• De desaparecidos, desafueros y hartazgos absolutos

Casi cuatro décadas después, seguimos divagando en aburridas (y habituales) masturbaciones varias sobre la dictadura, y hasta soportando pibes de 18 años que te la cuentan y fingen sufrir como si la hubieran vivido, comprando el relato insostenible de tupas, seispuntistas, pvpistas, comunistas y otras marginalias nada democráticas, simulando un pasado angelical.
Nadie, en nuestra obsecuente y cómplice prensa televisiva, les dira que cansan, que ya basta, que casi medio siglo después su dolor no puede ser mayor que el de los allegados a centenares de jóvenes desaparecidos en aras de la prostitución o la droga en más de 35 años y de los que nada se sabe.
Desaparecidos, además, que no generan ni consideración especial, ni recuerdos mediáticos ni pulposas pensiones e indemnizaciones.
Desaparecidos, también, a los que ustedes, decía el Comisario Parrado, no permiten llamar como tales, sino que pretenden apenas denominarlos «ausentes». Muy solidarios, por cierto...
Derecho y razones para reclamar, tienen, y mucho. La manipulación, la prioridad y la exclusividad del dolor, jamás. Potestades para tener en vilo e intentar paralizar al país, ¡mucho menos! Muchísimo menos, persistir en actitudes papelonescas e indignas, acomodando el presente y el pasado para dejar bien paradas -tarea casi imposible- a las diversas vergüenzas de los gobiernos frenteamplistas (especialmente de la inmensa mayoría de los ministros y subsecretarios de Defensa, sin olvidar las barbaridades de las propias Presidencias de esos tiempos) en esta materia.
Y un poco de sinceridad. Convengamos que ni se puede desaparecer a nadie, ni hay pena de muerte, ni en este tipo de enfrentamientos dejan de caer inocentes. Ahora, así como se reniega de los Gavazzo, Vázquez, Arab, etc, rconozcamos que casi el 90% de los que uds -con justicia- reclaman, no se hubieran salvado de largos lustros adentro. ¿O los «inocentes» militantes del PVP no evaluaron volar el puerto de Montevideo, e intentaron antes lo propio -y por suerte fallaron- en Punta del Este, incluyendo un parcialmente fracasado atentado al edificio Arcobaleno? ¿Montevideo hubiera sido el preludio de la reciente explosión en Beirut? Ni muy derechos, ni muy humanos.
¿Acaso el tupamaro Semproni -que gozó de una prisión parcial y benigna (quizá por elocuente)- no fue detenido en Montevideo lavando tan abundante monto de dinero procedente de sus secuestros argentinos, que desestabilizo la plaza?
¿Acaso el PVP con dinero también de secuestros, muchas veces coordinados por la «inocente» maestra Elena Quintero, no fundó un club deportivo para lanzar logos y simbología en la «19 capitales»?
¿Acaso, de no haber sido sorprendido, el PCU no hubiera usado su arsenal? Sí, insisto, nada justifica la desaparición (deporte que empezaron a practicar antes los tupamaros), pero no era el de vuestros allegados -salvo excepciones- el Club de Tobi.
¿Acaso no suena tan inmunda la Tronca, contando como mataban, o el tupa Rodríguez recordando en la TV cómo asesinó al Cnel. Álvarez -complacencia periodística mediante- como las declaraciones de Gilberto Vázquez?
Tampoco esto se trataba de gorilas -que los había- contra Boy Scouts (como aquellos que quiso matar la tronca en cierto copamiento canario...). En todo caso, gorilas vs. chimpancés.
Y no vengan a embromar con acuerdos entre «combatientes». Al menos, hasta el 28 de junio de 1973, del otro lado había bandas terroristas, no «beligerantes», por lo que regalar esa categoría a estos facciosos por parte de uniformados trasnochados es un grave atrevimiento. Lo político arriba de lo jurídico. Una terrajada inadmisible. De ambos.
Unos me ofrecieron una curiosa dictadura colegiada, que obtuvo innumerables logros edilicios y administrativos, inclusive rescatando muchas empresas públicas que ya el Poder Político le entregó a las FFAA en 1972. No tuvieron el necesario coraje, en su último trienio, de privatizar, al menos, la mitad de esas empresas (Pluna, Afe, Subsistencias, la parte más dudosa de Ancap), prestando un enorme servicio al país...
Del otro lado, los insurrectos, en su mayoría nenes y nenas de papá aburridos, vacíos e insatisfechos en su nebulosa voluntarista, proponían las insufribles, homicidas, corruptas, mediocres e ineptas «dictaduras del proletariado», todas fracasadas estrepitosamente.
De Despotismos Ilustrados, ni hablemos, aunque si hubiéramos pasado esa experiencia en Iberoamérica, hoy tendríamos mejores y más solidas instituciones.
Donde no cupieran Bayardis mentirosos, Sendics (padre e hijo), Mujicas, Ñatos, Rosadillas, Perros Vázquez, Puigs, Gavazzos, Arabs o Gilbertos Vázquez, entre otros.
Donde ni los Tribunales de Honor militares soslayaran lo importante, ni mucho menos, fiscales tendenciosos y deshonestos determinen -como el caso sufrido por Álvaro Alfonso- casi la quema de libros que no les gusten o la invención de pruebas cuando no las hay.
Donde una prensa, también mayoritariamente tendenciosa e inepta determine ciertas reiteradas agendas, repitiendo eslóganes vacíos, como Tratados de Roma de dudosa vigencia o una sola versión de los hechos.
No da para más...! ¡Qué tal si nos dejamos de joder? De una!

Hoy en toda la república se discute el tema de los fueros de un senador militar retirado y si se le debe desaforar por cuestiones anteriores a su función legislativa.
Quizás lo primero sea definir un poco el significado, en sentido amplio del significado, de los fueros.
En términos muy sencillos los fueros fueron siempre un instrumento de regulación y entendimiento de los pueblos con sus gobernantes. Curiosamente han habido fueros profesionales, territoriales, eclesiásticos y hasta comerciales en la historia de nuestra civilización Judeo-cristiana. En la constitución peruana actual hay hasta un fuero militar protegiendo a los miembros de esa corporación de la acción judicial en el uso legítimo de sus poderes. Una prerrogativa al menos discutible para quien escribe.
Hace más de 10 siglos se establecen los fueros de Navarra estableciendo prerrogativas o privilegios para ese pueblo. En igual situación estaba el pueblo vasco cuyo parlamento ‘ad hoc’ sesionaba a la sombra de un roble en Guernica desde el medioevo. De ahí la trascendencia del trágico bombardeo a ese pueblo vasco durante la guerra civil española, la clara representación de la fuerza sobre la razón, de la más absoluta falta de respeto a los fueros del pueblo vasco.
Etimológicamente la palabra ‘fueros’ quiere decir privilegio, o prerrogativa dada por quien ejerce el poder en regímenes monárquicos, o constitucionalmente en las democracias.
Uno de los documentos fundamentales sobre la cual se basa nuestra civilización política moderna fue sin duda la ‘Carta Magna’ firmado entre el rey Juan primero de Inglaterra y sus barones.
En ella se establecieron muchas cosas entre ellas cuestiones de tenencia de tierras, relaciones sucesorias, hasta familiares.
Este documento fue la semilla de muchos de las constituciones que hoy tenemos en occidente y que regulan nuestra convivencia más o menos civilizada.
Es así como los padres fundadores de todas las nuevas repúblicas del nuevo mundo contemplaron, de alguna manera, la institución de los fueros y en sentido amplio los derechos humanos intrínsecos y frente al poder instituido.
Es así que gozamos por ejemplo los orientales de las prerrogativas constitucionales que disfrutamos, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión, la libertad de culto y tantos otros.
Con los años el concepto de fueros o prerrogativas en los países latinos fundamentalmente se conceptualiza como exclusivamente involucrando las relaciones entre los poderes del estado, fundamentalmente otorgándosele a los representantes del pueblo libremente electos y a algunos integrantes del poder ejecutivo la prerrogativa de su virtual inmunidad ante la ley mientras posea fueros.
La concepción filosófica que subyace esta inmunidad es que el legislador, el pueblo representado, no pueda ser perseguido por el rey, el poder, por el legítimo uso del foro legislativo. Que no pueda penalizar al legislador que hable contra el poder de turno. Que el legislador pueda opinar y protestar con la total seguridad de que no será perseguido por sus dichos en el ejercicio de su función.
Por desgracia, con los años y el natural desgaste histórico de cualquier norma de más de diez palabras, hoy los fueros representan la inmunidad total y absoluta de los legisladores en ejercicio frente a quien fiscaliza a los que no gozan de este privilegio, el poder judicial.
Lo grave que esto ha sido aprovechado, por suerte no tanto en la banda oriental, pero sí en Argentina para escudar a ladrones contumaces, a estafadores y embaucadores de la legítima persecución de la ley. Incluso por hechos anteriores a sus funciones parlamentarias.
El caso del Gral. Manini no se refiere a deshonestidades sino, y falta probarlo, a posibles desvíos administrativos realizados antes de su asunción como senador de la república.
Manini con el pundonor que lo caracteriza se ha ofrecido a renunciar a sus prerrogativas de legislador y así enfrentar a los magistrados por sus supuestas felonías.
Sin embargo los fueros no son del legislador personalmente sino de la corporación que representa, y ella y solamente ella puede retirar dichas inmunidades a alguno de sus miembros.
Los fueros parlamentarios como institución deben  ser mantenidos y respetados para la protección de quienes representan al pueblo en el legítimo ejercicio de esa representación frente a otros poderes. De esto no puede haber duda alguna.
Lo que se debería establecer es el alcance cronológico que tiene esa inmunidad de la que gozan los parlamentarios.
No es lógico que los fueros alcancen a hechos que se generaron mucho antes del ingreso al parlamento de un ciudadano. No puede ser que burdamente se utilicen los fueros para esquivar responsabilidades del tipo que sean ajenos a la función legislativa.
El Senador Manini tiene razón y lo honra su pedido de auto desafuero. Se le debería otorgar para que él desvirtúe y pruebe la falsedad de las acusaciones en su contra.
La institución de los fueros parlamentarios debe de ser estudiada en sus alcances fundamentalmente cronológicos y funcionales. O sea que cualquier legislador es imputable por reproches fundados del poder judicial antes de asumir en la legislatura y sus fueros e inmunidad ante la ley alcanzan sus funciones como legislador, exclusivamente.
Los fueros no deben ser la prerrogativa de la inmunidad absoluta ante la ley. Sí deben dar la protección necesaria al legislador ante el abuso de la ley por parte de otros poderes del estado.
Ante la pregunta del inicio, si ‘¿los fueros fueron?’, rotundamente no.
Sí se debería estudiar una reforma del artículo 93 sección quinta de nuestra carta magna precisando el alcance de la prerrogativa parlamentaria.
No hacerlo devendrá en la inevitable anulación de este instituto que es piedra angular de las democracias occidentales basadas en la ética judeo-cristiana.
En el mundo de las redes sociales nadie es más que nadie y nadie es inmune a reproche alguno. Deberemos adaptarnos a esta nueva realidad como democracia y como sociedad.