• "A la norma de 'no resistir el mal por la fuerza', el político responde que la proposición inversa es la correcta: 'el mal debe ser resistido por la fuerza, o seremos responsables por su victoria'". Max Weber

En estos días y con poca trascendencia, el portal Infobae publicó una denuncia gravísima, que ratifica cuanto he sostenido a lo largo de los años: un accionista minoritario de YPF, Ricardo Paz Herrera, explicó qué maniobras ejecutaron ambos Kirchner desde el Gobierno para apoderarse, a través de los Ezkenazi, de un 25% de la empresa, y las consecuencias que esos actos produjeron en la pérdida del autoabastecimiento energético, la necesidad de importar petróleo y gas,  el endeudamiento del país, el saqueo de las reservas fiscales, el cepo cambiario, la recesión, etc.. Recordemos que ese porcentaje quedó en manos de una compañía australiana, de la cual todos ignoramos -pero sospechamos- quiénes son los verdaderos dueños. 
Dado que, por la falta de luz y gas que nos aqueja, nadie puede construir una nueva fábrica y generar empleo, comprobaremos cuánto daño produjo ese sideral robo (el denunciante habla de US$ 46.000 millones), imputable a Néstor, a Cristina, a Patotín Moreno, a Kiciloff, a Galuccio y, claro, también a la misma Repsol. Y si comparamos el monto referido con las necesidades del país y de su gente, cuyo 32% sigue en la miseria después de una década ganada por tan pocos, se nos terminarán los calificativos para describir a los autores de tamaño latrocinio. Me pregunto qué estarán esperando los fiscales para actuar, ya que no han sido pocas las evidencias publicadas al respecto durante estos años, porque la cifra en cuestión es de tal magnitud que hace aparecer la enorme defraudación a Petrobras, que ya ha llevado a la cárcel a decenas de funcionarios y empresarios brasileños, resulta casi un robo de gallinas.
La polémica acerca de la imprescindible detención de los máximos dirigentes del kirchnerismo, en especial de su jefa material (de espiritual nada tiene), continúa en diferentes terrenos: la política, el periodismo y, sobre todo, en la calle, donde ya es generalizada la certidumbre de que la impunidad, nuevamente, premiará a los corruptos y la maldad triunfará, como tantas veces en nuestra historia. "¡Aquí nadie va preso!", se oye permanentemente.
En el fondo, no es para menos. Después de un primer semestre en el cual los fiscales y jueces dieron la sensación de ir por todo, los procesos parecen haberse ralentizado, sin duda por falta de personal y de infraestructura en los juzgados, todos ellos colapsados, pero también por la inactividad de aquéllos que privilegian la postura de "wait and see", compartida por los empresarios, siempre remisos a acompañar al Gobierno con sus inversiones y sus precios. La Corte Suprema realizó un inventario de las causas en marcha contra los ex y actuales funcionarios bajo investigación penal; se trata de un gran avance, sin duda, pero gran parte de la responsabilidad de lo que ocurre recae sobre los hombros del Consejo de la Magistratura, moroso no sólo en auditar la conducta de los jueces federales sino hasta en la cobertura de muchos juzgados vacantes, lo que produce el colapso mencionado.
Porque la opinión pública, aún la menos instruida, sabe que en los casos de enriquecimiento ilícito de los funcionarios, es el acusado quien debe demostrar que ha adquirido su patrimonio legítimamente (art. 268, Código Penal); es decir, basta una razonable sospecha para que cualquiera pueda ser procesado y hasta detenido. Y ya hay demasiados casos emblemáticos en que algunos de estos personajes exhiben fortunas incalculables y, en especial, inexplicables. En ese desfile se destaca, obviamente, la propia emperatriz patagónica, Cristina Elizabet Fernández, que nunca trabajó -ni siquiera como "abogada exitosa"- en la actividad privada e, impúdicamente, declara tener "en blanco" y a valor fiscal, más de setenta millones de pesos; y la siguen Julio de Vido, César Milani, Ricardo Echegaray y muchos otros que enumeré en mi nota anterior.
Éste último ya está imputado, entre muchas otras causas, en la que va detrás de Cristóbal López y Fabián de Souza por haber retenido nada menos que $ 8.000 millones, que pertenecían al Estado, para financiar el crecimiento exponencial de sus empresas. Todos ellos, también, siguen paseándose tan campantes, entre nosotros.
Por ello, resulta más que razonable que la ciudadanía dude acerca de la efectividad, o de la voluntad, de la Justicia al momento de alcanzarlos porque, convengamos, existen innumerables antecedentes -el asesinato de Alberto Nisman, por ejemplo- bastaría con aplicar la letra de la ley para que las explicaciones debieran darlas desde el otro lado de las rejas, como sucede con muchos acusados de delitos bastante menores.
El lunes, Cristina deberá presentarse a prestar declaración indagatoria ante el Juez Julián Ercolini en la causa que investiga el direccionamiento de obras a Lázaro Báez, que también complica a De Vido, a Bolsos López y a toda la cúpula de Vialidad Nacional; seguramente, hará una defensa política frente a una conducta penal. Creo que, luego de los interrogatorios a los imputados, todos ellos serán procesados. Si la acusación incluyera la asociación ilícita, un delito no excarcelable, tendríamos otra razón más para decretarles la prisión preventiva, en especial a la jefa de la organización criminal.
No puedo, por algunas cosas que pasaron en estos día, dejar de referirme a la situación de los presos militares, policías y civiles acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad. Comenzaré por congratular a la verdadera Justicia por la publicación de varias sentencias dictadas por el Tribunal Penal Internacional, que negó la validez probatoria de testimonios amañados o "construidos colectivamente" -algo muy frecuente en las causas armadas en la Argentina, donde se impide hasta el contrainterrogatorio de los testigos porque sería "revictimizarlos"- y la negativa de varios países (Estados Unidos, Brasil, España) a extraditar a prófugos de la persecución kirchnerista.
Sin embargo, muy poco ha cambiado en el panorama desde la llegada de Mauricio Macri al poder -desde entonces, más de 40 ancianos han muerto en cautiverio-, porque se mantiene una política pretendidamente correcta frente al tema. Pruebas cabales de ello fueron la vergonzosa prohibición del Ministerio de Defensa a la promoción 97 del Colegio Militar, al cumplirse medio siglo de su egreso, de colocar una placa en memoria de sus integrantes caídos en combate; la razón invocada para ello fue que identificaba a la "guerrilla marxista" como autora de esas muertes, y la reapertura de una causa a quienes combatieron en la defensa del regimiento de La Tablada, en plena democracia.
Pero ni siquiera la intención de no abrir nuevos frentes de conflicto por parte del Gobierno puede justificar la falta de respeto de nuestros jueces a las leyes argentinas y a los tratados internacionales que hemos suscripto: se mantienen prisiones preventivas que exceden en mucho el máximo legal, se niega el beneficio de la prisión domiciliaria, se violan los principios de legalidad, de inocencia, de ley posterior al hecho del proceso, etc. Han pasado varias décadas, y la verdad y la justicia han dejado paso a la más infame venganza de aquéllos que, en los 60's y 70's, pretendieron terminar con la democracia a través de una demencial violencia y no hesitaban en confesar que, de triunfar, fusilarían a un millón de ciudadanos.