Edición Nro. 2221 - Punta del Este / Uruguay
enfoques 30 de julio de 2021
 
 
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Rafael Rubio
¿Se cree en la ciencia?
  • "No se puede sanar al mundo sin sanarse primero a sí mismo”. 
    Elisabeth Kübler-Ross

La adhesión que suscitó el “Grupo Asesor Científico Honorario” (G.A.C.H.), supone que una gran parte de la población vea a la ciencia con buenos ojos y reafirme su creencia en ella. Por otra parte, la exitosa campaña de vacunación y los logros que se dan a consecuencia de la misma son evidentes. No obstante, para algunos  el tema de la fiabilidad de la ciencia está en duda. Los negacionistas de las vacunas han arremetido contra ellas.
Una falsa idea de democracia ha provocado un igualitarismo de las opiniones. Se extiende la absurda idea de que todas las opiniones son respetables. No es así.  Lo que es respetable es el derecho de una persona a expresar su opinión, pero ésta puede ser falsa, estúpida, ofensiva, criminal, y en estos casos las opiniones no son respetables.  Deben estar sometidas a los criterios de respetabilidad adecuados. La opinión de que dos más dos son ocho no es respetable porque no se somete a los criterios matemáticos. Creo que el público, en general, debe conocer lo que da fiabilidad científica a una afirmación o a una teoría, para evitar dejarse llevar por supersticiones.
Desde el punto de vista teórico el asunto está claro. Una opinión, una hipótesis o una conjetura no adquieren el rango de ciencia mientras no se someten a un proceso de verificación y han resistido   todos los intentos de demostrar su falsedad. Más complicado es el problema práctico. ¿Quién se encarga de comprobar si cumple los criterios científicos?
El “sistema de la ciencia” ha establecido procedimientos para revisar y evaluar las teorías. En la actualidad suelen hacerlo revistas científicas de referencia, que han implantado el sistema de revisión por expertos (peer review o referee system). Una vez publicado sigue sometida a escrutinio universal, de modo que en cualquier momento un científico puede aportar algún hecho o algún argumento que refute la teoría. La ciencia está siempre en proceso de corroboración.
Como información se transcribe,  a riesgo de resultar tedioso,  las indicaciones que suelen dar los editores de revistas científicas a las personas que revisan los artículos:
“Estamos particularmente interesados en conocer su opinión sobre:
1.    La calidad y el rigor de los argumentos presentados
2.    La validez de los datos presentados
3.    La oportunidad y relevancia del artículo para la discusión de    problemas en su área de investigación.
4.    Si usted aconsejaría:
1.    Rechazarlo
2.    Publicarlo sin revisión
3.    Publicarlo solo después de revisiones mayores (por favor, especificarlas)
4.  Publicarlas después de pequeñas revisiones estilísticas o textuales (por favor, precisarlas).
Esta es la práctica existente para las conocidas como ciencias “duras” (física, química, bioquímica, biología, medicina, neurociencia, etc., etc.), lo que brinda certeza y confianza.
Para las ciencias “blandas” (ciencias sociales, sociología, historia, derecho, economía, política, etc.,  etc.),  la cosa es más complicada, tales prácticas no ocurren y por tanto la información posee tintes más subjetivos.   Por Internet circulan todo tipo de informaciones no verificadas, que no son fiables, aunque tengan una amplia difusión. Un caso especial es la Wikipedia, uno de los proyectos más interesantes para aprovechar el conocimiento colectivo. Se trata de una enciclopedia que se va creando y corrigiendo espontáneamente, por la propia actividad de los lectores. Cualquier lector puede cambiar la información lo que en principio podría hacer pensar que las falsedades acabarían imponiéndose. Sin embargo, su fiabilidad ha sido elevada porque los mismos lectores corrigen los errores, de modo que duran muy poco en la red.
El proceso de creación de la “opinión pública” debería ser parecido. El contraste de las opiniones, la argumentación, la mayor cantidad de información disponible debería ir configurando una opinión pública más ilustrada. La cultura occidental no parece ir en esa dirección.
Hoy se tiene el caso Cuba. Inmediatamente se agrega una crítica ética: es un sistema no democrático que no respeta los derechos humanos.
Surge del contraste de lo que sucede en una democracia con lo que sucede en Cuba: separación e independencia de poderes,  derechos de las minorías, libertad de prensa, de reunión y asociación,  elecciones periódicas con participación de todos los que deseen hacerlo de acuerdo a los marcos legales, derechos de propiedad, respeto para los que piensan diferente,  respeto de los bienes ajenos y de los bienes de todos, etc.
Nada de eso sucede en Cuba, entonces ¿es una democracia o una dictadura?
Se cae en el pobre argumento del bloqueo, ¿es dictadura por un torpe bloqueo que no impide que ingresen millones de dólares de remesas de cubanos que viven en EEUU y de todo el pollo que alimenta a la isla?
Señores, ¿no apoyan la ciencia?,  mejoren sus argumentos.
Cuando la gente todavía pensaba que la tierra era plana _ algo similar a ser marxista en el siglo XXI _ pasaron por alto o justificaron signos tales como la presencia del horizonte, que les podía ayudar  a aclarar lo contrario.
Aquello que no esperamos (por no estar comprendido por el dogma) suele pasarnos desapercibido. Sucede que lo que vemos del mundo no es una copia exacta de la realidad, sino lo que se filtra a través de nuestras creencias y sesgos cognitivos. Múltiples investigaciones científicas demuestran que lo que vemos no es el resultado lógico de la evidencia, sino que está basado en nuestra propia historia, prejuicios y suposiciones. Tanto que, aunque enfrentemos datos objetivos que contradigan esta información previa, resulta muy difícil cambiarla. Se trata de un recurso cognitivo que se experimenta al ver amenazada la forma de concebir las situaciones.          
De esta forma lo que se pone en juego no es la verdad sino la propia identidad. La mente es capaz de hacer malabarismos para mantener coherencia entre los pensamientos ((Manes, Facundo y Niro, Mateo. 2018. El cerebro del futuro. Grupo Editorial Planeta S.A.I.C., pág.401).
Hoy la izquierda hace malabarismos para justificar la repugnante dictadura cubana.

Javier Bonilla
Talles especiales, pan tarifado, celíacos... ¿8 u 80?

Es difícil para un liberal como quien firma terciar en estos temas, aunque, existen y hay que mirarlos a la cara con toda la flexibilidad y apertura mental posible, para incluir realmente, no la idiotez de hablar con la "e"! Y no sólo hablo de los numerosos discapacitados, que, en la inmensa mayoría de nuestro país no cuentan ni con una rampa ni con un semáforo con señales sonoras, ni los negocios que así lo requieran, estímulos impositivos y laborales para disponer desde baños especiales hasta mostradores o mesas adecuadas sin tener porqué hipotecarse... Y con realismo! Yo, que tuve 5 familares sordomudos, felicito a los canales por el lenguaje de señas, pero, cuando veo que una estúpida Ley de Medios obliga a la TV Cable o repetidora de un pueblo de 300 personas a tener  un traductor, sé que se pone a esa empresa ya comprometida contra las cuerdas. Ser solidario no es por ahí. Es algo más racional y eficaz... para todas las partes!
Ahora, voy a temas más simples...
El problema de los celíacos, creciente, además, junto con otras manifestaciones alérgicas a ciertas harinas, no admite más demoras. Alguien que certifique esas dolencias no puede ser ignorado u obligado a pagar precios imposibles. Eso no significa entregas irresponsables de dinero, sino quita de impuestos y otras facilidades similares para los productos alternativos, los cuales, por otra parte, son de uso común en su inmensa mayoría. No sabemos cuál es el mejor mecanismo, sí, registro mediante y contabilidad posible, eximir al interesado a la hora de abonar sus compras, o al pequeño empresario que elabora estas opciones. Como sea, se trata de decenas de miles de personas que se impone atender. Sin la ligereza zurda del "tomá dinero en tarjeta o efectivos", y sin el  falso  liberalismo de: "me importa un corno y ya lo resolverá el mercado". Obviamente, se trata de encaminar el tema para el mercado (los dioses nos libren de crear nuevos y luego corruptos "institutos") dándole un marco, porque el mercado no baja impuestos, facilita importaciones o fletes sin permiso oficial.
En el tema talles especiales, estas chicas tan bien intencionadas respecto a la necesidad de cubrir una amplia gama de tamaños de ropa -presumiblemente mayor tras los confinamientos pandémicos- es evidente que desprecian sonoramente al mercado o ni les importa. Obligando a todos los comercios a tener ropa hasta para los 7 enanitos, van a fortalecer a las grandes cadenas que sí pueden paliar o maquillar el riesgo (privilegios macro muy comunes en tiempos izquierdosos) y fundir al pequeño empresario o eludir calidad en ofertas forzosas. Sí, hacen falta que estén disponibles esos talles, pero, a punta de pistola jurídica, no me parece que logren su objetivo. Sí, creo, que si hubiera habilidad, puede ser una propuesta para poner números en la mesa y estirarlos en la punta del lápiz, buscar convenios, etc. No pedir que Papá-Estado termine clausurando a aquel pequeño comerciante que no le dé el bolsillo para tener un stock de trajes como para los Globe Trotters. Buscar posibilitarlo por todos los medios, sin duda, y es necesario. ¡Ahora! Seguir cerrando negocios, especialmente los chicos, los que dan empleo, leyes mediante de ningún modo...! Si es necesario encontrar profusión de talles, es necesario facilitar que esto así suceda y evitar la imposición socialistoide...
Qué decir del tema de tarifar o no el pan....
Si bien a los liberales nos rechina el tema tarifas, límites, dirigismo, etc, es menester reconocer que los panificados se han ido a las nubes, y no sólo para los celíacos o quienes consuman alternativas especiales. Frecuentemente, es más barato el consumo de productos envasados, a veces importados y muy fáciles de encontrar en grandes superficies, atentando contra la economía del comerciante de barrio, del vecino. El simple rumor de que un dirigente de Cabildo Abierto, el Cnel Gustavo Fernández, elaboraba un anteproyecto -bastante más similar a la tarifa instaurada en el primer gobierno Lacalle en los "90 que a cualquier "solución" socialista- para que ardieran Bastillas y algunos empresarios se alarmaran al cubo. En realidad... se aludía a un sólo tipo de pan en concreto, y no se eludían estímulos ni rebajas impositivas posibles! Sin olvidar que, usualmente, don José entra por la flauta barata ,y se termina llevando algo más. Ni que el Centro de Industriales Panaderos o Cambadu estuvieran integrados por la Madre Teresa, Amida Buda y Mahatma Gandhi.
Por ahí se juntan e informan de sus puntos de vista las dos partes, ven los números, ven como pesa el estado, ya sea a nivel de impuestos directos e indirectos, ya sea al respecto de costos en materia de leyes sociales laborales y empresariales, fletes, etc, y 99% se ponen de acuerdo. Es mucho mejor un pacto de caballeros o una norma consensual, que esperar resoluciones desde el Olimpo caro de la Avenida de las Leyes, frecuentemente mal redactadas o apresuradas, o resultado de tomas y dacas muy poco técnicos.
¿Los uruguayos hemos perdido  la posibilidad de sentarnos a una mesa y negociar con realismo para atender mejor las necesidades del sufrido consumidor, respetando a quien produce, comercializa o distribuye? ¿Al empresario acaso no le interesa llegar a un segmento del mercado hasta hoy mal atendido? ¿Es que ambas partes prefieren que un estado cada vez más inflado y angurriento lo haga, y mal? ¡Hablen, negocien, acuerden! Siempre es mejor! Entonces... ¡háganlo! Es cierto que no hay cenas gratis. Ahora es muy posible abaratarlas bastante...!! Y eso también lo sabemos. Usen su media neurona, porque hay muchos más sectores no atendidos por un mercado que vale menos que un barrio de Tokio. El lujo de la miseria. Ya sea de un Estado que históricamente -especialmente en las últimas décadas- te mata a impuestos para emplear vagos y vagas o subsidiar amigotes, o de algunos empresaurios perros del hortelano. ¡La pelota está en vuestra cancha! Convenzan, disuadan, razonen. Solucionen. Si se quiere...




ADVERTENCIA: Los artículos periodísticos firmados son de la exclusiva responsabilidad de sus autores. La Dirección.



¿También estafa?
  • Tras denuncia de matrimonio argentino, la Justicia condenó a la empresa al pago de 550.000 dólares por no entregar una propiedad en Punta del Este


En la foto, el Tato Gutman promueve "su inversión"

Un poco de historia
El 30 de enero del 2013 ambos firmaron una promesa de compraventa para la compra en pozo de la unidad 004 el padrón 11.349 ubicado en la calle Gabriela Mistral y Federico García Lorca, donde se desarrollaría posteriormente el edificio Equilibrium. La transacción equivalía a 310.000 dólares, pero el apartamento nunca fue entregado. La abogada que trató el caso, también escribana, Paula Garzón Rivarola, considera que se trata de una estafa por parte del inversionista.  
En cuanto a lo que debió haber sido un edificio, hoy un esqueleto abandonado que arruina el paisaje, se prometía una construcción de cuatro plantas. La estructura, deteriorada, está a merced de los cambios climáticos, sin ningún tipo de protección y a la buena de Dios en cuanto a la falta de limpieza y mugre del predio.
Como argumento de venta y gancho publicitario los desarrolladores proponían “el equilibrio perfecto entre el mar y el bosque”. Debió constar de tres plantas con quince unidades de dos y tres dormitorios, así como un ascensor de última generación. "Generosamente" se ofrecía calefacción por losa radiante eléctrica, pisos de porcelanato en todos los ambientes, revestimientos en baños y cocinas, amoblamiento de cocina bajo mesadas, y alacenas enchapadas en laminado plástico y artefactos para el baño. Todo de marcas reconocidas en el ambiente edilicio.
El matrimonio argentino, víctima de estafa para el abogado interviniente, estaba integrado por María Sol Cassinerio y Pablo Cappomaggi. La doctora Garzón Rivarola precisó que el apartamento de tres dormitorios tenía como plazo de entrega máxima el 18 de abril de 2016. En diciembre de 2013, los promitentes compradores ya habían entregado la suma 275.000 dólares.
La inversión corresponde al empresario Fernando Gutman, también de nacionalidad argentina, a quien dicho matrimonio debía abonar las cuotas del pago, “una vez que la empresa enviara el telegrama colacionado pactado en la cláusula 5 literal B, el cual nunca fue enviado” dijo Garzón, quien además informó que debido a la relación de confianza que se habían generado entre ambas partes, “y teniendo en cuenta que eran todos rosarínos” los compradores hicieron un adelanto de las cuotas hasta llegar a la suma de 275.000 dólares en diciembre de 2013.
En ese sentido, se indica que Fernando Gutman aceptaba los adelantos de pago y además “solicitaba un monto mayor al que los damnificados le habían abonado en otra oportunidad”.
La abogada señaló que los chats por WhatsApp y los correos electrónicos por los que se comunicaban las partes, “los firmaba a título personal Tato Gutman”, apodo utilizado por el inversor, quien promocionaba la venta de las unidades.
Cuando los señores Capomaggi plantearon su disconformidad con el retraso en la construcción y “decidieron no adelantar más dinero, empezaron las falsas promesas, que nunca se llevaron a cabo”, sentenció Garzón Rivarola.
Por lo cual, el 4 de octubre de 2017 se intimó a la Sociedad Anónima, AMRIDEL S.A con el fin de que se entregara el inmueble.
A la fecha, el edificio no fue terminado y la obra se encuentra detenida.
“Ahora, a cinco años largos de la fecha estipulada para la entrega del departamento, a mis clientes no les interesa la entrega de la unidad. La obra estuvo en todo ese lapso parada, expuesta a los cambios climáticos”.
Luego de no obtener ningún tipo de respuesta, el 29 de octubre de 2018 la doctora Garzón Rivarola radicó la demanda en el juzgado letrado de 5º de la ciudad de Maldonado, que fue caratulada como “Cassineiro Maria Sol y otro c/Amirdel SA y otro, Rescisión de contrato por incumplimiento, cobro de multa, daños y perjuicios”.
“Cada vez que se acercaba la fecha de la audiencia el inversor proponía llegar a un acuerdo, exigiendo que pidiéramos prórroga o que suspendiéramos la audiencia”. Se llegó a solicitar siete veces que se aplazara la misma.
Finalmente, en el mes de abril de este año, la justicia falló de forma favorable contra AMIRDEL S.A, por el monto de 550.000 dólares, donde se incluye el reclamo por lo abonado más la multa. Sin embargo, la sentencia dejó afuera al inversionista al acoger el planteo de excepción de falta de legitimación activa por su parte.
Por esta razón, Garzón Rivarola presentó una apelación, justificando que “la sociedad tiene a Guzmán como presidente y único integrante del directorio; está más que claro que es el responsable en la rescisión del contrato y pago de la multa”, sentenció.
La letrada considera que el empresario debe ser condenado por la justicia y hacerse cargo de los daños y perjuicios generados, mientras que los demandantes aguardan por un tribunal de apelaciones que condene al inversor por los daños causados, además de devolverles el dinero.

Denuncia en fiscalía
Garzón Rivarola entiende que sus defendidos fueron víctimas de una estafa, y en ese sentido procedió igualmente a presentar denuncia en fiscalía.
La misma fue archivada por el fiscal Schubert Velázquez, argumentando que “los hechos narrados no constituyen delito, sino un claro incumplimiento contractual que deberá dirimirse en la vía civil”, agregando que “no hay estratagemas o puestas en escena para inducir al error”, según lo que indicó la abogada, quien hizo uso de la norma que habilita a un denunciante a solicitar un tribunal, en un plazo de treinta días, para que un fiscal subrogante realice el al reexamen del caso.
En tanto, 25 de junio, se llevó a cabo dicha audiencia, la cual tuvo lugar en el juzgado letrado de 11º turno en lo penal a cargo de la Jueza Ana María Guzmán. Las jueza resolvió que en lo manifestado por ambas partes en la audiencia no encontró elementos suficientes que ameriten a que la investigación penal se realice. “No se hace lugar al reexamen”, concluyó.
La abogada sentenció que las investigaciones y el acceso a la justicia “debería de ser igual para todas las personas que por una razón u otra se sienta damnificada”.

 

 









 








 


 
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