La recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI) -en pesos corrientes- por el período 2005/2009, cuya administración estuvo bajo el mando del oncólogo T. Vázquez fue de 1.25 veces el importe recaudado por las anteriores cuatro presidencias (Sanguinetti-Lacalle-Sanguinetti-Batlle). La recaudación mencionada no incluye los ingresos recaudados por los aranceles del comercio exterior, la recaudación del BPS ni las ganancias de las empresas públicas aportadas a rentas generales.
El gobierno de Vázquez recaudó $ 520.380.352.792 en cinco años (2005/2009)  y las anteriores administraciones desde 1985 al 2004, o sea, 20 años, apenas recaudaron $ 416.301.403.815.
El primer gobierno socialista recaudó 358 veces más que el primer gobierno de Sanguinetti y 21 veces más que el gobierno de Lacalle, mientras el oncólogo como Intendente de Montevideo subió todas las tasas municipales, patentes de rodados, y contribuciones inmobiliarias recaudadas por la IMM para entre otros gastos crear los burocráticos Centros Comunales.
Entre  2005  y  2006    - los dos primeros años del gobierno socialista -     Vázquez, recaudó
$ 162.241.210.161, mientras  que  en  los  años  2010 y 2011 el gobierno tupamaro-comunista de Mujica recaudó $ 328.267.231.771, o sea, 2 veces y un poco más que en el período anterior.
Sin embargo, con tanta abundancia de recursos fiscales obtenidos desde 2007 por la aplicación de la “Reforma Tributaria – Astori-IRPF-IASS), con una economía signada por una alta demanda externa de nuestros commodities y excelentes precios como nunca antes había ocurrido en la historia del Uruguay, las administraciones de izquierda aprobaron faraónicos presupuestos de gastos que no fueron capaces –y aún no lo son - de mostrar resultados satisfactorios en la mayoría de los indicadores sociales (Salud, Educación, Seguridad y Vivienda), ni siquiera contar con la mínima satisfacción de los trabajadores públicos y privados.
En macroeconomía, es moneda corriente que los gobiernos de cualquier nación a lo ancho y largo del planeta muestren a efectos estadísticos y como datos del buen o mal desempeño, el Resultado Fiscal Consolidado como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de cada año.
Así, por ejemplo, el déficit fiscal del año 2009 fue de 1.7% del PIB y en 2010 fue el 1.1%.
Si ese mismo déficit fiscal lo relacionáramos con otro indicador como por ejemplo los Ingresos Totales recibidos por el gobierno central durante un año, tendríamos resultados sorprendentes. En el año 2009, el déficit fiscal fue de 10.50% (us$840 millones) respecto al total recaudado por el gobierno y en el año 2010 el 14.50% (us$ 1.350 millones). O sea, el gobierno, gastó más recursos que los recibidos y financió los mismos con el impuesto inflacionario y  nuevos préstamos por un total de $840 millones de dólares en 2009 y us$ 1.350 millones de dólares en 2010 que heredamos todos los uruguayos y continuaremos heredando estos años como resultado de la pésima gestión demostrada por la izquierda.
Gran parte de los economistas considera que la política fiscal y la monetaria son adecuadas si aumentan el PIB, pero no preguntan si esas mismas políticas aumentan o reducen el bienestar de los habitantes de la nación. El caso PLUNA, es un caso con más gastos que aumentan el PIB pero disminuyen el bienestar. Si en lugar del PIB, nos preguntáramos: ¿cuánto costará y cuánto valor creará cada política de gobierno?, nos acercaríamos mucho más  al real estado de bienestar de la nación y podríamos hablar de cuán cerca o lejos estamos del prometido país de primera de la fórmula Mujica-Astori.
Desde 1982 al 2011, todos los años finalizaron con déficits fiscales y sólo como excepción los años 1992 y 1994 (Administración Lacalle) el Uruguay conoció el superávit fiscal.
Y en estos días, ha aparecido un nuevo proyecto de ley que habla de la creación de un fondo nacional de indemnización con el propósito de reparar a las víctimas de la violencia que pagará Juan Pueblo a través de un impuesto que gravará a los trabajadores en un 0,033% de los ingresos, a los jubilados en un 0,016% y a los presos (procesados o condenados) un 10%.
Y así, la izquierda propone reparar a las víctimas de la violencia que si bien merecen ser compensadas, también merecen no ser agredidas si las autoridades fueran capaces de controlar, a través de la gestión del Ministerio del Interior (MI), a la delincuencia infractora. Hoy el MI cuenta con el mayor presupuesto de recursos financieros, armamento, personal y la última tecnología como jamás ningún ministro de esa cartera tuvo antes en la historia del país.
Pretender imponer un nuevo impuesto a los jubilados y trabajadores es un abuso, no así perseguir al infractor con todo el peso legal a través de la imposición de indemnizaciones reparatorias a sus propias víctimas.

Las crónicas de prensa resuenan con el anuncio del largamente esperado proyecto d ley de indemnización a los damnificados por la delincuencia.
La idea, justa, necesaria y correctísima es darle alguna reparación a las víctimas de la violencia criminal que castiga nuestra sociedad. Delincuencia que ha pululado en muy buena medida por las pésimas políticas del Frente Amplio en esta materia. ¿Quién no se acuerda del ineficaz ministro del interior, Díaz, que no tuvo mejor idea que largar dos mil presos para así hacer lugar en las cárceles? Presos graduaos y post graduados en materia criminal que en su mayoría no dejaron de reincidir en sus actividades delictivas. O, ¿quién se puede olvidar de la excéntrica maestra Tourné con su ineficacia y frivolidad en el manejo de las cuestiones de  la seguridad de todos?
Este, sin embargo , no es el meollo de este escrito. El tema de fondo es el envío, al fin, del proyecto de ley sobre este gravitante tema al parlamento. Una iniciativa, aunque tardía, encomiable.
Curioso es, entonces, y por cierto igualmente encomiable, el hecho de que el Sr. Mujica Cordano haya objetado claramente la financiación sugerida para esta iniciativa.  Economía preveía financiar la iniciativa de marras con un nuevo impuesto, pequeño, pero una nueva carga al fin, a pasivos y activos.
Este gobierno, o más bien desgobierno, adolece de una especie de reflejo condicionado cuando se trata de financiar nuevas iniciativas. Echa mano sin excepción a su facultad de crear nuevos impuestos sin ton ni son. El 'Chicho', aquel personaje del genial Enrique Almada, es un poroto al lado de esta gente.
De ahí entonces es que los contribuyentes debemos contentarnos por ahora, ya que parece que el Sr. Mujica Cordano ha usado su sentido común en este tema. Es extraordinario que este ex-nacionalista, convertido a militante de izquierda, haya usado ese sentido común de que dispone en abundancia pero que generalmente soslaya presionado por las circunstancias.
Veremos si sus objeciones sobreviven a una charla de almohada con su otra mitad, la muy ideologizada Sen. Topolansky Saavedra.
Sería sumamente alentador que Mujica Cordano empezara a gobernar para todos los uruguayos, dejando de lado viejas estructuras ideológicas, y aplicando  en cambio su natural practicidad para enfrentar otros problemas serios que tenemos, como la relación con nuestros vecinos o algún megalómano de nuestro continente.
En concreto, no es cuestión de seguir cargando a la gente con más y más gravámenes. Sí es cuestión de gastar menos, mejor, y en forma más inteligente, generando así 'espacios fiscales' genuinos para financiar proyectos como el que nos ocupa.
Esto no es nada novedoso ni extraordinario, solamente sentido común.