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| CORRESPONDENCIA |
Muchas gracias, Ricardo
No fue gratuita mi advertencia acerca de la altísima probabilidad de que no sólo se repita sino que se incremente la violencia en sucesivos miércoles, cuando los jubilados vuelvan a marchar en reclamo por sus más que magros haberes, puesto que la gimnasia de combate urbano irá perfeccionando – en el mal sentido – su accionar y servirá para dar argumentos, siempre falsos, a quienes buscan desde el principio el fracaso y la pronta destitución del Presidente.
Si ello ocurre, como es de prever, resultará necesario incrementar la defensa del orden constitucional, con el Estado reivindicando el monopolio del uso de la fuerza.
Por ello, vuelvo a insistir en la urgente necesidad de que Milei termine, haciendo justo uso de sus facultades presidenciales, con la persecución a los militares que el pero-kirchnerismo habilitó a la izquierda para recibir, en cambio, protección para su desmedido saqueo, puesto que el espectáculo que brinda aún hoy, cuando han transcurrido cinco décadas, de la persecución – y muerte en las mazmorras - a sus antiguos camaradas por haber cumplido a rajatabla las instrucciones que emanaban de un gobierno legítimo, seguramente no templará el ánimo de quienes hoy sean llamados a obedecer.
Cientos de miembros del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de la Policía Federal, de las policías provinciales, del Servicio Penitenciario, de la Gendarmería, de la Prefectura Naval, civiles y hasta sacerdotes, que cincuenta años atrás eran jóvenes y, como tales, incapaces funcionalmente de impartir órdenes, hoy – ya ancianos y enfermos – se pudren en las cárceles de todo el país, mientras fiscales y jueces militantes – verdaderos asesinos togados – continúan iniciando y substanciando procesos stalinistas, plagados de pruebas y testigos falsos, cuyas sentencias estaban (y están) escritas de antemano por los organismos de tuertos derechos humanos, que luego sirven para obtener enormes indemnizaciones – superan ya los US$ 3.500 millones – a los mismos terroristas de entonces.
En el orden internacional, Donald Trump sigue desconcertando a propios y ajenos. Los – por ahora infructuosos – coqueteos con Vladimir Putin para que firme la paz con una Ucrania que ya ha aceptado, sus constantes diatribas contra Canadá (a quien pretende anexar), a Dinamarca (para comprarle o amputarle Groenlandia), a México (por la inmigración y el fentanilo) y a Europa en general por la OTAN, no permiten una explicación racional acerca del rumbo que pretende imponer a la posición geopolítica de Washington ni a su propia economía, que seguramente sufrirá con sus aranceles a los productos importados.
Si le sumamos los aprietes financieros y policiales que ejerce sobre las universidades públicas y privadas más renombradas para condicionar la admisión de estudiantes y la libertad de cátedra, resulta evidente que ha llegado al poder con ánimo de socavar los cimientos más firmes de la que, hasta hace nada, fue la democracia más antigua del mundo.
Por su parte, el criminal autócrata del Kremlin insiste en su hipocresía al rechazar la propuesta de instalar fuerzas de paz internacionales en las fronteras que sean diseñadas después de la guerra, mientras utiliza soldados norcoreanos como carne de cañón en su ofensiva contra Ucrania.
Tampoco está clara qué actitud adoptará, en definitiva, Xi Jinping frente a los Estados Unidos, en especial después de haber dicho, en el reciente Congreso Anual del Partido Comunista Chino, que su país está listo para entrar en guerra, sea ésta comercial o bélica.
Siria ha entrado nuevamente en ebullición, con miles de muertos, y el gobierno que surgió de las milicias que expulsaron a Bashad Al-Assar, y el peligro latente derivado del progreso del programa nuclear de Irán no permiten vislumbrar alguna posibilidad de paz en Medio Oriente, sobre todo porque Hamás, aunque muy golpeado, sigue desafiando al mundo con la bastarda manipulación de la reticente liberación de los rehenes israelíes que mantiene en su poder.
En resumen, aquí y en todo el planeta, seguimos viviendo en una época difusa, en la que resulta imposible imaginar el futuro inmediato, con toda la carga emocional que, a nivel individual, esa situación conlleva.
Hasta el sábado, si nos dejan.
Un abrazo grande,
Enrique
(Guillermo Avogadro)
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Columna de Ricardo Garzón
SE DICE |
 Que el Uruguay libertario, desde tiempo inmemorial, desde el principio de la historia, es el país del amiguismo, de los contactos y de los favores; ser un país chico lo facilita aún más porque todos nos conocemos.
Que por esa razón, al saber que un funcionario público le hizo una gauchada a un amigo nos encojemos de hombros. Cuesta entender que detrás de esa lógica de las gauchadas puede haber corrupción, y que los vivos de siempre, los que están al golpe del balde, chochos de la vida se aprovechan de la situación.
Que el caso Besozzi ocupa la agenda política desde su detención, y generó distintas reacciones en el sistema político; los blancos buscan llevar la discusión al terreno político, apuntan contra la Fiscalía, mientras que el Frente Amplio los acusa de presionar a la Justicia.
Que el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad y vicepresidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Ricardo Perciballe, consultado sobre los señalamientos a las medidas aplicadas a Besozzi que podrían ser en detrimento de su imagen pública, afirmó que la imagen pública del exintendente “queda dañada cuando hay 30 imputados en la intendencia, cuando hay un caso de corrupción importante de esta naturaleza, no por lo que actuó la fiscal”.
Que concluyó señalando: “nadie viene a cuestionar cuando se detiene a una persona que cometió un hurto, una violación, una rapiña. Ahora, cuando se detiene a un político, sí, se cuestiona”.
Que el Frente Amplio parece haber quedado en una posición inmejorable para competir por la Intendencia de Soriano. Pese a ser un departamento esquivo para la izquierda, se impuso en las elecciones nacionales de octubre. Y en la segunda vuelta, si bien fue derrotado, estuvo a menos de 1.800 votos de ganarle a toda la coalición sumada.
Que el directorio blanco mantendrá la candidatura de Besozzi a la Intendencia de Soriano; la fiscal del caso dijo que “los políticos pierden la conciencia de hasta dónde se puede ser generoso con los dineros de la gente”.
Que el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT), un ente autónomo vinculado al Ministerio de Transportes de Brasil, otorgó la licencia ambiental previa para la construcción de un nuevo puente de doble ruta que unirá Río Branco con Yaguarón y que complementará el puente existente, Barón de Mauá.
Que la construcción de un segundo puente sobre el Yaguarón fue un proyecto que se acordó en el año 2007 que no llegó a concretarse. En 2023 fue nuevamente impulsado por los presidentes Luis Lacalle Pou y Luiz Inácio (Lula) da Silva.
Que el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva calificó como “atrevida” y “antiblanca” a la fiscal de Soriano, Stella Alciaturi, que en los últimos días pidió la imputación al exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi por siete delitos de corrupción.
Que las nuevas autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuestionaron la normativa vigente sobre las ocupaciones de trabajadores en empresas -públicas y privadas- y consideran que es necesario modificarla.
Que el cambio proyectado apunta a permitir que se desarrolle la ocupación por parte de un sindicato, siempre y cuando se esté permitiendo el ingreso de los empresarios y de los trabajadores no huelguistas a las instalaciones, y que se esté realizando de forma pacífica.
(¡Arroz con leche, me quiero casar...!)
Que en tiempos de anacronismo patológico donde el militarismo y el proteccionismo comercial vuelven a ser moneda corriente en las noticias globales, insistir en la necesidad de una inserción internacional inteligente de nuestro país es clave.
Que la vuelta al proteccionismo comercial desnuda las dificultades de Estados Unidos para competir en un mundo que ha migrado notablemente en su enfoque industrial en la era de lo intangible y la inteligencia artificial.
Que Santiago Pereira Campos, abogado experto en derecho procesal, señala que Uruguay es el país “más atrasado” de la región en incorporar tecnología; cuestiona la falta de acuerdos para designar al fiscal de Corte y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y afirma que “los problemas del sistema de Justicia son ajenos al sistema político hasta que aparezca una persona del sistema político enjuiciada.
Que pese a la polémica desatada en los Estados Unidos por la deportación a El Salvador de más de 260 venezolanos, muchos de ellos señalados como miembros del Tren de Aragua, el gobierno de Trump justificó la decisión desempolvando una ley que tiene más de 200 años, la que le otorga poderes extraordinarios al presidente.
Que en la repartija de cargos que se avecina dentro de la Coalición Multicolor, el caso de Valeria Ripoll es como el cuento La Cenicienta: “terminó el ciclo electoral, son las 12.00, y de vuelta, calabaza". El dirigente que la instó la azuza: "arrancá como todos nosotros” (en referencia a que el hada madrina transforma, entre otras cosas, una calabaza en espléndida carroza).
Que la comisión preinvestigadora que estudió la posibilidad de crear una investigadora “para analizar en profundidad la gestión de la pandemia de covid-19 en Uruguay” definió este jueves –por mayoría– que no hay argumentos para avanzar hacia esa instancia. Esa postura, que asumieron el Partido Nacional (PN) y el Frente Amplio (FA), echó por tierra la propuesta que impulsó Identidad Soberana (IS) por intermedio de su representante, Nicole Salle.
Que el diputado Federico Preve indicó que “no hay pertinencia de argumentos ni científicos ni jurídicos que avalen la creación de la investigadora”. "Las vacunas protegieron la vida. Y dicen [desde Identidad Soberana] que esto es un invento internacional. El covid existe, el covid fue una pandemia, falleció gente por covid, hay mucha gente que tiene secuelas, y las vacunas se estudiaron, tienen eficacia y salvan vidas". |
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| Una vez más, laicidad republicana |
Por Julio María Sanguinetti.- En nuestra República “todos los cultos religiosos son libres” y “el Estado no sostiene religión alguna” (art.5 de la Constitución). Sucesivas leyes han establecido la obligatoriedad de la educación que comenzó para los niños de más de 6 años y hoy es para los de más de 4. La ley establece, además, que en la educación pública “se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional de saberes y creencias” (art. 17, Ley General de Educación).
Toda esta recordación legal es porque en estos días tenemos diversos episodios, todos importantes, en que de un modo u otro están en juego esos principios cardinales. La escuela “laica, gratuita y obligatoria” es una suerte de emblema nacional tanto como que “las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados” (art. 10, Constitución de la República).
Empecemos por la participación oficial del Presidente de la República en un acto religioso de bendición y augurio al gobierno. Como ciudadano puede ir a donde quiera. Como Presidente de la República no debe participar de una ceremonia religiosa que involucra al gobierno. Ya el tema se cuestionó en el período pasado con el Dr. Lacalle Pou y algo parecido también cuando el General Manini, entonces Comandante en Jefe del Ejército, asistió uniformado a una misa de bendición al Ejército, ocasión en que personalmente cuestionamos su presencia en un artículo. Desde que el Estado no “sostiene” religión alguna, los mandatarios deben abstenerse de participar en eventos religiosos que implican naturalmente el “sostén” o la preferencia de ciertas creencias y, como consecuencia, en desmedro de otras.
Mantener separada la órbita civil del Estado de toda religión ha sido la base fundamental del abierto espíritu de tolerancia que le ha permitido distinguirse al Uruguay como democracia. Naturalmente, en su tiempo esto fue una pugna entre liberales y católicos, porque era ésta la religión dominante en el país, reconocida oficialmente por la Constitución. Luego de un largo proceso, desde 1917 se separaron los espacios públicos y privados y esto ha sido bueno para todos, con una Iglesia libre en un país libre, como dice la vieja frase.
No es un “sarampión antirreligioso” como dice el General Manini. Personalmente no me duelen prendas, al punto que propicié la permanencia de la Cruz que en Tres Cruces (valga la redundancia) conmemora el hecho histórico de la primera visita de un Papa al Uruguay, Jefe de Estado del Vaticano, además de líder espiritual de la región mayoritaria en el país. No se erigía un lugar de culto en un lugar público sino que se dejaba la traza de un hecho histórico.
El martes pasado, la Universidad Católica celebró sus 40 años de vida e inauguró un local moderno enfrente del tradicional en la Avenida 8 de Octubre. En el nacimiento de esa institución tuvimos participación activa, porque habilitada por un decreto de la dictadura, al estrenarse la democracia se levantaron voces impugnando su existencia. Se consideraba que la UdelaR era un monopolio constitucional, que en cualquier caso la autorización debía ser por ley, etcétera, etcétera… No faltaban razones pero pensamos entonces que era fundamental para el país abrir ese camino aun cuando fuera una institución católica, como tantas otras escuelas y liceos de larga tradición. Como es natural, en el Batllismo hubo voces críticas pero una vez más sostuvimos que laicidad no era antireligiosidad y que cualquier institución que preservara los valores básicos de la ciudadanía republicana estaba amparada por la libertad de educación. Más tarde, en nuestra segunda presidencia, un decreto regulador permitió el reconocimiento de los títulos de la ORT, de la Universidad de Montevideo y de la Universidad de la Empresa. Ha sido un cambio estructural fundamental, que al amparo de la laicidad republicana ha generado fecundos espacios de tolerancia.
Otro episodio que afecta el principio de laicidad ha sido estos días una sentencia judicial que estableció el derecho de la comunidad menonita a no enviar sus hijos a ninguna escuela habilitada, formándose a distancia con una institución propia. La Jueza actuante entendió que la LUC eliminó el requisito obligatorio de la inscripción, lo que malinterpreta la norma que hasta el cansancio se aclaró que no derogaba la obligatoriedad. Todo nuestro sistema está construido para educar, formando ciudadanos como decía José Pedro Varela. Los colegios privados ofrecen la programación oficial y luego cada uno añade lo que su peculiaridad le genera (en religión, deportes o lo que sea). Reconocer una educación que no les contará ni cómo nació el Uruguay a la vida independiente rechina con esa integración a una República donde los deberes ciudadanos empiezan en el voto, que es obligatorio. El tema probablemente siga discutiéndose en el plano judicial, pero es también importante como precedente.
Aledaño a este asunto está el tema de las asignaciones familiares, sobre el que hemos escrito afirmando que es una obligación no solo legal sino moral asociarlas al envío de los hijos a la escuela, como se hace desde hace más de ochenta años. Las asignaciones no son salarios sino estímulos o contribuciones del Estado para ayudar al cumplimiento de la obligatoriedad de la educación. Los padres o representantes legales administran un dinero de los niños. Dárselo aun cuando no los envían a la escuela es una inmoralidad. La enseñanza es gratuita y esos pesitos están para ayudar en lo que falta. No hay excusa.
Como se advierte, la vida diaria nos lleva a debates en que entran en juego principios esenciales de nuestra democracia. Los relativos a la laicidad, por ejemplo, son muy propios del país y han sido fundamentales para la convivencia social. No siempre se entiende que cuidar de esas grandes normas inspiradoras es un modo de preservar la institucionalidad y la tolerancia que con tanto orgullo exhibimos ante una América Latina en que solo se habla de grietas y enfrentamientos. |
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