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TURBINAS ARGENTINAS - ENFOQUES COMPARTIDOS
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| Enrique Guillermo Avogadro |
| Por robar, hasta la ética y la palabra |
- “El relativismo ético que abraza el posmodernismo apunta a que no habría tal cosa como lo bueno y lo malo. Así, el incumplimiento de la palabra empeñada o el estímulo a la antropofagia no serían malos o inmorales en abstracto”. Alberto Benegas Lynch (h)
Si bien muchos estábamos convencidos de que el kirchnerismo volvería a la Casa Rosada envuelto en sus viejas banderas de falso relato, falta de principios, corrupción y venganza, nadie imaginó que las llevaría al campo de batalla político y social con tanta rapidez. Ahora, están robando la ética y el valor de la palabra.
La compulsión por reescribir la historia que padece Cristina Fernández, que ya la llevó a intentar subordinar el Poder Judicial argentino a un consejo de juristas internacionales en el caso del memorándum con Irán, hizo que una de sus principales espadas jurídicas, el Dr. Eduardo Barcesat (miembro del Partido Comunista y defensor de Hebe de Bonafini y Milagro Salas), se autodesigne como árbitro –un verdadero okupa- de la moral y pase a integrar un curioso “tribunal de ética” internacional.
El engendro, parido en Madrid en noviembre pasado, es presidido por Baltasar Garzón, ese ex Juez de la Audiencia Nacional española eyectado del cargo por sus pares por prevaricato, que recaló en la Argentina en 2012 a sueldo de la ex Presidente; lo integran, entre otros, los abogados que defienden a los más notorios ex funcionarios prófugos, procesados o ya condenados por corrupción en sus respectivos países: nuestra ilustre Vicepresidente y su ex Ministro Julio de Vido, Rafael Correa, Luiz Inácio Lula da Silva, etc.
Por supuesto, en todos los casos se las califica como persecuciones políticas disfrazadas de procesos judiciales –el famoso “lawfare”, esgrimido por Cristina Fernández y hecho suyo por S.S. Francisco- y, como es obvio, busca la impunidad de los nombrados y al invertir la realidad, imputar a quienes los juzgaron, como Claudio Bonadio, Julián Ercolini y Sérgio Moro. Pero “nuestro” representante ante ese curioso engendro no se detuvo allí y pretende reproducir la persecución a la prensa que tanto practicó su patrona; es más, dijo que deberían presentarse ante ese mamarracho periodistas prestigiosos como Luis Majul, Jorge Lanata y Daniel Santoro.
Hasta en este posmodernismo que padece el mundo, tan plagado de líderes creadores de la posverdad, que pretenden permanecer en el poder a como dé lugar, vaciando las instituciones democráticas y transformándolas en meros instrumentos de su ambición, los argentinos conseguimos destacarnos.
Alberto Fernández ha obtenido una ley violatoria -¡cuándo no!- de la Constitución Nacional por las facultades legislativos que le delega, a la que llamó “de solidaridad”. La manipulación nuevamente queda expuesta ya que, si cualquier afectado se opone a ella, automáticamente se transformará en un egoísta carente de todo principio a favor de la sociedad.
Lo absurdo es que, en esta nueva persecución a quienes han construido legítimamente un patrimonio o, simplemente, superan el nivel de miseria de las jubilaciones mínimas, no se requiera esa misma solidaridad a los saqueadores monumentales de la década anterior ni se deje de nombrar a privilegiados en cargos públicos de inmenso salario. ¿Cuánto se aliviarían los problemas del Fisco si la Vicepresidente y sus hijos, Lázaro Báez y los suyos, Cristóbal López y Fabián de Souza, los gremialistas eternos, y tantos otros devolvieran lo robado? No conozco la cifra, pero un amigo sugirió que, en lugar de recurrir al FMI en busca de fondos, mejor hubiera sido pedírselos a los jueces; olvidó que éstos, y los legisladores que se niegan a votar la ley de extinción de dominio, son tan deshonestos como aquéllos.
A la vez, el Presidente ha consentido -¿tenía otra opción?- en ceder a Cristina Fernández inmensos resortes de poder no sólo en lo que respecta a la Justicia sino en los organismos de control y de recaudación, precisamente aquéllos que, cumpliendo sus obligaciones, actúan como querellantes en las causas por corrupción que tanto le preocupan; ya están en sus manos la AFIP, la DGI, la UIF y la Oficina Anticorrupción. Seguramente, todos ellos desistirán de sus acciones, y la Vicepresidente y sus cómplices –funcionarios y empresarios- habrán dado así un inmenso paso hacia la impunidad pretendida. Falta ver cómo reaccionaremos todos si ello ocurre.
Hoy se cumplen cinco años del asesinato –lo dice la pericia judicial firmada por más de cincuenta expertos y lo dijo esta semana el propio Mohsen Rabbani, el principal acusado como autor intelectual- del Fiscal Alberto Nisman, tres días después de denunciar a la entonces Presidente, Cristina Kirchner, y otros por traición a la Patria y un día antes de exponer el caso ante el Congreso, y aún no sabemos quién y cómo lo mataron por cumplir su deber. La Ministra de Seguridad, Sabina Fréderic, para encharcar aún más la investigación, pretende “revisar” esa pericia, y el Presidente, el mismo que dijo las peores atrocidades de su actual Vicepresidente sobre el tema durante diez años y ahora pretende que lo olvidemos, la respaldó públicamente.
El robo de la palabra también aparece aquí en una marquesina destellante: basta con recurrir a los archivos que tanto circulan por WhatsApp para comprobar las estruendosas contradicciones en que incurrieron al respecto Alberto y Cristina, Sergio Massa y hasta los jueces, fiscales, espías y policías que intervinieron en el caso.
Hoy mismo, a las 18;30, la ciudadanía tiene una cita de honor y se reunirá en la Plaza del Vaticano (Viamonte, entre Libertad y Cerrito) de la ciudad de Buenos Aires y en todas las plazas del país y de las capitales del mundo para honrar al Fiscal muerto y reclamar, una vez más, el definitivo esclarecimiento de lo sucedido bajo el milenario lema bíblico: “Justicia perseguirás”. No habrá banderas políticas ni discursos, pero todos leeremos en voz alta un documento. |
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Crónica de otros tiempos
Pudrieron la enseñanza
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 Los docentes militantes que revistan en los consejos desconcentrados de la Educación, y aquellos agrupados en las gremiales docentes, tienen su cuota de responsabilidad en el desquicio generalizado e ininterrumpido que exhibe la Enseñanza a través de las décadas. Han sido, y son, principales responsables de los paros y huelgas que vienen perfeccionando ese collar de ineptitud que destacan, sobre todo, maestros y profesores de la enseñanza escolar y media.
Los años 60 constituyeron inicio de la labor destructiva de la recién integrada Gremial de Profesores, corporación para el olvido que cobijó socialistas, comunistas y tupamaros, quienes fomentaron las ocupaciones de los establecimientos docentes y las marchas callejeras de protesta en todo el país, al estribillo: "¡obreros y estudiantes, unidos adelante!"
Al día de hoy, suman centenares de miles los estudiantes desertores de todos los grados, sobre todo escolares y liceales de hogares carenciados, a la luz también del desempleo, violencia territorial, pobreza extrema, falta de oportunidades, y tentación de plata fácil obtenida del narcotráfico, pandemia que no ha sido debidamente controlada ni combatida y que asuela el país.
Es tal el desquicio, que esta multitud de evadidos, sumados a quienes puedan egresar del sexto año escolar, no consigue trabajo, ante los cada vez más relegados, insuficientes y obsoletos programas educativos de la hora en todos los niveles de la Educación. Una muy mal aplicada autonomía, desvirtuada en el universo estudiantil, político, docente y sindical constituye fracaso secular medido en décadas perdidas, a nivel de la Enseñanza Primaria, Secundaria, Universidad del Trabajo del Uruguay y Universidad de la República.
No caben dudas de que los docentes deben ser apartados de la conducción de la Enseñanza. Además, deberán ser instruidos con las exigencias educativas de la hora; acceder al conocimiento de los adelantos contemporáneos, y desprenderse de aquellas asignaturas cuya instrucción y dictado fue superado por los tiempos.
Reformular planes de estudio, como por ejemplo Historia Universal, Idioma Español, Literatura y Ciencias Geográficas constituye insoslayable obligación.
Por lo expuesto, debe considerarse saludable que el sistema político de la conciliación haya puesto sus ojos sobre la Educación en todos sus niveles, aguardándose que tenga andamiento la propuesta del gobierno electo para eliminar los colegiados que hoy integran Primaria, Secundaria, Formación en Educación y la Universidad del Trabajo del Uruguay, entidades que pasarían a ser direcciones unipersonales, obvio que con el visto bueno de los sindicatos.
Ricardo Garzón |
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| Se dice |
Que si bien se entiende en algunos niveles de asesoramiento y decisión que el endurecimiento de las penas no conlleva a una disminución de los delitos, por lo menos que quepa la posibilidad de erradicar de la sociedad y para siempre a la delincuencia organizada que campea a gusto y antojo por todo el territorio nacional.
Que no cabe perder de vista que el sistema político uruguayo, sin excepciones, basa su poderío en la omnipotencia de un Estado que comenzó a engordar Batlle y Ordóñez, y que durante más de un siglo alimentaron con impuestos leoninos Blancos y Colorados.
Que la corporación política uruguaya ve tambalear las bases del Frankestein estatal que hoy amenaza devorarla, monstruo que ha sido el sustento principal de las generaciones gubernamentales y legislativas que se han sucedido en la historia política del país.
Que sin perjuicio de que el precio de un auto en el Uruguay conlleva alarmantes impuestos que duplican su valor, en Europa el pago generalizado y anual por la patente de los automóviles es de 50 euros por año, cifra irrisoria a la luz de lo que debe pagarse anualmente en nuestro país. |
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| Precios veraniegos “de Punta” |
- Atado de remolacha en el Mercado Modelo: $ 40; en Tienda Inglesa: $ 89; ensalada de remolacha en restaurante Garzón: $ 1.490. Muchos acusan a Mallman de “ladrón”, pero en realidad es un “alquimista”; logra multiplicar por 20 el valor de la materia prima con creatividad, entorno y servicio
Los precios en Punta del Este siempre serán más altos que en Montevideo por varias razones: es uno de los balnearios más exclusivos del mundo, en menos de 60 días tienen que facturar para cubrir los costos de todo un año y, además, tienen que pagar altos impuestos los 365 días del calendario.
Con los supermercados sucede algo similar. La gente se indigna y sale a pedirle a “papá Estado” que “controle los precios” o presione a los empresarios para bajarlos. Llaman al lobo para cuidar a las ovejas. No entienden que el mejor regulador de precios es el propio cliente, quien tiene la total libertad de elegir ciudades, comercios y productos acordes a cada bolsillo.
Lo que la gente no entiende es cómo se fijan los precios. Creen que es en base en los costos y sobre ese valor agregarle una ganancia “razonable”. Es lo que hizo Maduro en Venezuela y ya vimos cómo generó escasez de productos básicos, un mercado paralelo y una inflación de más de un millón por ciento anual.
A los socialistas les encanta entrometerse entre vendedores y compradores, regulando precios, calidades y cantidades. Tratan a los consumidores como si fueran tontos. Un libre mercado requiere un buen flujo de información y variedad de oferentes. Así, cada uno tomará sus propias decisiones de acuerdo a sus preferencias.
Los ciudadanos de Pueblo Garzón deberían levantarle un monumento a Mallman. Gracias a sus programas de televisión, a sus libros, su prédica y sus inversiones, puso al pueblo en el mapa turístico mundial, cuando su destino más probable era convertirse en un pueblo fantasma. Y las autoridades públicas deberían hacer algo similar y celebrar que estos emprendedores arriesguen su capital para agregar valor, contratar mano de obra y pagar impuestos, ¡muchos impuestos!
Quien tiene que bajar los precios no son los supermercados ni los comerciantes, sino el Estado. Es el Estado el verdadero ladrón. Nos cobra impuestos en forma compulsiva y no nos da casi nada a cambio. Nos cobra las tarifas de luz, gasolina y agua más caras de la región, para cubrir los desastres cometidos por sus propios jerarcas.
La mala temporada no es por culpa de los empresarios. Estos no son tontos. Si ven que a determinado precio no logran vender, van a bajarlos solos. No precisan del Estado para entender su negocio.
La razón de que hayan llegado menos turistas a Uruguay no fue el precio de la ensalada de remolacha, sino que la clase media argentina tiene menos ingresos al estar pagando los costos de la era kirchnerista que Macri no se animó a revertir.
Los empresarios uruguayos no deberían siquiera reunirse con las autoridades públicas, cuando estas los convocan para hablar de “fijar precios”, armar “paquetes” promocionales, discutir “precios abusivos” y menos aún dejar que los rezonguen con “llamados a la responsabilidad”.
Si el gobierno quiere que vengan más turistas, que baje el costo del Estado, arregle las rutas y los puentes, elimine el monopolio de Ancap, no despilfarre el 50% de agua potable y mejore las medidas de seguridad. En definitiva, ¡hagan lo que tienen que hacer! Y háganlo bien.
Guillermo Sicardi
Publicado en BÚSQUEDA |
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