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MÁS ALLÁ DEL RÍO DE LA PLATA - ENFOQUES COMPARTIDOS
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| Enrique Guillermo Avogadro |
| Aterrada y enloquecida, ¿pero impotente? |
- “En la lucha sólo es vencido quien desiste de luchar”. Mário Soares
Oscar Wilde escribió “Ten cuidado con lo que deseas, se puede convertir en realidad”. Yo rogaba para que las bombas que el populismo kirchnerista ha cebado en la economía nacional explotaran en sus propias manos; en 2015 logró traspasarlas a Mauricio Macri quien se negó a contárselo a la sociedad para eludir dar malas noticias y, al convertir a Cristina Fernández en el sparring electoral –una especulación bastarda, dije entonces-, determinó su derrota cuatro años más tarde y el regreso al poder de la banda de saqueadores. Pues bien; ya todo ha saltado por el aire y los responsables corren con teas encendidas en el campo reseco en que han convertido al país. Con certeza, las peores imágenes de una nueva hiperinflación se harán realidad a corto plazo, con las naturales consecuencias que, en materia de pobreza y miseria tanto conocemos.
La oposición debe abstenerse de participar de la debacle, en especial porque el Gobierno ni siquiera puede ofrecer un interlocutor unívoco para participar de la mesa de negociaciones que, aparentemente, está proponiendo, so pena de resultar corresponsable del infinito desastre que el alucinado kirchnerismo ha producido. Si alguien debiera estar sentado en esa mesa soñada por los derrotados es, sin duda, la propia Cristina Fernández, único factor de poder real en la devaluada tríada que encabeza el disparatado dispositivo político ideado por ella sólo para ganar en 2019.
Este ciclo, claramente terminado, del kirchnerismo tiene un correlato aún más grave en el ánimo de la emperatriz hotelera. No es para menos, ya que sólo la amenaza de divulgar algunos complicados secretos privados de Alberto Fernández ha impedido a éste huir de la residencia presidencial como rata por tirante y dejar la papa hirviendo en sus manicuradas manos; pero nada garantiza que la frágil salud de la marioneta presidencial no lo lleve a un retiro anticipado. Si así fuera, por su riesgosa situación penal ella se vería obligada a asumir formalmente la conducción de este tan escorado Titanic para evitar ser detenida de inmediato, ya que hasta las próximas elecciones carecería de fueros; aún si llegara a ser elegida como legisladora, la persiguirá la historia de Julio de Vido, a quien la Cámara de Diputados retiró ese manto protector y voló, sin escalas, a la cárcel.
Ese estado anímico la ha convertido en una demente enfurecida, capaz de todo, incluyendo dinamitar el país, para sortear tan trágica coyuntura; esa locura es la que está detrás de los incendiarios misiles que disparan ella, el MemePresidente y sus más salvajes lenguaraces contra la Corte Suprema y, por ende, contra las instituciones de la República y su Constitución. Lo peor para nuestro futuro es que también sabe que ninguna de sus absurdas iniciativas –el juicio político a los ministros del Tribunal o la ampliación de éste a veinticinco miembros, uno por provincia- superará el obstáculo de un Congreso en el cual ha perdido tanto poder; así, para intentar conseguir sus objetivos de impunidad y absolución por la historia, deberá recurrir a otros caminos, todos ellos non sanctos, y sabemos que carece de límites.
¿Cuáles podrían ser esas sendas? Sospecho que, revestida de oposición contra su propia creatura, motorizará grandes movilizaciones “populares”, auxiliada por algunos desalmados que tanto han lucrado con la pobreza. Con una monumental pérdida del poder adquisitivo de los salarios, con los aumentos anunciados de las tarifas de energía y transporte, la mesa estará servida para la manifestación violenta del descontento popular, como sucedió en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá y hasta en Sri Lanka.
Si hubiera logrado cooptar a las fuerzas armadas, como hicieron los tiranos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, tal vez podría intentar una revolución que le permitiera permanecer indefinidamente en el poder pero no ha sido así y ni siquiera su provocada pauperización ha doblegado el espíritu de sus integrantes. Entonces, ¿qué? Lamento mi pesimismo, pero los dichos de Juan Gabrois, uno de sus más fieles transmisores, esta misma semana –habló de saqueos y de sangre en las calles- permiten imaginar cuál será la ruta elegida: un conflicto social de grandes dimensiones, inspirado y fomentado por los países que militan el “socialismo del siglo XXI”, e infiltrado por violentos armados de todo origen.
Hace mucho tiempo que, desde esta modesta columna semanal, intento alertar acerca de las fuerzas de que dispone Cristina Fernández para instalar el caos, una situación que, si bien puede resultar en cualquier cosa, siempre le permitirá victimizarse para intentar un regreso triunfal, al estilo Evo Morales, o simplemente escapar, como hizo su amigo Rafael Correa, aunque no sea a Europa y sólo pueda hacerlo a algún “paraíso” poco agradable, como Rusia o Irán. El inventario de esas “tropas” insurreccionales ha engrosado: a los limados “soldaditos” de sus socios en el narcotráfico, a los barrabravas de Hinchadas Unidas, a los asesinos y violadores del “Vatayón Militante” liberados con la excusa Covid, ahora se han sumado los criminales brasileños del Primeiro Comando Capital, los terroristas peruanos de Sendero Luminoso y colombianos de las FARC, los “asesores” cubanos, venezolanos e iraníes y, por si todos fueran poco, hasta los pseudo-mapuches de Facundo Jones Huala. Cuando observamos lo sucedido en Chile, por ejemplo, vemos algunos encapuchados quemando iglesias y destruyendo estaciones de subterráneo; a partir de ello, ganó las elecciones la izquierda, que pretende reformar la Constitución y terminar con esa república.
Nos toca vivir la agonía de este proceso tan destructivo; esperemos que Dios se apiade de nosotros y nos lo haga breve.
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Crónica de otros tiempos
Militares, jueces y un fiscal |
(Por Julio María Sanguinetti) Se ha hecho público el procesamiento, con prisión, del ex Comandante en Jefe del Ejército teniente general (R) Juan Rebollo. Se le hace responsable de un trágico episodio, ocurrido en 1974, en un enfrentamiento entre tupamaros y un grupo militar. Murieron tres jovencitas y nada menos que el jefe del grupo militar actuante, capitán Juan Gutiérrez, resultando también herido el entonces teniente Rebollo. O sea que se trata de un episodio típicamente militar.
Podría considerarse un homicidio en legítima defensa, pero —en todo caso— juzgado con el derecho vigente en esa época, por lo que se estaba ante un delito común. El fiscal reconoce ese hecho fundamental pero luego se contradice en sustancia porque aparte de ignorar hasta la prescripción del delito, reconoce que hubo un “fuerte tiroteo de varios minutos” pero luego afirma que las tres jóvenes muertas fueron fusiladas... Todas presunciones, cuando un fiscal solo puede acusar si posee la certeza absoluta de los hechos. En el caso, hasta duda de si “hubo o resistencia o no” al allanamiento pero igualmente acusa. Es muy grave, porque desde que hay leyes, in dubio pro reo, en la duda a favor del acusado.
El episodio nos importa particularmente, porque no estamos hablando de las figuras condenables de la dictadura, sino de un oficial de la democracia, como otros que sufren hoy parecidas amenazas. En efecto, al general Rebollo lo ascendimos nosotros, en 1985, y fue el primer general del gobierno democrático. Lo elegimos de la terna propuesta entonces por el Comandante en Jefe del Ejército teniente general Medina, que se apoyó en un grupo de oficiales que resultó fundamental en los difíciles equilibrios que hubo que sortear en aquellos tiempos.
En parecida situación está el general Díaz Tito, también un oficial muy afín al general Medina, que incluso fue nuestro Jefe de Blandengues. En un expediente donde se juzga un homicidio que ocurrió en otra unidad militar y mucho después, se analizan interrogatorios como si ello significara alguna responsabilidad en el episodio fatal. En el caso, se establece la presunción de que siendo él oficial de inteligencia, tenía que saber que estaban ocurriendo abusos con el detenido. Ocurre que ni era el oficial de inteligencia ni hay prueba de que interrogó a la presunta víctima.
Algo análogo se da con el almirante Daners.
Estamos, como se advierte, en un terreno muy peligroso para la vida democrática de un país que construyó un clima de paz luego de la dictadura, sobre la base de una gran magnanimidad. Se amnistió a los tupamaros o se decretó su libertad mediante un cómputo favorable de los años de prisión. Quedaron 30 crímenes sin resolver, por los que nadie fue preso. Como es notorio se votó la ley de caducidad, a propuesta de Wilson Ferreira, que sometida a plebiscito en dos oportunidades, en 1987 y 2009, resultó ratificada. Luego hubo una disparatada ley “interpretativa” que hasta provocó la airada oposición de Fernández Huidobro y, finalmente, se “derogó” la ley de caducidad, ignorando que ya había producido efectos irreversibles. Tan grave o más que lo jurídico es la doble moral: para unos la amnistía, para los otros la prisión.
Más allá de esa clara dualidad ética, es verdad que algunos de los procesados en estos años eran realmente responsables de actos deleznables y existía prueba de ello. Luego se empezaron a decretar procesamientos sin mayores pruebas y ahora se está llegando a jóvenes oficiales de la época, que hicieron luego una destacada carrera bajo los gobiernos democráticos y llegaron a “generales” o “almirantes”. Para ello se retuercen los textos jurídicos y hasta se hacen apreciaciones políticas totalmente fuera de lugar, como decir que haber encargado a las Fuerzas Armadas el combate a la guerrilla, en setiembre de 1971, generó un “camino inexorable” hacia el golpe de Estado. Ello ocurrió, como se sabe, a 60 días de una elección, cuando se produce la irresponsable fuga tupamara del Penal de Punta Carretas y un gobierno que solo había enfrentado el tema, exitosamente, con la Policía, no tiene otro camino que apelar a las Fuerzas Armadas. Nada excusa la responsabilidad de los mandos que luego dieron un golpe de Estado, pero ningún fiscal está autorizado a hacer juicios políticos y menos sobre un hecho legal y justificado de un gobierno democrático.
Desgraciadamente, estos hechos se plantean en términos en que cualquier enfoque que no parta de la condena a priori del militar, provoca la descalificación grosera. Aun a riesgo de ella, y por un deber moral, nos sentimos en la obligación de plantear esta situación. Se ignora la ley de caducidad, ratificada por la ciudadanía y hasta se ha llegado a invocar el Tratado de Roma que, por su propio texto, no es aplicable. Lo peor es que se está condenando a militares profesionales serios por hechos de hace 50 años en que su deber les impuso actuar en dificilísimas circunstancias de tensión y enfrentamiento. Son militares que, lo afirmo en nombre de la experiencia personal, ayudaron a la reconstrucción democrática.
El Poder Judicial, al que todos particularmente respetamos, viene incurriendo en excesos de algunos jueces en diversos ámbitos. En estos temas, ha cambiado una y otra vez de opinión y adolece de episodios como los narrados. Específicamente, están actuando un solo fiscal y dos jueces. Nos duele, nos preocupa, nos genera pesar. Una sociedad uruguaya, que fue con justicia ampliamente generosa con los responsables de la violencia política de los años 60 y 70, no debe aceptar que, forzando leyes y tratados, se instale un clima de persecución que bien puede calificarse de revancha, venganza o, aun peor, de explotación demagógica.
La democracia no puede hacerse cómplice de la degradación del derecho y la justicia.
(Nota que se comparte con Correo de los Viernes) |
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