La Banca: negocio lucrativo e hipócrita
Cuando el gobierno puso en vigencia la ley de inclusión financiera, no fue para facilitarnos las cosas, sino que tenía como finalidad otorgarle a la DGI una herramienta para espiarnos.  No sólo a través de la información que le proporcionan las entidades financieras, sino también los emisores de tarjetas de crédito. Por este medio pueden saber qué marca de pasta dental usamos, dónde cargamos nafta y qué refresco tomamos. Todo esto como consecuencia de la voracidad fiscal de este gobierno, que ya no sabe de dónde obtener dinero para tapar su deplorable gestión gubernamental.
Todo esto generó que millones de dólares de salarios y jubilaciones, en forma obligatoria, hayan ingresado a la arcas de la banca pública y privada. Este dinero por el cual no nos pagan un solo peso de interés, ha servido para que la banca genere cuantiosas ganancias, con la colocación de estos fondos. 
No sólo estamos obligados  a ser clientes, sino que también, debemos abonar por infinidad de trámites bancarios. Las tarjetas de crédito regionales tienen un costo de alrededor de U$S13; las libretas de cheques cruzados U$S10 (si son al portador tienen costo extra); si se exceden los movimientos por caja U$S5 por cada uno; los depósitos en cajeros Banred U$S1,50 cada uno  y así sucesivamente. Sólo falta que nos cobren por entrar a la sucursal. Lamentablemente el Banco Central, en esto, mira para otro lado.
También el BROU tiene su historia, pues ya hace un par de meses que en sus cajeros no se entregan más billetes de $100 y $200. A su vez cuando se retiran importes que son múltiplos pares de $1000, se entregan billetes de $2000, con la dificultad que esto genera para obtener cambio. Esto tiene un solo fin: bajar costos, pues de esta manera con el mismo espacio físico en el cajero, pueden depositar mayor volumen de dinero. De esta forma en lugar de enviar un blindado con custodia en varias oportunidades, ahora quizás lo cubran en un solo movimiento.
Esta semana nos enteramos que el gobierno, por acuerdos firmados con la OCDE, enviará al Parlamento un proyecto de ley, por el cual todas las entidades financieras a partir del próximo año, deberán informar a la DGI los saldos de todas las cuentas bancarias tanto de residentes, como de no residentes. Esta exigencia por parte de la OCDE constituye una hipocresía, pues no todos cumplen con este requisito. Estados Unidos no tiene firmado ningún acuerdo de cooperación, por lo tanto nunca se sabrá qué hay depositado en sus estados que son paraísos fiscales: Nevada, Delaware, Dakota del Sur y Alaska. Ya que la OCDE es tan exigente con países pequeños como Uruguay, sería bueno que explicara cómo hacen los traspasos de fondos los terroristas y los narcotraficantes.  Sus proveedores no están a la vuelta de la esquina y el volúmen de dinero que mueven es tremendo, no se arregla con un par de valijas. Sin duda que esto se hace a través de los bancos, que miran para el costado, cuando la cantidad de dinero que reciben, vale la pena el riesgo. De todos modos esto le sirve al gobierno frenteamplista para espiarnos en todo lo que hacemos, sin considerar que en Uruguay ya existen los controles para los depósitos en cuentas, pues basta que Ud.  deposite más de U$S10.000 para que le exijan que justifique su procedencia.  Como siempre, el hilo se corta por el lado más fino. Quienes nos sacrificamos para tener un respaldo, ahora perdemos nuestra privacidad. Quienes mueven millones de dólares, siguen caminando tan campantes.
Carlos Asecas