• "Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos". Eduardo Galeano
  

Hay preguntas flotando en el ambiente que aún no han encontrado respuestas pese a que ya la Argentina cambió de gobierno, y de modos, hace ya ciento cuarenta días. En general, esos interrogantes se vinculan a los jueces federales que reinan en Comodoro Py, pero otros también alcanzan a la sociedad en general. Como es bien sabido, esos personajes, muchos de ellos tan corruptos como quienes quedan sometidos a sus juicios, tienen narices que envidiaría el mejor de los perfumistas, y son capaces de percibir los efluvios con enorme anticipación respecto al resto de los mortales.
Entonces, si los tiempos ya son otros y el olor a podrido que surge por episodios de las cloacas del kirchnerismo está incidiendo tan fuertemente en la sociedad, que clama por la cárcel de los culpables de tantos males y por la recuperación de los fondos robados, ¿por qué aún hay jueces -Rafecas, Lijo, Rodríguez, Canicoba Corral, Casanello, etc.- que se dan lujos tales como demorar hasta el infinito la producción de pruebas y los allanamientos que se les piden, atomizar las causas para evitar la unificación de las investigaciones o, simplemente, rechazar aquéllas que consideran "complicadas" para que no recalen en sus juzgados? El espejo que nos presenta Brasil con el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff guarda, con nuestra realidad, una similitud altamente preocupante: la mayoría de quienes juzgan -allí, legisladores y, aquí, magistrados- están tan corrompidos como los mismos acusados; como dijo Jorge Lanata, basta con usar Google Earth para comprobarlo. Pero donde nuestros vecinos juegan con una gran ventaja es, precisamente, en el Poder Judicial, al que nadie cuestiona desde el punto de vista moral. 
¿Cómo puede ser que, por las mismas razones, Lázaro Bóvedas Báez esté preso y su hijo Martín siga en libertad, pese a que su detención podría llevar a sus padres a entregar la llave que abra, finalmente, la caja de Pandora de los negocios de la obra pública y del lavado de dinero? ¿Por qué Sebastián Tortuga Casanello demora tanto los allanamientos como para transformarlos en inocuos al momento en que se decide a realizarlos? ¿Cómo continúan libres Cristóbal Timba López, después de robar millones de nuestros impuestos, o Anímal Fernández, a quien ya no le cabe una acusación más? La responsabilidad final de este desquicio es del Consejo de la Magistratura, con mayoría oficialista, que debiera comenzar a auditar ya mismo la actividad de los juzgados federales, y sancionar a los jueces remolones o distraídos. ¿Este proceso parecido a mani pulite irá hasta el hueso, donde se encuentran Cristina y muchos empresarios, o será una mera parodia, como sostiene Carlos Pagni? 
Las respuestas se vinculan al escenario político, donde Mauricio Macri compite, ya directamente, con Cristina Kirchner, a la que todos -funcionarios irresponsables, sacerdotes imbéciles, policías ausentes y periodistas de todos los pelajes- han permitido recuperar una marcada centralidad. A mero título de ejemplo, baste recordar cómo protestábamos por los prolongados abusos que la ex Presidente hizo de la cadena nacional mientras que esta semana, cuando ya no disponía de ella, todos los canales y radios transmitieron en directo sus apariciones y los diarios le dedicaron miles de centímetros, la seguridad de sus traslados quedó en manos de La Cámpora y los malintencionados curas de la "Opción por los Pobres" le permitieron exhibirse en una reunión celebratoria con aquéllos que están en la miseria precisamente por obra y gracias de ella y su cohorte de bandidos. 
Mientras el Gobierno intenta morigerar los efectos sociales del inevitable ajuste al que lo condenó la emperatriz del Calafate, y creo que lo logrará a partir de la salida del default que concretó esta semana, los afectados por la monumental inflación recuerdan los tiempos felices de tarifas inexistentes y subsidios a la bartola que dejó la década relatada, ignorando -porque se buscó mantenerlos sin capacidad de raciocinio- que sus padecimientos actuales no existirían de no haberse consumado el enorme latrocinio de los Kirchner. 
Si hay una culpa grave del nuevo régimen, está constituida por la falta de comunicación adecuada. Hubiera debido ser el propio Mauricio Macri quien explicara con total claridad y detalle en qué condiciones recibió el Estado, el por qué de la necesidad de terminar con el déficit fiscal y de adoptar medidas antipáticas, dónde estamos hoy, dónde espera que nos encontremos a mediano plazo y qué se deberá hacer para lograrlo; no basta, evidentemente, con las breves frases, que suenan a voluntarismo, que el Presidente pronuncia en cada oportunidad para intentar tranquilizar a quienes ven declinar su nivel de vida todos los días. Las encuestas marcan una fuerte merma en su popularidad, palabra que, aquí y en todo el mundo, se traduce en gobernabilidad. 
Pero también hay otras preguntas de las que todos debemos hacernos cargo. ¿Por qué ninguno de los periodistas, expertos, psicólogos y padres que opinaron sobre la muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica relacionó lo sucedido con la efedrina, el precursor esencial de las drogas sintéticas causantes de la tragedia? Ese producto tiene, como todos recordamos, una trágica historia en nuestro país, que comenzó a salir a la luz con el triple crimen de General Rodríguez y que, pese a que no hubo una fuerte reacción pública, alcanzó a Anímal y a los traficantes que conducían, por entonces, la Sedronar; ¿a nadie se le ocurrió vincular el contemporáneo y explosivo crecimiento del consumo de estas drogas con ese negocio kirchnerista? Por otra parte, tampoco se conoce aún el resultado de la investigación, a cargo de la Juez Servini de Cubría, sobre el financiamiento de la campaña electoral de "Cristina, Cobos y Vos" en 2007 (¡hace ya nueve años!) por los laboratorios que  importaban la substancia para contrabandearla a México. 
¿Cómo puede ser que, cuarenta y un años después, tribunales integrados por canallas pongan en marcha las parodias de juicios a los militares que combatieron en el Operativo Independencia, aquél que, por orden de un gobierno constitucional, evitó que se transformara a la Provincia de Tucumán en un Estado beligerante con reconocimiento internacional, como pretendían los terroristas del ERP? Los asesinos de -entre muchos otros- el Capitán Viola y su hija de tres años son ahora fiscales y testigos, y eso cuando no integran el propio tribunal.  Mientras tanto, el Gobierno y la sociedad siguen ignorando el tema, que sólo puede tener una solución política. La gran pregunta es hasta cuándo lo harán, ya que se acercan a cuatrocientos militares, policías y civiles muertos en cautiverio. 
Creo que el proceso de moralidad y decencia de la política -y la limpieza de la Justicia- es imparable, y no sólo en la Argentina; toda la región está soportando similares efectos. Ojalá acierte con mi optimismo, cualquiera sea el costo que debamos pagar por ello porque, como dijo Valerio Massimo Manfredi, "La ley pone remedio a los defectos y a las imperfecciones de los individuos, limita los conflictos y la competencia, premia la voluntad de hacer y de sobresalir, alienta a los fuertes, apoya a los débiles. En una sociedad semejante no es una vergüenza ser humilde y pobre, sino no hacer nada para mejorar la propia condición".