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AVIACIÓN COMERCIAL - TURBINAS PRESIONANDO
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Dinacia
¿Alas U presiona para volver a volar? |
Arrecian los comentarios acerca de nuevos realineamientos entre la polémica aerolínea chilena LAW Airlines -recientemente acusada por el Ministerio del Interior de su país en la investigación sobre la creciente emigración ilegal de ciudadanos haitianos al mismo- y los ex Alas Uruguay, gran parte de cuyos tripulantes hoy trabajan en la aerolínea trasandina.
De igual forma, el temor a que, por nuestra usual mucho mayor laxitud en materia migratoria cualquier llegada de este grupo a Uruguay pudiera aparejar fenómenos similares, los ex gremialistas presentaron recursos ante la DINACIA pretendiendo recuperar el certificado de operador (AOC) y su estructura de mantenimiento (OMA).
Lo que irritaría profundamente a nuestras autoridades aeronáuticas es que la firma de este escrito, aduciendo que la acción del Estado perjudicó "la venta del capital accionario de Alas Uruguay/Dyrus S.A." corresponde a la propia síndica designada como liquidadora por el Poder Judicial -y especialista en la materia- Dra. Perla Haskel (con la cual quisimos comunicarnos), quien, según una alta fuente "cree hacer bien su labor, como si trabajar para el Fondes y esta gente fuera trabajar por el bien del Uruguay".
Extraoficialmente, se supo que el MTOP no estaría nada cercano a las posiciones de los ex gremialistas, posición que -directa o indirectamente- sería seguida por el Ministerio de Defensa en la Junta Aeronáutica Civil.
La empresa chilena, mientras tanto, y según fuentes muy allegadas a la misma, solicitaría rutas (en Boieng 737 y luego 767) a y desde Montevideo para Santiago -conexiones chilenas incluidas- Lima y el Caribe, región en la cual atiende Santo Domingo, Puerto Príncipe, y hasta la Venezuela de la que todas las líneas aéreas huyen, mientras declara su ofensa por sentirse indagada por la Policía de Chile a raíz de los trasiegos migratorios ya reseñados...
Un cuadro (al menos) muy sospechoso, máxime, cuando -ciertamente- nuestra Dirección Nacional de Migración no es de las más sagaces del continente, y nada indica que Uruguay no pueda ser blanco de emigración irregular y poco calificada desde Haití.
"El aeropuerto de Santiago -dice un piloto de LAW- cuando venimos desde el Caribe, parece una sucursal del de Puerto Príncipe, lleno de haitianos aguardando familiares y amigos..."
Javier Bonilla
Nota de Redacción:
LAW excusándose del tráfico de haitianos, mas bien se autoincrimina...
Reproducimos un comunicado de la aerolínea chilena, intentando minimizar la indagatoria policial que pesa en su país por temas migratorios, en el cual, más que excusarse, parece una autoconfesión:
En contra de quienes resulten responsables: inmigración, reputación y veracidad
Frente a la querella presentada por el Ministerio del Interior, “en contra de quienes resulten responsables por el tráfico ilegal de inmigrantes” y en la cual se desliza calumniosamente una presunta participación delictual de personas vinculadas a la línea aérea Latin American Wings (LAW), la compañía manifiesta a sus clientes y a la ciudadanía en general, que negamos enfáticamente cualquier participación o responsabilidad en hechos supuestamente ilegales que se nos adjudican en dicho escrito, cuyo contenido ha sido divulgado por algunos medios de prensa.
Lejos de estar facilitando el ingreso ilegal de extranjeros al país, nuestra compañía se dedica legalmente y con todas las autorizaciones del caso, al transporte aéreo de pasajeros de cualquier nacionalidad que presenten su documentación en regla y adquieran su pasaje, pagando por el mismo. En dicha operación, no nos corresponde obligación ni responsabilidad alguna respecto de las motivaciones de sus viajes, de sus actividades antes y después del desembarco de la aeronave y mucho menos de fiscalizar el cumplimiento por parte de los pasajeros del itinerario de regreso contratado. Así las cosas, no cabe otra conclusión, que quienes velan por la idoneidad de la salida de un territorio y del ingreso a otro, son las autoridades migratorias de cada país y no una aerolínea en particular.
De acuerdo a lo anterior, la “acusación” temeraria de que LAW sería responsable del aumento en un 35% de ciudadanos haitianos en Chile, los que habrían ingresado como turistas pero con fines de residencia, no admite análisis, siendo este hecho (el ingreso al país) precisamente de responsabilidad (a través del Depto. de Extranjería) del mismo Ministerio del Interior.
La propia Policía de Investigaciones (también dependiente del Ministerio del Interior) ha declarado públicamente, que la explosión de ingreso al país de ciudadanos haitianos, se produjo entre julio de 2015 a mayo de 2016, en circunstancias que LAW comenzó sus operaciones a Puerto Príncipe el 9 de mayo del año pasado, es decir, después del masivo aumento en el ingreso de ciudadanos haitianos a Chile.
Según cifras del Consulado de Haití en Santiago, durante 2016 ingresaron cerca de 50.000 ciudadanos haitianos. Estos ingresaron a través las líneas aéreas Avianca, Copa Airlines, LATAM y LAW, pero lo cierto es que en torno al 25% de la cantidad antes mencionada lo hizo a través de nuestra aerolínea, razón que hace aún más inexplicable la conducta acusatoria empleada por el Ministerio del Interior en su querella y la falta de rigor periodístico de los medios de prensa que la han propagado con sensacionalismo en sus plataformas.
Respetamos y creemos en la independencia y libertad de los medios de prensa, sin embargo
estimamos que para una sana convivencia dentro de la sociedad, se deben informar noticias
basadas en hechos verídicos y comprobados; y no conjeturas o suposiciones que puedan
dañar la reputación de las personas o de una empresa en particular.
En dicho contexto, lamentamos profundamente que ciertos medios de comunicación se
hicieran partícipes de la difusión de la mencionada querella del Ministerio del Interior,
magnificando tendenciosamente su contenido, irresponsabilidad que se ve agravada por el
hecho que la querella no ha sido siquiera admitida aún a tramitación por el Juzgado de
Garantía competente, poniendo un manto de duda respecto a la reputación de la aerolínea,
afectando gravemente la operación y la honra de sus controladores, ejecutivos y
colaboradores, lo que nos parece de la mayor gravedad.
En efecto, por ejemplo, en uno de los reportajes de televisión que cubrió el tema, se hacía
mención a unos “sospechosos” sobres amarillos que portaban los ciudadanos haitianos que
viajan en LAW, aduciendo que estos tendrían que ver con la facilitación del tráfico de
personas. La verdad, es que dichos sobres son entregados de forma particular y coordinada,
por el Departamento de Extranjería de Haití o por las Agencias de Viaje que venden los
pasajes, en los cuales los ciudadanos haitianos llevan los documentos legales necesarios
para el ingreso a Chile y que son exigidos por las autoridades migratorias del país caribeño
para poder abordar un avión con destino al extranjero, razón por la cual, LAW no tiene
ninguna vinculación con la entrega o elaboración de dichos sobres, cómo maliciosamente se
quiso dar a entender.
Causa preocupación igualmente que el abogado del Ministerio del Interior que patrocina la
querella, declare en televisión que a través de la acción judicial (dirigida claramente en
contra de quienes pudieren resultar responsables en nuestra empresa), se busca determinar
quiénes son los “coyotes”, es decir, quiénes atraen a los inmigrantes de forma ilícita a un
país.
Es más, frente a los medios señaló que el ingreso per cápita de Haití no permite la compra
de pasajes aéreos, afirmación que nos parece absolutamente tendenciosa e ignorante de la
realidad de estos ciudadanos haitianos y sus familiares y amigos en Chile que, con mucho
esfuerzo compran sus pasajes de manera libre y voluntaria -entre otras- a nuestra compañía
(existiendo una sana competencia de oferentes en dicho mercado); y que cumplen con
todos los requerimientos dispuestos por las policías internacionales, por lo cual nosotros no
podemos negarles la adquisición de sus pasajes.
Por último, y producto de la discusión que se ha generado en torno a la inmigración en Chile
a raíz de la llegada de ciudadanos haitianos, nos parece necesario que el Gobierno y las
autoridades correspondientes legislen a la brevedad posible una nueva Ley de Migraciones,
que se adapte a los requerimientos actuales y que regule los cambios que se estimen
necesarios, tanto para quienes deseen ingresar a Chile, como para aquellos que operamos
en la industria del transporte de pasajeros internacionales, a quienes por el momento no
nos queda más que apegarnos a la actual legislación. En LAW siempre estaremos disponibles
para contribuir a que se genere una discusión constructiva y una sana competencia, que con
altura de miras aporte a solucionar las distintas temáticas de la industria. |
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IMPUNES
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Deteriorada como nunca en la historia del país la imagen de los partidos políticos, a son y compás de un gobierno de corte populista que prepara y embauca a ciudadanos carenciados para que lo respalden con el voto, en las redes sociales se levanta un tsunami de críticas a toda esta gestión maquiavélica gubernamental, parlamentaria y judicial, que ha llegado a un grado de descomposición y decadencia como jamás se ha visto en la historia de nuestros sucesos.
Vaciados los bolsillos de la población debido al despilfarro continuado que caracterizó al gobierno del Frente Amplio en todas sus versiones, con una deuda externa que supera los cincuenta mil millones de dólares, (con todas las letras para que no se confundan los ceros), la plata se acabó. A tal punto, que está en riesgo, también, la política de pan y circo, chorizo y fútbol, aplicada con buen suceso por el gobierno frenteamplista de todos los tiempos.
Setecientos mil compatriotas hacen maravillas para no sucumbir, con entradas mensuales en el orden de los doce mil pesos, -equivalentes al ingreso diario de un legislador-, en tanto a nivel de pequeñas y medianas empresas es un hecho cotidiano que vayan cerrando puertas en toda la república.
No se puede respirar; tocamos fondo, mientras la orquesta de Astori desafina y desangra nuevos impuestos que avanzan sobre los casinos. No satisface, no alcanza, y entonces incrementa puntos de la tasa consular, desvío que en muy breve lapso nos traerá problemas con Argentina y Brasil.
A toda velocidad, imparable, la primera consecuencia de la aplicación de la ley de inclusión financiera será esclavizar sin atenuantes al pueblo uruguayo, entregándolo atado de pies y manos a la arbitrariedad de las corporaciones, en este caso la banca internacional.
La libertad individual quedará definitivamente relegada; nos “bancarizarán” por decreto. Desde la soledad del mando, el presidente de la república y su corte de mequetrefes insisten en deslizar sutilmente que la no bancarización obligatoria promueve la evasión impositiva.
Hierven las redes sociales ante tamaño despropósito y avasallamiento.
El silencio cómplice de la casta política, donde desaparecieron hasta los matices diferenciales, subordinados a salarios de excepción que están en tela de juicio y que pueden verse comprometidos, -hasta allí llega hoy el ojo ciudadano-, es un hecho comprobable. Basta advertir la cautela con que responden a entrevistas periodísticas convenientemente digitadas.
Quedó en el tiempo, para la mejor historia, la opción ejemplar de Artigas ofrecida a los diputados orientales en 1813, en manifestarse sobre la conveniencia de reconocer a la Asamblea Constituyente de Buenos Aires “por obediencia o por pacto”.
De la mano de ciudadanos que vilipendian la entrega de la soberanía individual y colectiva, arraigada en conductas principistas que otrora señalaron el camino, las redes sociales se levantan revolucionarias en el pensamiento y en la acción, decididas a frenar un gobierno alzado, y a enmendar el referido silencio cómplice y desahogado de diputados y senadores lechuguinos que integran la mal denominada oposición.
El whatsapp sirve a los intereses populares. Miles de compatriotas se han levantado en firmas para promover un plebiscito que liquide las veleidades de reforma y de esclavitud promovidas por la bancarización obligatoria.
Otras reacciones populares y movimientos en las redes, multitudinarios, que se “viralizan” a grados superlativos, constituyen vías de escape y expresión colectiva a la impunidad, corrupción y desborde que exhibe el gobierno frenteamplista.
En toda la república, en casas de familia y sedes centrales de pequeñas y medianas empresas, están a la firma las papeletas que promueven plebiscito, instancia última en la defensa del ciudadano ante el desborde institucional que promueve el gobierno, alzado contra el pueblo y contra la Constitución.
Olvidó el mandamás que su autoridad emana de la ciudadanía, y que cesa ante su presencia soberana.
Ricardo Garzón
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