La tragedia de Dolores y las inundaciones en varios departamentos despertaron solidaridades siempre latentes. Todos, de una u otra forma ayudaron. Se dispararon cientos de expresiones de la sociedad civil, especialmente de jóvenes, que prendieron fogones de ayuda juntando tanta ropa y alimentos que desbordaron las necesidades. Hubo una, sin embargo, que más que ayuda pareció una enorme cachetada a la razón y a la inteligencia: el avión de Alas U que trasladó a Durazno donaciones del Pit-Cnt.
Esa “vela prendida al socialismo” que según el inefable Mujica fue el Fondes, subsidió una experiencia riesgosa como es la de fundar una empresa aérea de bandera que absorbiera a algunos trabajadores de la ex Pluna. Uno de los rubros más competitivos comercialmente es el de las empresas de aviación. La batalla de las aerolíneas reserva ese mercado para poderosas empresas que compiten descarnadamente por líneas y frecuencias y en ese camino se asocian para ser más grandes y posicionarse mejor.
La historia de Alas U es bien conocida y su futuro incierto, también. Muchos millones de dólares puestos por los uruguayos en préstamos y varias extensiones del seguro de paro para cientos de trabajadores es el costo, por ahora. Era un desafío muy difícil y solo la tenacidad de sus funcionarios, que fue admirable, y las facilidades económicas y financieras que todos los uruguayos aportamos, su único soporte.
En el medio de las dificultades que Alas U tiene, el vuelo a Durazno de la pasada semana opera como una burla para todos. Es obvio que se intentó congraciar a la ciudadanía con ese gesto, pero el efecto fue exactamente el contrario. Nada justifica que para recorrer 180 km de distancia trasladando mercaderías donadas, se requiera poner un Boeing 737, gastando decenas de miles de dólares de una empresa que está muy comprometida y que nació por préstamos sociales (de la sociedad uruguaya) que nunca se saldarán.
Hay un límite entre la solidaridad y la tontería, y aquí se pasó. Para hacer el traslado alcanzaba con algún viaje de camión que por unos pesos cargara el gasoil y le diera un buen viático al chofer y unos acompañantes para en algún lugar de la ruta 5 se tomara un refresco, se alimentara y en dos horas estar en destino. El viaje en avión a Durazno es una burla que no solo no muestra solidaridad, sino que golpea en un país que ya vio derroches majestuosos en empresas públicas fundidas por la desidia, la politiquería, el amiguismo y la corrupción y ahora ve cómo le toman el pelo gastando innecesariamente decenas de miles de dólares, de una empresa subsidiada, para hacer lo que por unos pocos pesos se podría haber hecho en forma más racional y respetuosa de la gente.
La justificación de una aerolínea de bandera se debe hacer por la eficiencia en la administración de recursos y el buen servicio que le permita subsistir en un mundo muy competitivo. En definitiva, Alas U vuela por dinero público, el mismo que ahora hace falta para ayudar en la emergencia social y productiva por la que atraviesa buena parte del Uruguay. Gastar miles de dólares de ese dinero en un vuelo absolutamente injustificable, solo movido por razones políticas, es una enorme falta de respeto, por lo menos eso.
Ese vuelo fue una parodia de mal gusto en el medio de una ola de solidaridad anónima de miles de uruguayos, de la que sí hay que estar muy orgullosos.

“Un vuelo de Alas Uruguay trasladó hasta Durazno las donaciones recogidas por el PIT-CNT para los damnificados por las inundaciones que registra ese departamento”.
“La aerolínea de bandera que es gestionada por los trabajadores ofreció sus servicios a la central obrera. El vuelo partió desde Montevideo al mediodía de este sábado y llegó al aeropuerto alternativo de Santa Bernardina esa tarde”. (El Observador Domingo 24.04.2016).
La noticia que reproducimos, salvo por el matutino que la publicó, no ha generado mayores comentarios, hecho que atribuimos al estado emocional de todo el pueblo uruguayo, que se ha manifestado en enormes y hasta emotivas contribuciones a las víctimas del tornado y de las inundaciones.
En los hechos, si la ciudad de Dolores estuviera aislada por tierra y la única forma de hacer llegar ayuda fuera vía aérea, todos estaríamos de acuerdo con ello al costo que fuera.
Obviamente, priorizando la ayuda por medio de aviones y helicópteros de la fuerza aérea, lo que además redundaría en la suma de horas de vuelo para los pilotos, tan limitada por razones presupuestales.
También, podría haberse enviado esa ayuda por medio de camiones, colaborando de paso con el sector del transporte, que no olvidemos ha protestado, apoyado por el Pit Cn, por el uso de transportes brasileños para el transporte de cal a Candiota. Incluso esos camiones podrían incluir, si lo que se buscó era propaganda, el logo de Alas U bastante más visto en carreteras que en el aire.
Pero aún más , si se resolviera utilizar los fondos relacionados con el costo de movilizar un avión en donaciones de cemento por ejemplo, también estaríamos de acuerdo.
Cabe preguntarse: ¿Cuál es el costo de movilizar un Boeing 737-300 programado para el transporte de pasajeros y no de carga para realizar un vuelo total entre ida y vuelta de 360 Km, en un tiempo aproximado también total de 30 minutos?
En ese costo, sin mayores conocimientos sobre el tema debe incluirse: combustible, uso de pistas, horas de vuelo que como en el caso de las cubiertas tiene límite, tripulación etc.
En circunstancias que se conoce que Alas U está solicitando una nueva inyección de capital de U$S 6 millones, a la vez que busca un socio para continuar operando, a quien le ofrece como atractivo principal la frecuencia Montevideo-Buenos Aires, lo que es indicativo de una situación financiera más que precaria, nos parece que la acción desarrollada, no solo es desproporcionada desde el punto de vista económico financiero sino indicativa de lo del título: una escandalosa falta de criterio y desaprensión. (Fuente: CORREO DE LOS VIERNES)

En Uruguay operan bajo la supervisión del Banco Central del Uruguay (BCU) los bancos oficiales - Banco de la República y el Banco Hipotecario-. Los bancos privados - Bandes, Bilbao Vizcaya Argentaria, De La Nación Argentina, Itaú, Santander, Banque Heritage, Citibank N.A., Hsbc Bank y Scotiabank-.
Integran también el colectivo vinculado al manejo de dinero, las Casas Financieras, las Instituciones Financieras Externas, las Cooperativas de Intermediación Financiera (Furecep), las empresas administradoras de ahorros previo (ACFOR, Consorcio), las Casas de Cambio, las empresas administradoras de crédito, los representantes de Entidades Financieras del Exterior, las empresas de servicios financieros, las empresas de transferencia de fondos y los prestadores de servicios de administración, contabilidad y procesamiento de datos, auditores externos, calificadoras de riesgo y firmas y profesionales que suscriben informes de LAFT(prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo), las AFAPs, las compañías de seguros y el Mercado de Valores.
Según el informe de la Superintendencia de Bancos a marzo 2016, el crédito a las familias para plazos menores a 30 días aplicó una tasa de interés promedio en moneda nacional de 27.9%, entre 30 y 366 días 60.9%, sobregiros 71.4%, y tarjetas de crédito 73.1%. Para dólares fueron respectivamente: 5.6%, 5.2%, 8.5%, 7,1% y 10.9%.
También a marzo 2016, la tasa de interés promedio mensual en moneda nacional para el Consumo fue de 32.5% para créditos autorizados y 81.9% para no autorizados con antelación a su uso. Para el financiamiento de Automóviles fue del 23.7%, y en Vivienda el 6.8%.
La otra cara, es decir, los depósitos que financian estos préstamos, nos muestran que la tasa promedio mensual pagadas a las personas por el sistema a marzo 2016 por depósitos en moneda nacional fueron a 30 días 6.8%, entre 30y 60 4.6%, entre 61 y 90 días 5.2% y entre 181y 366 días 7.4%. Sin embargo, el BCU paga a los bancos tasas de casi el 15% anual en moneda nacional por la colocación de Letras de Regulación Monetaria para controlar la cantidad de dinero en circulación en manos del público.
Además del sistema financiero que controla el BCU, existen muchas empresas prestadoras de dinero, cooperativas de ahorro y crédito, empresas como Pronto, Creditel, e innumerables comercios que tienen también su sector prestador de dinero, sumándose la CJPPU, el BPS, CB y otros, como así también prestamistas particulares, etc., todos ellos no controlados por el BCU dado que no encuadran dentro de la categoría de intermediarios financieros, es decir, prestan su propio capital.
Prestar dinero a las personas es el negocio más rentable desde hace mucho tiempo, tantos para los que integran el sistema como los que se encuentran fuera. De hecho el BROU ha obtenido sus más jugosas ganancias de los últimos años a través del mal llamado préstamo social cuando en realidad se trata de un verdadero préstamo a los bajos ingresos recibidos por el prestatario en su actividad o pasividad.
La financiación en cuotas de electrodomésticos las tasas de interés implícitas supera el 40%.
Si el mercado de trabajo se encuentra con bajos índices de desempleo la probabilidad de obtener -por parte del prestamista- la cancelación del préstamo es alta, mientras que cuando comienza a subir el índice de desocupación como en la actualidad, los préstamos impagos comienzan a aumentar. Pero, el negocio es tan bueno, que lo único que sucederá será la disminución de las ganancias anuales del prestador ya que el mismo llevará al deudor al clearing de informes o a su embargo judicial esperando que este se recupere con nuevos ingresos.
Esta triste realidad de altas tasas de interés en moneda nacional, las que arbitradas a dólares alcanzan a mínimos de 50% en dólares para tarjetas de crédito en el financiamiento del consumo, está perjudicando a la mayoría de la población que no cuenta con los recursos suficientes para afrontar un inicio del año escolar o liceal, compra de medicamentos, etc.
El país de primera propuesto debe revisar esta ensalada y formular una combinación acorde a la defensa del consumidor y la de los trabajadores procurando establecer un coste de financiamiento razonable.

El pasado martes, en conferencia de prensa, el Ejecutivo informó el balance 2015 de ANCAP.  Como era de suponer, generó nuevamente pérdidas que ascendieron a doscientos millones de dólares. En los últimos años de gestión, la ineptitud e incapacidad de quienes la dirigieron, generó pérdidas por mil millones de dólares. Imagínense todo lo que se podría haber hecho con ese dinero, teniendo en cuenta los desastres generados  por el tornado y las inundaciones en casi todos los departamentos. Sin considerar todas las obras de infraestructura necesarias para que el país pueda mejorar. Quienes actualmente están al frente del organismo, siguen con la misma excusa de quienes los precedieron: “el aumento del dólar”.
Se supone que conocen el tema y parecen no darse cuenta que mientras el organismo tenga colaterales como la producción de cal y de portland que generan pérdidas, será muy difícil cambiar el rumbo. Todo esto a pesar que estamos pagando el combustible más caro del mundo, pues en ningún momento consideraron la pronunciada baja del barril de petróleo y sólo hicieron una rebaja miserable.
Hasta ahora ningún integrante del gobierno sale a  reconocer los horrores cometidos, sólo algunos simpatizantes de la izquierda, lo han dicho en forma pública y por haberlo hecho, han sido criticados.
La izquierda hace lo más simple: barre debajo de la alfombra. Todo esto comenzó cuando en el gobierno de Mujica, había plata en abundancia y el MPP quería catapultar como candidato a Raúl Sendic (ex licenciado). Le dieron vía libre para que gastara y éste decidió crear un montón de empresas, cuya viabilidad no tenía ni idea. Dilapidaron millones de dólares de modo que el candidato, apareciera cada tanto en la prensa, inaugurando obras. El Frente siempre dijo que pondría a los más capaces, en los distintos organismos. Muchos piensan que quien lo recomendó tiene principio de alzheimer.
Que una empresa monopólica genere estos problemas, sólo puede pasar en Uruguay, aunque no es de extrañar, pues el Frente también logró que los casinos dieran pérdida. Con seguridad vamos a figurar en el libro Guiness.  
Estoy seguro que muchos uruguayos, al igual que yo, estarán pensando: ojalá la biología acompañe en buena forma al presidente Vázquez durante el resto de su mandato, de lo contrario si caemos en manos del vicepresidente, el Uruguay termina con bandera roja de remate.

Prevalece en esta era, una visión que afirma que las leyes pueden resolver cualquier problema. Esta falacia se ha instalado, no solo en la política sino también en buena parte de la sociedad que las demanda. Parece que jamás se ha comprendido, con claridad, la naturaleza y la esencia de las normas.
Muchos dirigentes políticos depositan abundantes energías en imaginar novedosas reglamentaciones que modifiquen la calidad de vida de todos, sin entender que las conductas no se transforman artificialmente. Ellos adhieren a esta necia postura de suponer que una ley todo lo puede.
En estos países, pululan a diario intentos de legislar sobre cualquier asunto. Ninguna jurisdicción logra escaparse de este molde general y caen, irremediablemente, en este eterno juego. Esta actitud obsesiva de los legisladores no distingue partidos. Todos creen en la omnipotencia del Estado, que impone reglas haciendo que la gente se someta a ellas sin más.
Es la ley la que debe interpretar a la sociedad, ajustándose a sus valores y no al revés. En estas comunidades, los legisladores suponen que pueden establecer reglas importadas, incompatibles con la idiosincrasia local y así producir genuinos cambios de hábitos, que permitan vivir en una sociedad desarrollada, gracias a su gigante creatividad e interesantes normas.
Por eso abundan, en estas latitudes, tantas leyes que pretenden fijar precios, impedir la comercialización de productos o regular la distribución de otros. Esos políticos creen que pueden controlar la economía y subordinarla a sus caprichos. Están convencidos de que, desde sus escritorios, pueden obligar a todos a obedecerlos, porque la razón y la verdad los asiste.
La economía se rige por un complejo sistema de estímulos. Cuando la legislación interfiere, altera no solo los precios relativos, sino que genera múltiples daños y consecuencias inimaginables para ese legislador. Sus claras limitaciones intelectuales y morales le impiden comprender que la interacción voluntaria entre los hombres no es objeto de su tarea cotidiana.
Pero eso no solo sucede en la economía, sino también en el resto de las manifestaciones individuales. Nadie deja de consumir estupefacientes, aborta, pasa un semáforo en rojo, se prostituye o porta armas, porque la legislación lo prohíbe. Razonar de ese modo es desconocer a la humanidad. Las personas toman decisiones en función de otros paradigmas diferentes.
Las leyes pueden intentar amedrentar pero, en casi todos los casos, solo consiguen que esas mismas acciones igualmente se concreten, pero en ambientes de mayor marginalidad, criminalizando sus determinaciones.
Los seres humanos solo evolucionan cuando aprenden, maduran, reflexionan y toman decisiones voluntarias totalmente conscientes y no cuando el Estado los amenaza con multas, penalidades o prisión.
No es que no se pueda legislar sobre absolutamente nada, pero es importante comprender que el trillado "respeto a las leyes" no se consigue arrodillando a la sociedad con rigor. El respeto se gana, nunca se impone. Si la idea es infundir temor, miedo, pánico y terror, esas no parecen ser las mejores alternativas para construir una comunidad pacífica y civilizada.
La sociedad en general está dispuesta a cumplir normas que coinciden con su matriz moral. La prohibición de matar, es compatible con esa convicción de que cada uno debe decidir por sí mismo que hacer con su cuerpo. Bajo esa perspectiva resulta inadmisible que otro pueda disponer de ella a su arbitrio. Así se explica el elevado consenso de esta norma.
Algo similar ocurre con el robo. La mayoría comprende el concepto de la propiedad privada, aunque últimamente haya relativizado esa creencia. La gente entiende que apropiarse del fruto del trabajo ajeno no es ético y por eso aprueba que cualquiera que transgreda ese principio sea sancionado.
Es evidente que se viven en el presente tiempos de "inflación legislativa". Muchos actores de la política contemporánea pretenden contener la subida de precios, evitar despidos, extender la expectativa de vida, erradicar enfermedades y eliminar adicciones apelando a las leyes. Si realmente esas herramientas fueran efectivas y sus teorías tuvieran algún correlato empírico con la realidad, la humanidad seria rica, joven y feliz por decreto.
Claro que muchos adhieren a esta visión por conveniencia y no por ignorancia. Una parte importante del "negocio" de la política se sustenta sobre la idea de que la sociedad esté convencida de que la legislación salva vidas, enriquece a las personas y las hace mejores. Si esa tesis no tuviera adeptos, probablemente, muchos de los burócratas no tendrían salarios, y no podrían vivir entonces a expensas del trabajo de los demás.
Pero no menos cierto es que otro  sector de la sociedad cree ingenuamente en estas mentiras y alienta estos reprochables comportamientos de la política. Son muchos los ciudadanos que les exigen a los dirigentes que bajen los precios, generen empleos y que los jóvenes jamás se droguen, como si estos tuvieran en sus manos una varita mágica para lograrlo.
Es la peor combinación. Una sociedad irresponsable que delira con soluciones facilistas en complicidad con una clase política manipuladora que aprovecha esa candidez para atraer votos con estos disparates.
Mientras tanto, no solo no se resuelven los problemas sino que estas maniobras dilatorias hacen que finalmente nadie se ocupe seriamente de las cuestiones de fondo, de esas donde realmente se pueden mitigar impactos. Las normas no solo no aportan soluciones eficientes, sino que además desenfocan y postergan el abordaje correcto de las problemáticas actuales.
Si la sociedad desea cambios en positivo, debe comprender las verdaderas motivaciones que explican las conductas humanas y ponerse a trabajar con sensatez, sin delegar en terceros sus responsabilidades, intentando convertirse en genuinos agentes de cambio e inspirando a otros a imitarlos.
La ideología imperante que invita a redactar leyes a mansalva es una gran ilusión, un absoluto fraude. Pero, evidentemente, es funcional a una sociedad profundamente desorientada y a un sistema político procaz que promueve este espejismo de la mano de esta perversa manía de legislar.