• Tras denuncia de matrimonio argentino, la Justicia condenó a la empresa al pago de 550.000 dólares por no entregar una propiedad en Punta del Este
  

En la foto, el Tato Gutman promueve "su inversión"

Un poco de historia
El 30 de enero del 2013 ambos firmaron una promesa de compraventa para la compra en pozo de la unidad 004 el padrón 11.349 ubicado en la calle Gabriela Mistral y Federico García Lorca, donde se desarrollaría posteriormente el edificio Equilibrium. La transacción equivalía a 310.000 dólares, pero el apartamento nunca fue entregado. La abogada que trató el caso, también escribana, Paula Garzón Rivarola, considera que se trata de una estafa por parte del inversionista.  
En cuanto a lo que debió haber sido un edificio, hoy un esqueleto abandonado que arruina el paisaje, se prometía una construcción de cuatro plantas. La estructura, deteriorada, está a merced de los cambios climáticos, sin ningún tipo de protección y a la buena de Dios en cuanto a la falta de limpieza y mugre del predio.
Como argumento de venta y gancho publicitario los desarrolladores proponían “el equilibrio perfecto entre el mar y el bosque”. Debió constar de tres plantas con quince unidades de dos y tres dormitorios, así como un ascensor de última generación. "Generosamente" se ofrecía calefacción por losa radiante eléctrica, pisos de porcelanato en todos los ambientes, revestimientos en baños y cocinas, amoblamiento de cocina bajo mesadas, y alacenas enchapadas en laminado plástico y artefactos para el baño. Todo de marcas reconocidas en el ambiente edilicio.
El matrimonio argentino, víctima de estafa para el abogado interviniente, estaba integrado por María Sol Cassinerio y Pablo Cappomaggi. La doctora Garzón Rivarola precisó que el apartamento de tres dormitorios tenía como plazo de entrega máxima el 18 de abril de 2016. En diciembre de 2013, los promitentes compradores ya habían entregado la suma 275.000 dólares.
La inversión corresponde al empresario Fernando Gutman, también de nacionalidad argentina, a quien dicho matrimonio debía abonar las cuotas del pago, “una vez que la empresa enviara el telegrama colacionado pactado en la cláusula 5 literal B, el cual nunca fue enviado” dijo Garzón, quien además informó que debido a la relación de confianza que se habían generado entre ambas partes, “y teniendo en cuenta que eran todos rosarínos” los compradores hicieron un adelanto de las cuotas hasta llegar a la suma de 275.000 dólares en diciembre de 2013.
En ese sentido, se indica que Fernando Gutman aceptaba los adelantos de pago y además “solicitaba un monto mayor al que los damnificados le habían abonado en otra oportunidad”.
La abogada señaló que los chats por WhatsApp y los correos electrónicos por los que se comunicaban las partes, “los firmaba a título personal Tato Gutman”, apodo utilizado por el inversor, quien promocionaba la venta de las unidades.
Cuando los señores Capomaggi plantearon su disconformidad con el retraso en la construcción y “decidieron no adelantar más dinero, empezaron las falsas promesas, que nunca se llevaron a cabo”, sentenció Garzón Rivarola.
Por lo cual, el 4 de octubre de 2017 se intimó a la Sociedad Anónima, AMRIDEL S.A con el fin de que se entregara el inmueble.
A la fecha, el edificio no fue terminado y la obra se encuentra detenida.
“Ahora, a cinco años largos de la fecha estipulada para la entrega del departamento, a mis clientes no les interesa la entrega de la unidad. La obra estuvo en todo ese lapso parada, expuesta a los cambios climáticos”.
Luego de no obtener ningún tipo de respuesta, el 29 de octubre de 2018 la doctora Garzón Rivarola radicó la demanda en el juzgado letrado de 5º de la ciudad de Maldonado, que fue caratulada como “Cassineiro Maria Sol y otro c/Amirdel SA y otro, Rescisión de contrato por incumplimiento, cobro de multa, daños y perjuicios”.
“Cada vez que se acercaba la fecha de la audiencia el inversor proponía llegar a un acuerdo, exigiendo que pidiéramos prórroga o que suspendiéramos la audiencia”. Se llegó a solicitar siete veces que se aplazara la misma.
Finalmente, en el mes de abril de este año, la justicia falló de forma favorable contra AMIRDEL S.A, por el monto de 550.000 dólares, donde se incluye el reclamo por lo abonado más la multa. Sin embargo, la sentencia dejó afuera al inversionista al acoger el planteo de excepción de falta de legitimación activa por su parte.
Por esta razón, Garzón Rivarola presentó una apelación, justificando que “la sociedad tiene a Guzmán como presidente y único integrante del directorio; está más que claro que es el responsable en la rescisión del contrato y pago de la multa”, sentenció.
La letrada considera que el empresario debe ser condenado por la justicia y hacerse cargo de los daños y perjuicios generados, mientras que los demandantes aguardan por un tribunal de apelaciones que condene al inversor por los daños causados, además de devolverles el dinero.

Denuncia en fiscalía
Garzón Rivarola entiende que sus defendidos fueron víctimas de una estafa, y en ese sentido procedió igualmente a presentar denuncia en fiscalía.
La misma fue archivada por el fiscal Schubert Velázquez, argumentando que “los hechos narrados no constituyen delito, sino un claro incumplimiento contractual que deberá dirimirse en la vía civil”, agregando que “no hay estratagemas o puestas en escena para inducir al error”, según lo que indicó la abogada, quien hizo uso de la norma que habilita a un denunciante a solicitar un tribunal, en un plazo de treinta días, para que un fiscal subrogante realice el al reexamen del caso.
En tanto, 25 de junio, se llevó a cabo dicha audiencia, la cual tuvo lugar en el juzgado letrado de 11º turno en lo penal a cargo de la Jueza Ana María Guzmán. Las jueza resolvió que en lo manifestado por ambas partes en la audiencia no encontró elementos suficientes que ameriten a que la investigación penal se realice. “No se hace lugar al reexamen”, concluyó.
La abogada sentenció que las investigaciones y el acceso a la justicia “debería de ser igual para todas las personas que por una razón u otra se sienta damnificada”.