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TURBINAS ARGENTINAS - ESPECIAL PARA ENFOQUES
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| Enrique Guillermo Avogadro |
| Repulsión y Solución |
- "Debería haber un día –sólo uno– en que se abra la temporada de caza de congresistas". Will Rogers
 A más de dos años de la muerte del Fiscal Alberto Nisman, de la que aún no sabemos siquiera cómo se produjo, un nuevo enigma surgió el jueves en Buenos Aires con el sospechoso deceso del financista Aldo Ducler, casualmente también a dos días de haber formulado una muy grave denuncia contra los Kirchner y su entorno.
El problema principal que afecta a nuestro país es la inexistencia de una Justicia independiente, seria, eficaz y rápida. Y lo sostengo porque no hay un potencial inversor en el mundo, sea argentino o extranjero, que esté dispuesto a traer un solo dólar a la Argentina y someter sus intereses particulares a la decisión de nuestros jueces; la mayor prueba de ello es que, en los más que escasos contratos que se han firmado, se acuerda la jurisdicción de otros países, en general Estados Unidos y Gran Bretaña, para dirimir los conflictos. ¿Se acuerda del famoso Juez Griesa?
Aquí no se ha producido una situación similar a la de Brasil, donde la Justicia, innegablemente por la extrema presión de la muchedumbres en las calles, ha vuelto a ser eficaz y recuperado un enorme crédito social, a fuerza de investigar y llevar a la cárcel a funcionarios, políticos y empresarios que aún detentan poder, y qué decir de quienes ya lo perdieron.
El asco hizo que cerrara mi nota anterior con una frase premonitoria, referida a la actuación del Consejo de la Magistratura frente al Juez Eduardo Freiler: “si lo salva, como hiciera tantas veces con Norberto Oyarbide, el organismo se habrá cubierto de oprobio una vez más, y los ciudadanos de a pie sabremos que la Argentina ya no tiene futuro alguno”.
Jorge Candis resolvió retirar su apoyo al comienzo del proceso de remoción al corrupto integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, enriquecido inexplicablemente durante muchos años y acreedor de innumerables favores hechos al kirchnerismo a través de sus sentencias. El representante de los académicos se sumó así a los siete votos seguros –sobre los dieciséis totales- con que contaba Cristina Fernández en el organismo que debiera controlar la conducta de los magistrados nacionales y sancionar o destituir a los delincuentes.
El resto de esa infame recua está encabezado por Gabriela Velázquez, una Juez laboral que, hace no mucho tiempo, fue ponderada por la ex Presidente como una de sus piezas claves en el andamiaje judicial que montara con su famosa Justicia Legítima, casi tanto como Alejandra ¡Giles! Carbó, la Procuradora General de la Nación, tan sospechada de robar y tan difícil de remover.
El fracaso del Consejo (o el triunfo de la dupla Cristina/Freiler) es, ni más ni menos, que la punta de un ovillo que confirma que aquí la ciudadanía se encuentra inerme frente a la gigantesca corrupción judicial y que todos continuaremos sometidos, en cuanto a nuestra libertad, honra y patrimonio, a las decisiones de magistrados sin escrúpulos que no nos juzgarán con arreglo a la ley sino a sus propios intereses, sean éstos políticos (sirviendo a los autores del zafarrancho saqueador y persiguiendo a quienes actúen en contra) o simplemente crematísticos, para seguir comprando mansiones, yates, caballos de carrera y autos de colección.
Todo eso seguirá sucediendo mientras no se retrotraiga la composición del Consejo a aquélla instituida en 1994 y que el kirchnerismo alterara para dar mayor participación a la política, a través de los senadores y diputados, en desmedro de los jueces y de los abogados, rompiendo el equilibrio que la Constitución procuraba. Pero para que ese cambio se produzca se requiere de una ley del Congreso, sancionada por mayorías especiales en ambas cámaras, algo imposible de obtener por la calaña de nuestros congresistas. Cambiemos se encuentra en minoría, situación que no se modificará con las elecciones de octubre, aunque el oficialismo obtuviera un resonante triunfo.
La convocatoria por parte del Poder Ejecutivo a una consulta popular, creada por el artículo 40 de la Constitución y utilizada por Raúl Alfonsín para terminar con los problemas limítrofes con Chile, no resulta aplicable en este caso, porque el Consejo de la Magistratura está expresamente excluido, como los impuestos, de los alcances de ese recurso democrático.
Una breve digresión: ése –la consulta popular- es el mecanismo que reiteradamente he propuesto al Gobierno para terminar con el tema de los militares-presos políticos. Sí, como creo, la sociedad está harta de la vocinglería y los histéricos aullidos de los pseudo organismos de derechos humanos, que sólo buscan la venganza y la destrucción final de las fuerzas armadas, Mauricio Macri obtendría el respaldo enormemente mayoritario que, según parece, le resulta necesario para enfrentarlos, a pesar de las abundantes pruebas de la comisión de innumerables delitos por parte de esas organizaciones, confesamente subversivas.
Regresando al tema de la Justicia, o de la falta de ella, creo que el tajo al nudo gordiano ante el que estamos detenidos lo debe dar toda la ciudadanía, como sucede en Brasil, gritando todos los días en las calles que estamos hartos, que no soportamos más seguir siendo esclavos –con impuestos que se han convertido en una verdadera confiscación- para que políticos ladrones y sus socios empresarios sean cada vez más ricos.
Pero en especial debemos ser nosotros, los abogados, quienes nos paremos de manos frente a los magistrados deshonestos. Cada vez que un expediente en los que intervengamos caiga en manos de un juez afectado por serias acusaciones de corrupción, debemos recusarlo invocando su falta de idoneidad moral para ejercer su cargo. Además, debemos tener el coraje de denunciar penalmente el frecuente pedido de coimas o favores. No sé cuántos de mis colegas estarán dispuestos a seguir esta sugerencia, porque es innegable que conlleva importantes riesgos personales atacar a una corporación tan fuerte y cerrada como la judicial.
Para concluir, respondo a quienes tanto lo han preguntado: el Juez Martínez di Giorgi rechazó hoy la denuncia que yo formulara contra Hebe de Bonafini, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales, H.I.J.O.S., La Cámpora, Kolina y otros por incitación a la violencia, intimidación pública, apología del crimen y atentado contra el orden constitucional por sus dichos en la Plaza de Mayo el 24 de marzo. Hizo suyo el dictamen del Fiscal, quien dijo que no existía delito porque "las expresiones sometidas a investigación se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión". ¡Verdaderamente notable!, y así nos va.
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Conciencia contra la corrupción
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La ex viceprimera ministra sueca Mona Sahlin, vio fustradas sus aspiraciones de liderar el partido Socialdemócrata de su país y suceder al primer ministro Ingvar Carlsson en 1995, por haber utilizado la tarjeta de crédito que poseen los altos cargos en Suecia, para comprar dos tabletas de chocolate Toblerone y un vestido, dilapidando 35,12 euros que pertenecían a las arcas del país escandinavo.-
El hecho generó un escándalo político y un generalizado desprecio de la población hacia la gobernante que había protagonizado un acto de corrupción que en algunos lugares podría haber sido considerado insignificante, pero allí revistió una gravedad suprema.
Los suecos jamás han estado dispuestos a que sus gobernantes abusen del dinero que ellos aportan. Ni siquiera tolera que lleven una vida de lujos.
Es una conciencia colectiva bien arraigada y un reflejo cultural mediante el cual opera la oposición de intereses. La población se resiste a que el dinero que paga en sus impuestos ya sea como contribuyente o consumidor al estar incluido en los precios (como el IVA) o en la tarifas, sea dilapidado por las autoridades utilizándolo con fines personales o irresponsablemente. Y eso no sólo porque afecta el peso tributario que experimentan los asalariados o los pasivos injustamente, sino porque los recursos no se destinan a los verdaderos fines que tiene el Estado como invertir en nuevas escuelas, hospitales, carreteras, cárceles y en nuestro caso para mejorar el funcionamiento de las empresas públicas.
La condena social a eso desvíos es lo que más afecta a los gobernantes. Por eso lo más importante es la toma de conciencia colectiva de la gravedad de esas cosas.
En nuestro país a menudo los hechos de corrupción han sido denunciados por la prensa y la mayoría de los casos, hasta ahora, han sido utilizados con fines políticos para desprestigiar a tal dirigente o a tal partido. Y muchas veces, por la misma falta de garantías del sistema, han ocurrido ataques injustos a funcionarios que actuaron decentemente que han sido utilizados como extorsión, mientras se ocultaron prolijamente situaciones mucho más claras y sospechosas,.
Es que hay vacíos legales evidentes para combatir a la corrupción. Se ha sido laxo en la legislación y poco riguroso en el ataque a este flagelo que tanto daña no solamente a las arcas públicas sino a la moral colectiva.
El único instrumento que tiene la Justicia hoy, es el abuso innominado de funciones, sumamente criticado por los penalistas porque deja demasiada discrecionalidad a los jueces que no están obligados a recoger pruebas. Y ahora se quiere eliminar, en una iniciativa ignominiosa, que ya obtuvo media sanción en el Senado con la mayoría frenteamplista aunque muchos dudan que pueda ratificarse en Diputados
De todos modos es el momento de tomar conciencia colectiva de la necesidad de que mediante iniciativa popular se apruebe, por la vía de un referéndum, una Ley Anticorrupción, que tipifique los delitos, que agregue instrumentos como el enriquecimiento ilícito y aumente las penas.
Aquí en nuestra columna de Facebook, hemos lanzado el guante días pasados, esperando ver qué pasaba con la dirigencia política.
Afortunadamente, el diputado Tabaré Viera, durante su discurso realizado en el magnífico acto de ayer donde celebró el segundo año de creación de su grupo Espacio Abierto, lo recogió, e hizo suya la idea de juntar firmas con ese propósito.
Y agregó cosas muy interesantes que abonan el objetivo de lograr una toma de conciencia colectiva. Anunció que propondrá la creación de una comisión especial en el parlamento para que analice una por una las observaciones de legalidad que el Tribunal de Cuentas efectúa a los ordenadores de gastos de los organismos públicos, para determinar sus responsabilidades. Increíblemente, el estado uruguayo tiene una organización destinada a efectuar ese tipo de controles, pero sus dictámenes no tienen otro efecto que ser enviados al Parlamento donde no son ni siquiera mirados y duermen el sueño de los justos.
También propuso eliminar la partida que por diarios reciben los legisladores, en el entendido que ya es obsoleta su utilidad pues casi nadie compra periódicos y casi todos son leídos por vías digitales o colecciones de uso colectivo. “El ejemplo debe empezar por casa” dijo el dirigente colorado.
Son pasos en la dirección correcta. Ojalá otros sectores del Partido Colorado, así como el Partido Nacional y el Partido Independiente, contribuyan a crear conciencia colectiva de la situación y que termine siendo la población la que condene duramente estos actos, además de formalizar una legislación adecuada y actualizada. De hecho Pedro Bordaberry, días pasado anunció que juntaría firmas para evitar la derogación del abuso innominado de funciones. Con más razón, seguramente estará dispuesto a acompañar esta propuesta que es aún más ambiciosa y va en línea con algunos proyectos que él mismo ha presentado en el Senado
Estoy seguro que la mayoría de los votantes del Frente Amplio coinciden con este criterio. Pero desgraciadamente en su dirigencia predomina hoy la tesis de Constanza Moreira de que un partido político debe defender a sus integrantes por el solo hecho de ser compañeros, y su Mesa Política ha cometido errores de ocultamiento o proteger a los corruptos que contribuyen a desorientar a la ciudadanía.
En todo caso debería ser al revés: porque es compañero, tiene la obligación de actuar decentemente, y si no lo hace está perjudicando a la colectividad a la que pertenece en primer lugar, que debería ser la que tomara iniciativa para castigarlo.
Llegó el momento de que la corrupción no siga siendo utilizada como un arma política en favor o en contra de determinado sector, sino que recoja la condena social colectiva. Sea quien sea y caiga quien caiga.
Es la forma genuina de resolver el problema.
Ricardo Juan Lombardo
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La gallina agoniza
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Algo huele mal en el vecindario. Es imposible no advertir que el descontento aumenta; que las voces proclaman su desaliento a través de las imparables redes sociales, y que la paciencia ciudadana se va agotando. Los jubilados están acorralados; la canasta familiar sigue subiendo a niveles alcanzables solo por minorías, y los desocupados aumentan exponencialmente. Para la mayoría, llegar a fin de mes es una hazaña, comprar medicinas un lujo y transitar por las calles, una aventura incierta. La educación inhibe cada vez más las posibilidades de ascenso de los jóvenes de clase baja y la justicia es como Penélope, teje y desteje, pero jamás remata.
Seguimos de ajuste en ajuste y la clase política no logra establecer empatía con los vecinos, salvo algunas excepciones en las que el discurso político corre similar a la acción. Los ciudadanos estamos hartos de funcionarios que nos obligan a apretarnos el cinturón, siempre luciendo elegantes cintos Armani, viajan todos los meses a Miami y viven en barrios cerrados. Hoy el peligro para la democracia está en esa vergonzosa pérdida de empatía entre gobernantes y gobernados, fundamental para la sinergia del poder y sus bases. Si los funcionarios fuesen empáticos sentiríamos que nuestros dineros están siendo bien cuidados y nuestros destinos, valorados. Lamentablemente la empatía no es el fuerte de los políticos de la región, y en Uruguay los gobernantes siguen cobrando sueldos que acompañan la inflación maravillosamente, gastando en viajes a granel, autos oficiales y partidas para prensa escrita, que jamás usan.
En esta pequeña aldea en la cual todos nos conocemos, estamos agotados de ver cómo algunos funcionarios pasan del auto chino al AUDI en menos de un año, mientras siguen apretando nuestros bolsillos. Acá los “genios” sostienen una lucha de clases repugnante, que en nada se emparenta con Carlos Marx. La lucha es a muerte y tiene de un lado a Astori y sus vampiros, y del otro a los ciudadanos sin privilegios, cada día más anémicos. Otro tanto ocurre en la Argentina, en donde nunca se logra un consenso en el Congreso nacional, las bancadas del PRO, el FPV, ARI-CC, UCR, y el Peronismo para la Victoria firmaron un petitorio dirigido al presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, para aumentar sus gastos de representación y viajes.
Los nuevos gurúes de la política están matando su gallina de los huevos de oro sin advertir que solo necesitan copiar, porque está todo inventado. Fueron incapaces de imitar lo hecho por los líderes en la Europa de la post guerra, en donde el ciudadano se ajustó gustoso ante gobernantes que suprimieron autos oficiales, calefacción y refrigeración en edificios públicos, partidas de prensa y secretarios innecesarios, etc,etc,etc. Hay mil ejemplos como este que ahorrarían fortunas a la comarca y sin duda, alzarían una simpatía general para con el gobernante que ajusta su cinturón, antes que el de su pueblo.
Sin embargo, la ambición ha superado la inteligencia de quienes nos conducen rumbo al iceberg, y lenta, pero sostenidamente van ahogando la gallina que los mantiene vivos.
Mercedes Vigil
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| El 'Titanic' |
Por Juan José Millas, periodista y escritor español. Se afianza el «Sálvese quien pueda» como forma de vida. Muchos de los condenados o investigados por corrupción fueron el producto del «Sálvese quien pueda». El producto y el origen. Pregonaron esa filosofía de la vida de la que luego fueron víctimas. De ahí que hayan acabado en las mismas cárceles cuyas primeras piedras colocaron con sus manos. Gritaron «Muera el Estado» y se entregaron a la rapiña.
La gente honrada, en cambio, se puso a la cola (a la del paro, a la del ministerio de Trabajo, a la del subsidio) sin percatarse de que los ministerios y las direcciones generales eran meras conchas vacías. El caracol se había largado con la nómina del mes. Algunos, ingenuamente, todavía siguen a la cola porque por la tele sale un señor que asegura ser el presidente del Gobierno.
Pero el presidente del Gobierno es el principal valedor del «Sálvese quien pueda». De hecho, para que le aprobaran los presupuestos, ha llevado a cabo una subasta vergonzosa. Estamos ante un panorama de codazos, empujones y avalanchas en las que caeremos como moscas. La actitud más decente, cuando uno escucha ese grito, es ponerse a tocar el violín, como hicieron los músicos del 'Titanic'.
Pero hay que tener mucha sangre fría para tocar el violín en medio del pánico, que es donde nos hallamos ahora, buscando el modo de salir adelante de forma individual porque han desaparecido las soluciones colectivas. «Sea usted emprendedor», nos aconsejan.
El emprendimiento, cuando se da en cantidades patológicas, constituye una forma de salvación individual. No hay espacio para tantos emprendedores, de ahí los codazos, los empujones y las avalanchas mortales ante las puertas de emergencia.
Se pregunta uno si el sentido de la vida debe ser una conquista de orden personal o si el Estado tiene algo que ver en ella. Hay países en los que la felicidad de sus habitantes forma parte del PIB. Y forma parte del PIB porque la suma de las felicidades individuales da lugar a un espacio público amable, en el que nadie arranca un ojo a otro para tener dos. Significa que es preciso hallar un equilibrio entre lo que pone uno y lo que pone el Estado. Cuando el Estado no pone nada, aparece el «Sálvese quien pueda». |
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