares y allegados a los pilotos fallecidos, muchas veces, orgullosa de su soberbia e ignorancia aeronáutica (tan reluciente como algunas calvas..) haya hecho  durante meses, escarnio no solo de la Dinacia -organismo con graves problemas de comunicación y carencias varias, pero sin una mejor alternativa visible en lo inmediato- o de Air Class, sino de toda la Aviación nacional, cuyos defectos conocemos y usualmente denunciamos, sin  agrandar.
Ocuparon (saturaron) preciosas páginas y minutos de emisión. Bien podrían haberse dedicado entonces a hincar más el diente en el fraudulento  y desprolijo cierre de Pluna, la primera de muchas Ancap de Mujica….  Inclusive, Sendic –quien ese año se jactaba de "volar" en las rutas uruguayas a 180 kilómetros por hora, sin sufrir procesamientos- también aportaba su granito, aceptando a Campiani sus cheques de arena…
Claro….. en 2012 la misma  Ancap, el MTOP , Ute , OSE, o Antel eran jugosos anunciantes, como lo había sido Pluna. Así, si toda la aviación local daba miedo, quizá lo de Pluna luciera menos grave….
Los Mujica, los Sendic, los Pintado, las Topolansky y demás integrantes de la caterva que destrozaba nuestro transporte pudieron tal vez dormir algo más tranquilos unos meses gracias al famoso accidente de Air Class…

Hace unos días escuchaba por el radio a un connotado economista quien mucho respeto y mucho aprecio decir que la capitalización de ANCAP que realizamos recientemente todos los uruguayos era una cuenta suma cero.
En buen romance una cuenta que era nada más que un asiento contable y que no tenía efectos económicos para el país aunque sí financieros para ANCAP.
El sentido común me plantea algunas preguntas:
¿Si a mi me deben una suma y yo en lugar de buscar cobrarla le condono la deuda a mi acreedor no estoy perdiendo una activo y toda esperanza de cobrar el dinero al cual soy acreedor?
¿Una suma tan importante como la condonada a ANCAP no pesa en las cuentas del estado?
¿Las cuentas de ANCAP no las pagamos todos con combustibles carísimos y de muy baja calidad?
¿El patrimonio del estado y por cierto de ANCAP no es de todos nosotros?
¿La cuenta suma cero que mencionaba el economista no es como si uno tuviera dos negocios, uno más o menos solvente y el otro fundido y le saca plata al más sólido para intentar rescatar al fundido?
Parecería que el criterio de cuenta suma cero es, total, va todo a la misma bolsa y sale todo del mismo lado, entonces no importa.
La plata que tiró vergonzosamente ANCAP y el Sr. Sendic Rodriguez tiene dueño, el pueblo oriental, que la junta con enorme sacrificio.
Las cuentas del estado las pagamos todos con nuestro aporte impositivo desmedido en Uruguay, en relación a lo poco que se le devuelve al contribuyente en servicios.
¿La capitalización de ANCAP sería un mero asiento contable, una sencilla cuenta suma cero, pero los 800 millones de dólares donde están?
En algún momento alguien o muchos deberemos pagar la cuenta del aquelarre, de la orgía de incapacidad, que fue y es la gestión de ANCAP. Como siempre seremos los sufridos orientales.
Los más básicos criterios de administración indican que a las empresas inviables se les debe dejar morir en paz. Los subsidios implícitos o explícitos para ellos siempre pasan factura.
La pregunta es en realidad si nuestra estructura de tener un enorme sector de la economía del país en manos de estado es lógico, ya en el tercer milenio.
ANCAP es inviable. Subsiste solamente porque los uruguayos la subsidiamos con cada litro de combustible que le compramos.
Los costos explícitos son absurdos; los costos implícitos, frenos para el desarrollo de nuestro país, lo son más. Lo que sucede es que no se cuantifican. Total, son cuentas de suma cero.
Menos para todos los uruguayos.

La idea de subsidiar el consumo de ciertos servicios esenciales dista de ser original. Es una larga historia, que el paso del tiempo solo ha ido perfeccionando perversamente como parte del nutrido andamiaje que ha montado desde hace mucho la demagogia populista contemporánea.
Parafraseando a Alvaro Alsogaray, vale aclarar que decir que una tarifa es social, es una absoluta redundancia. Es que no existe tal cosa como una tarifa animal, vegetal o mineral porque solo los seres humanos pueden hacer transacciones de estas características.
La visión que propone que un sector de la sociedad pague, por un bien cualquiera, menos que los demás a expensas de ellos esconde innumerables falacias y una indisimulable hipocresía.
La gratuidad es un gran embuste, porque invariablemente alguien siempre paga la cuenta. La discusión real pasa por establecer con claridad quién financiará finalmente ese monto. Es que si alguien paga menos es porque otro paga más. Hasta es posible que el mismo beneficiario termine sosteniendo ese cargo a través de los infaltables vericuetos estatales.
A nadie sensato se le ocurriría que el precio de un bien dependa de la situación de quien lo compra. Cuando los que más tienen pagan un valor superior al resto, se institucionalizan incentivos para preferir la miseria al progreso, denostando a quienes se esmeran por superarse.
Sin embargo, son demasiados los que validan con determinación este pérfido argumento. Ocurre muy especialmente cuando se trata de servicios públicos, como el caso de la energía eléctrica, probablemente el más emblemático y habitual de esta era.
Muchos están convencidos que hacerlo constituye un verdadero acto de justicia. Ellos sostienen que quienes disponen de escasos recursos deberían pagar un valor inferior por idéntica prestación. Suponen, ingenuamente, que se puede hacer esa excepción, sin consecuencia alguna, como si esa ayuda surgiera mágicamente de la nada o esa bendición cayera del cielo.
Si alguien sigue pagando lo mismo y a otros les incrementan sus costos, es porque los últimos abonarán un valor mayor al que corresponde, solo para solventar la subvención de aquellos que discrecionalmente resultaron agraciados.
Preocupa la inmoralidad de este retorcido principio que intenta camuflarse detrás de la sensibilidad y el altruismo. Quienes enarbolan estas banderas creen que la persona auxiliada no puede valerse por sí misma, al punto de considerar imprescindible que el "subsidiado" transite el humillante proceso de exhibir su paupérrima condición, a través del cumplimiento de determinados requisitos formales para acceder a ese privilegio.
La creatividad para denigrar a la gente parece infinita. Es que el supuesto beneficiario debe, bajo esa tesis, demostrar fehacientemente su circunstancia con certificados de pobreza, revelando que recibe programas sociales, que sus ingresos no superan cierta caprichosa cifra fijada por el burócrata de turno, que es jubilado, pensionado, desocupado o discapacitado, inclusive explicitando su actividad cotidiana como ocurre con el servicio doméstico, con la consiguiente estigmatización que eso implica.
Se trata de una canallada con mayúsculas, perpetrada por los mismos que declaman su preocupación por los que menos tienen pero que a la hora de asignar recursos menoscaban sin piedad alguna a los presuntos favorecidos.
No solo los funcionarios que diseñan la ingeniería de esta despiadada herramienta, sino también los ciudadanos que tratan de legitimar esta modalidad, no aportan su dinero para este filantrópico fin con el que ellos comulgan. Lo que hacen es lo de siempre, imponer a través de la fuerza de la ley, Estado mediante, un saqueo generalizado a todos los contribuyentes forzándolos a cumplir con sus cuestionables deseos personales.
El sistema de precios es un orientador vital para la asignación eficiente de recursos. Los subsidios e impuestos, o cualquier otro componente exógeno, solo distorsionan la matriz básica y alejan las posibilidades de alcanzar un genuino equilibrio que derive en las esperables soluciones reales.
Si el loable propósito es que todos abonen menos por cualquier servicio, primero habrá que comprender la dinámica económica. El camino es abrir el juego, garantizar el máximo de transparencia posible en los mercados y reducir las barreras de acceso para que cualquier prestador pueda hacerlo.
Cada uno, como sucede en otros ámbitos, debe consumir lo que puede y quiere en función de lo que sus ingresos le permiten, sin pretender que otros se hagan cargo de sus coyunturales necesidades. El trabajo es el medio adecuado para obtener lo necesario y disfrutar no solo de una vida digna, sino del progreso como anhelo natural de la especie humana.
Una sociedad que por un lado hace una eterna apología de la pobreza y por el otro la ofende enrostrándoselo públicamente tiene mucho que reflexionar. Premiar a los más débiles con dádivas y esquilmar a los que prosperan gracias a su esforzado trabajo obligándolos a pagar más, es una actitud ciudadana que denota una escala de valores que merece ser revisada.
En tiempos de innegable cinismo, de ambigüedades ideológicas evidentes, de discursos que se recitan en público afirmando lo que parece políticamente correcto para reservar las profundas convicciones al ámbito de la conciencia individual, demuestran que esta comunidad ha hecho méritos suficientes para padecer el fraude de la tarifa social.