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| Cuáles son los aeródromos que registran las mayores demoras en todo el mundo |
- El conjunto de datos de FlightAware abarca los principales aeropuertos del mundo medidos por el número de vuelos
- Uno de los tantos legados de la pandemia ha sido el caos en los principales aeropuertos del mundo. Largas colas, cancelaciones de último momento y valijas desparramadas por todos lados se han convertido en escenas cotidianas para aquellos que deciden tomar un vuelo
Los problemas de muchos de los mayores aeropuertos del mundo tienen su origen en la drástica reducción del personal que hubo en los dos últimos años, cuando la movilidad se hundió por la crisis del coronavirus. Sin embargo, frente a la recuperación de la industria del turismo, no todos los aeródromos han podido redimensionar sus plantillas.
La mayoría de los 100 aeropuertos más concurridos del mundo han sufrido retrasos en al menos el 20% de sus vuelos, según el especialista en datos de vuelos FlightAware, que midió los vuelos entre el 1 de junio y el 24 de julio, una parte la temporada de verano en el hemisferio norte.
Sin embargo, hay algunos aeropuertos que son peores que otros cuando se los clasifica por los contratiempos de los viajes aéreos. Los dos aeropuertos que encabezan la lista de aquellos con mayores retrasos son dos canadienses. En el aeropuerto internacional de Toronto Pearson y el aeropuerto internacional de Montreal-Trudeau, más de la mitad de los vuelos de salida se demoraron.
En tercer lugar se encuentra el aeropuerto de Fráncfort del Meno, en Alemania, con 47,9% de retraso del total de vuelos. Le siguen el aeropuerto de París-Charles de Gaulle con 45,9% y el aeropuerto Humberto Delgado de Lisboa, en Portugal, con 45%.
El conjunto de datos de FlightAware abarca los principales aeropuertos del mundo medidos por el número de vuelos. El porcentaje de demora es la parte de las salidas completas de un aeropuerto que llegaron con más de 15 minutos de retraso a su destino, según el proveedor de datos, citado por The Wall Street Journal. Sin embargo, la base de datos no discrimina por la duración de esa demora.
Los únicos aeropuertos de América Latina que figuran en la lista son el Benito Juárez de Ciudad de México, que ocupa el puesto 41 con un retraso del 27,7%; el aeropuerto internacional de Cancún, que está en la posición 74 con un 21,2%; el de São Paulo-Guarulhos, número 97 en la lista, con el 13,1%, y el mejor rankeado de la región es el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, con un 12,8%.
Al principal aeropuerto de Colombia solo lo superan dos en el mundo: el aeropuerto de Haneda en Tokio, con tan solo un 8,3% de demora, y el de Moscú-Sheremétievo, en Rusia, con el 5,6%.
Cuando se observa el ranking de cancelaciones, las posiciones cambian totalmente. Los primeros cinco aeropuertos con mayores porcentajes de cancelación son todos chinos: el aeropuerto internacional Pudong en Shanghai (38,8%), el Lukou Nankín (15,7%); el de Xi’an Xianyang (14,9%); el de Pekín-Capital (12,2%), y el Bao’an (8,4%). El próximo en la lista de cancelaciones es el de Oslo, en Noruega, con un 7,7%.
Los cinco aeropuertos con más vuelos programados entre el 1 de junio y el 24 de julio fueron todos estadounidenses. El aeropuerto internacional de Chicago-O’Hare, con 54,639 vuelos programados para ese período, sufrió un 23,1% de demora y un 2,6% en cancelaciones. En volumen, le siguieron el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, con un 25,6% en retrasos y un 1,8% en cancelaciones; el aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth, con un 27,9% en retrasos y un 2,2% en cancelaciones; el de Denver, con 28,7% en retrasos y un 1,5% en cancelaciones; y el aeropuerto internacional de Los Ángeles, con un 21,8% en retrasos y un 1,3% en cancelaciones.
Otros de los principales aeropuertos de Europa, como el de Ámsterdam-Schiphol o el Aeropuerto Internacional de Londres Heathrow, también sufrieron grandes retrasos, con un 42% y un 41,9% respectivamente, ocupando el sexto y séptimo lugar de la lista. El aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en donde los pasajeros protestaron en varias ocasiones por el descontrol en el retiro de maletas y las largas colas, el porcentaje de vuelos retrasados fue del 18,6%. |
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Crónica de otros tiempos
Militares, jueces y un fiscal |
(Por Julio María Sanguinetti) Se ha hecho público el procesamiento, con prisión, del ex Comandante en Jefe del Ejército teniente general (R) Juan Rebollo. Se le hace responsable de un trágico episodio, ocurrido en 1974, en un enfrentamiento entre tupamaros y un grupo militar. Murieron tres jovencitas y nada menos que el jefe del grupo militar actuante, capitán Juan Gutiérrez, resultando también herido el entonces teniente Rebollo. O sea que se trata de un episodio típicamente militar.
Podría considerarse un homicidio en legítima defensa, pero —en todo caso— juzgado con el derecho vigente en esa época, por lo que se estaba ante un delito común. El fiscal reconoce ese hecho fundamental pero luego se contradice en sustancia porque aparte de ignorar hasta la prescripción del delito, reconoce que hubo un “fuerte tiroteo de varios minutos” pero luego afirma que las tres jóvenes muertas fueron fusiladas... Todas presunciones, cuando un fiscal solo puede acusar si posee la certeza absoluta de los hechos. En el caso, hasta duda de si “hubo o resistencia o no” al allanamiento pero igualmente acusa. Es muy grave, porque desde que hay leyes, in dubio pro reo, en la duda a favor del acusado.
El episodio nos importa particularmente, porque no estamos hablando de las figuras condenables de la dictadura, sino de un oficial de la democracia, como otros que sufren hoy parecidas amenazas. En efecto, al general Rebollo lo ascendimos nosotros, en 1985, y fue el primer general del gobierno democrático. Lo elegimos de la terna propuesta entonces por el Comandante en Jefe del Ejército teniente general Medina, que se apoyó en un grupo de oficiales que resultó fundamental en los difíciles equilibrios que hubo que sortear en aquellos tiempos.
En parecida situación está el general Díaz Tito, también un oficial muy afín al general Medina, que incluso fue nuestro Jefe de Blandengues. En un expediente donde se juzga un homicidio que ocurrió en otra unidad militar y mucho después, se analizan interrogatorios como si ello significara alguna responsabilidad en el episodio fatal. En el caso, se establece la presunción de que siendo él oficial de inteligencia, tenía que saber que estaban ocurriendo abusos con el detenido. Ocurre que ni era el oficial de inteligencia ni hay prueba de que interrogó a la presunta víctima.
Algo análogo se da con el almirante Daners.
Estamos, como se advierte, en un terreno muy peligroso para la vida democrática de un país que construyó un clima de paz luego de la dictadura, sobre la base de una gran magnanimidad. Se amnistió a los tupamaros o se decretó su libertad mediante un cómputo favorable de los años de prisión. Quedaron 30 crímenes sin resolver, por los que nadie fue preso. Como es notorio se votó la ley de caducidad, a propuesta de Wilson Ferreira, que sometida a plebiscito en dos oportunidades, en 1987 y 2009, resultó ratificada. Luego hubo una disparatada ley “interpretativa” que hasta provocó la airada oposición de Fernández Huidobro y, finalmente, se “derogó” la ley de caducidad, ignorando que ya había producido efectos irreversibles. Tan grave o más que lo jurídico es la doble moral: para unos la amnistía, para los otros la prisión.
Más allá de esa clara dualidad ética, es verdad que algunos de los procesados en estos años eran realmente responsables de actos deleznables y existía prueba de ello. Luego se empezaron a decretar procesamientos sin mayores pruebas y ahora se está llegando a jóvenes oficiales de la época, que hicieron luego una destacada carrera bajo los gobiernos democráticos y llegaron a “generales” o “almirantes”. Para ello se retuercen los textos jurídicos y hasta se hacen apreciaciones políticas totalmente fuera de lugar, como decir que haber encargado a las Fuerzas Armadas el combate a la guerrilla, en setiembre de 1971, generó un “camino inexorable” hacia el golpe de Estado. Ello ocurrió, como se sabe, a 60 días de una elección, cuando se produce la irresponsable fuga tupamara del Penal de Punta Carretas y un gobierno que solo había enfrentado el tema, exitosamente, con la Policía, no tiene otro camino que apelar a las Fuerzas Armadas. Nada excusa la responsabilidad de los mandos que luego dieron un golpe de Estado, pero ningún fiscal está autorizado a hacer juicios políticos y menos sobre un hecho legal y justificado de un gobierno democrático.
Desgraciadamente, estos hechos se plantean en términos en que cualquier enfoque que no parta de la condena a priori del militar, provoca la descalificación grosera. Aun a riesgo de ella, y por un deber moral, nos sentimos en la obligación de plantear esta situación. Se ignora la ley de caducidad, ratificada por la ciudadanía y hasta se ha llegado a invocar el Tratado de Roma que, por su propio texto, no es aplicable. Lo peor es que se está condenando a militares profesionales serios por hechos de hace 50 años en que su deber les impuso actuar en dificilísimas circunstancias de tensión y enfrentamiento. Son militares que, lo afirmo en nombre de la experiencia personal, ayudaron a la reconstrucción democrática.
El Poder Judicial, al que todos particularmente respetamos, viene incurriendo en excesos de algunos jueces en diversos ámbitos. En estos temas, ha cambiado una y otra vez de opinión y adolece de episodios como los narrados. Específicamente, están actuando un solo fiscal y dos jueces. Nos duele, nos preocupa, nos genera pesar. Una sociedad uruguaya, que fue con justicia ampliamente generosa con los responsables de la violencia política de los años 60 y 70, no debe aceptar que, forzando leyes y tratados, se instale un clima de persecución que bien puede calificarse de revancha, venganza o, aun peor, de explotación demagógica.
La democracia no puede hacerse cómplice de la degradación del derecho y la justicia.
(Nota que se comparte con Correo de los Viernes) |
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