Si hay algo que hay que reconocerle al progre  populismo vernáculo, es la constancia  y la tenacidad con que persiguen sus fines. Nunca se dan por vencidos y, por supuesto, nunca cumplen con su palabra, así que cuando por razones tácticas aflojan en algo, es sólo cuestión de tiempo el que vuelvan a la carga. Y si es necesario pasar por arriba de la Constitución, las leyes o las decisiones del Cuerpo Electoral en plebiscitos y referéndums, no dudan un instante en hacerlo.
Una de las frases preferidas de Lucía Topolonsky, cuando se le pregunta por alguna iniciativa inconstitucional o ilegal que se les complica es: “estamos buscando un artilugio jurídico”. La pobre señora no entiende que es una confesión de que van a cometer “in fraudem legis” , o sea fraude a la ley, algo inaceptable en un estado de derecho.
El año pasado intentaron incluir en la Rendición de Cuentas, un nuevo impuesto a las pasividades del personal de las FFAA en situación de retiro. Como era flagrantemente inconstitucional, eligieron hacerlo por cuerda separada (también inconstitucionalmente) a través del envió al Parlamento de un proyecto de ley en tal sentido (documento CM 401).
Dicho proyecto no prosperó y fue dejado para otra ocasión más oportuna.
En aquél momento recomendamos una serie de acciones jurídicas, a fin de frenar ese intento de gravar casi en un 50% los retiros militares (el IASS de 24%, más casi otro tanto del nuevo impuesto), que además de violar todo el espectro jurídico, es un despojo totalmente abusivo e injusto.
Resignamos nuestras intenciones, en aras de no entorpecer las acciones de una comisión coordinadora, que - haciendo sus mejores esfuerzos - estaba dialogando con las autoridades, aparentemente con un buen grado de aceptación.
Dijimos entonces que esas acciones las dejaríamos en stand by y que, por supuesto, deseábamos que el diálogo entablado llegara a buen puerto, pero que de lo contrario era nuestro deber recorrer los caminos que la Constitución y las leyes nos habilitan, para hacer valer nuestros derechos.
 El Contador Astori nunca cejó en su propósito y pese a que había sectores del FA que se oponían a la iniciativa, finalmente logró su objetivo, el que se concretó con el envío al Parlamento, por parte del PE de un nuevo  mensaje (documento CM 492) del 29 de mayo pasado, que tenía por único fin actualizar el original, con un par de modificaciones: La fecha de inicio, que en el mismo era el 1º de enero de 2017, y la duración de la vigencia de la ley, de 18 meses.
No me voy a extender sobre los aspectos que hacen absolutamente inconstitucional el nuevo gravamen, ya que hemos escrito al respecto varias notas y otros también se han encargado, a través de los medios, de difundir esos fundamentos.
Lo que sí quiero compartir es el plan de acción que debería seguirse, para hacer valer los derechos del personal de las FFAA en situación de retiro y que sería algo como lo que sigue.
1.- El primer paso, a dar lo antes posible, es una acción de inconstitucionalidad contra el IASS que pagan los pasivos de las FFAA.
  Como hemos también escrito, el IASS viola el art. 67 de la Carta, no sólo respecto a los retirados de las FFAA, sino a los beneficiarios de las otras cajas paraestatales, como la Bancaria, la Profesional, la Notarial, la Policial, etc. Esto se debe a que el producto de dicho impuesto debería haber sido vertido a cada una de esas instituciones y no al BPS. Está claro que esa arbitrariedad, a la vez de deteriorar la situación financiera de las citadas instituciones, le dio al BPS una imagen de buena administración, en base a una transferencia de recursos de  los pasivos de aquellas, en beneficio de los de ésta.
2.- Dentro de los 10 días de promulgada la ley, por la vía administrativa, presentar recursos de revocación por violación al art. 8 del código tributario.
   Esto se debe a que la referida norma establece que las leyes tributarias se aplicarán sobre los hechos generadores ocurridos durante su vigencia y es evidente que para los que ya se encuentran jubilados, el hecho generador es anterior a la vigencia de la ley. Al ser un recurso administrativo, se bebe presentar dentro de los 10 días de ocurrido el hecho.
3.- Un vez promulgada la ley – Acciones de inconstitucionalidad.
   Eso es de orden, accionar ante la SCJ por la doble imposición y el carácter confiscatorio del nuevo impuesto.  
4.- Un vez promulgada la ley – peticiones por el Literal V**
   El Literal V** de las Disposiciones Transitorias Y Especiales de la Constitución – que es la única norma en toda la Carta, que declara, a texto expreso, la inconstitucionalidad de un acto determinado - establece que: “Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 216 y 256 y siguientes de la Constitución de la República , declárase la inconstitucionalidad de toda modificación de seguridad social, seguros sociales, o previsión social (artículo 67) que se contenga en leyes presupuestales o de rendición de cuentas, a partir del 1º de octubre de 1992.  “La Suprema Corte de Justicia, de oficio, o a petición de cualquier habitante de la República , emitirá pronunciamiento sin más trámite, indicando las normas a las que debe aplicarse esta declaración, lo que comunicará al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Dichas normas dejarán de producir efecto para todos los casos, y con retroactividad a su vigencia.”.  
Como las leyes tributarias, son leyes presupuestales (arts. 214 y 85, numeral 4to de la Carta y Art. 10 del Código Tributario) y no puede haber duda que la ley en cuestión modificaría las  prestaciones previstas en el art. 67 de la misma, si la SCJ no actúa de oficio, se deberá hacer la petición que el citado Literal V** establece.
5.- Paralelamente impulsar una reforma constitucional para establecer a texto expreso la prohibición de gravar las pasividades
La misma no sólo debe referirse a los pasivos, modificando, incluso, los topes del haber básico de retiro, a no menos del 70% de los últimos 5 años, sino a los activos, incluyendo el mínimo imponible, el que deberá ser no inferior a unas 20 BPC, o sea el equivalente a una canasta básica, ya que quién gana menos de eso, no genera un peso de renta.   
Cuando en su momento planteamos estas líneas de acción, nos abocamos a la redacción del escrito de una acción de inconstitucionalidad contra el IASS, en cuanto a su aplicación al personal de las FFAA en situación de retiro. Para redactar ese documento contamos con el asesoramiento de profesionales de primer nivel en derecho laboral y jubilatorio y, de  no mediar un cambio radical en la postura del gobierno respecto al proyecto ya enviado al Parlamento, vamos a accionar como corresponde.
Por supuesto  que – como siempre – estamos a las órdenes por cualquier consulta.

Cuando escuchamos al Ministro Bonomi  presentando sus estadísticas sobre el delito y sus insólitos números en baja, nos parece estar viendo una película de Disney. Quienes vemos lo que sucede todos los días, sabemos que la realidad es otra. A tal punto ha llegado la permisividad hacia los malandras, que hasta los integrantres del Poder Judicial, han sido amenazados de muerte. Por un lado lo veo positivo, pues de esa manera van a sentir lo que el resto de la sociedad está soportado todos los días. En forma reiterada escuchamos la actitud permisiva que muchos jueces aplican con los malandras,  a tal punto que parece que actúan en convivencia con el abogado defensor. Eso sí no aplican el mismo criterio cuando un ciudadano es agredido y  este aplica la defensa propia y resulta muerto el agresor. Ahí le buscan los puntos y las comas del código para condenarlo y enviarlo a la cárcel.
Parecería que estos jueces aplican el criterio de algunos integrantes del gobierno, que consideran a los malandras como víctimas y no como victimarios. Para ellos la culpa es de la sociedad que los segregó y por eso tomaron ese camino. Teorías estúpidas que no tienen ningún sustento, como asimismo afirman que la situación de miseria genera esto. Pero entonces se contradicen, pues la miseria disminuyó, sin embargo la delincuencia sigue aumentando y cada vez tenemos más gente en las cárceles. Esto sin tener en cuenta lo que dice el fiscal Gustavo Zubía, que sólo el 5% de los delincuentes detenidos, son procesados, el resto por distintos vericuetos legales, que los abogados defensores conocen y por lo cual reciben buena paga en base a los robos cometidos y sino que alguien explique dónde va a parar todo lo que se roba,  en la mayoría de los casos lo que se roba es dinero y en grandes cantidades.
Los disparates en los dictámenes judiciales, los vemos todos los días. En caso del detenido por el ataque el abogado Gustavo Bordes, se informaba que éste había sido procesado en mayo del 2001 por rapiña y por el mismo delito en octubre del 2001. Uno se pregunta: entre el primero y el segundo delito,  estuvo detenido sólo cinco meses? El jueves de madrugada en los accesos de Montevideo nuevamente se produjo un ataque con piedras contra ómnibus por lo cual dos personas resultaron lesionadas. A pesar de las cámaras de vigilancia, eso sigue pasando y muchos se preguntan porqué. La respuesta es muy sencilla, son menores y a pesar que la policía los detiene, el  juez no tiene mejor decisión que entregárselo a los padres, por lo cual el problema sigue y se ríen de las cámaras. Mi deseo es que estos jueces uno día tengan que pasar con su familia por ese lugar y tengan que soportar esa situación, veremos cómo reaccionan. Mientras tanto que la sociedad se joda. Esto se soluciona tomando la actitud de aplicar tolerancia cero con estos atorrantes que ven que robar rinde mucho más que trabajar honestamente , pues las posibilidades de ir preso son muy bajas. Además el ejemplo lo tienen con muchos integrantes del gobierno, que a pesar de haber cometido infinidad de delitos (robos, secuestros, asesinatos), nunca fueron condenados.
Como este es un gobierno permisivo, las cosas van seguir empeorando. Aún quedan dos años y medio para sufrir. Festejen uruguayos, festejen que los malandras son protegidos.