• ¡Ver Subrayado ayer fue el colmo! Una producción intentando un contrapunto  imaginario entre el finado Piazzolla y  Tabárez fue tragicómico.  El gran bandoneonista argentino (o nuestro Luis Di Matteo) aportaron chispa y  genialidad  a la música, cosa que el DT compatriota está bastante lejos de representar. Ahora, asistir a la guerrita entre el can Vázquez y los pillines de la AUF discutiendo quien reprime  las inadmisibles refriegas en los estadios y sus entornos insulta nuestra inteligencia y sentido común…

Muchos señores de la AUF, o al menos algunos de ellos, inclusive y especialmente los que están en jaula de oro, se la llevaron en camiones, como para no poder aportar gran parte del dinero para las dichosas cámaras (cuya existencia no significa que nuestros permisivos e híper garantistas jueces y fiscales actúen en consecuencia, como vemos habitualmente…).
Si los corruptos indagados o procesados no dejaron dinero en caja (cosa dudosa), al menos, otros  dirigentes podrían explorar soluciones distintas  y buscar, como  la Intendencia de Maldonado,  esquemas y alianzas con  proveedores para ir financiando su instalación, trabajando conjuntamente con la Policía. Los legisladores podrían pensar en facultar, bajo rigurosos controles y certificaciones, junto a circunstancias muy especiales, a miembros destacados de ciertas agencias de seguridad para reprimir mientras llega la Policía, para que ningún magistrado pueda ensañarse jurídicamente con quien pone orden, sean los ya desprotegidos y ninguneados agentes públicos, sean los privados, aún más regalados…
Simultáneamente, precisamos normas que contemplen ampliamente la posibilidad de que el transeúnte inocente o el vecino afectado puedan defenderse , poniendo los límites que el Poder Político evita, por no lucir ( lo admiten en privado…) como un “gobierno botón”.
Todos recordamos a la enfermera asesinada por una horda  a los tiros -en pleno centro montevideano- cuando les recriminó, desde su apartamento, sus desmanes. No pasó casi nada…
Ahora, ¿qué hubiera sucedido si un vecino, cansado de tanto desorden y tropelía, cansado, cuando ve que le destrozan los vidrios, le parten un portón o le rompen el auto, ante la inacción policial, resuelve (con todo derecho, diría el sentido común…) emprenderla a  tiros contra los antisociales?  ¡Pasar largos años tras las rejas entre depravados…!
¿Y los vecinos de La Blanqueada, que, gracias a la profusión de estadios por ese barrio -especialmente la parte elegante, próxima a Parque Batlle, que bien podría llamarse Parque Batlle Norte…- ven (hinchadas mediante) decrecer el valor de sus propiedades un 8%? Acaso no tienen derecho a defenderlas  y a demandar al Estado e inclusive a los clubes?
¡Ni que hablar, los  comerciantes…..! Como aquellos que vieron sus negocios destrozados por fanáticos argentinos,  meses atrás. Las instrucciones policiales consistieron en no meterse demasiado para que volvieran pronto a su país!!  
¿Qué queda hasta para los pobres choferes, que, o soportan asaltos o aguantan en silencio la violencia de las barras bravas? Por ejemplo, aquel de Ucot, sufriendo el destrozo de casi todas las ventanas del bus por parte de un inadaptado. Éste, conducido ante la mediática y “humanitaria” jueza Mota, fue liberado “para no acostumbrarse a la cárcel “….
O los que fueron atacados por hinchadas cerca del estadio de Cerro, o por  salvajes
-mayores y menores- que se divierten apedreando buses desde los puentes de los accesos a las rutas 1 y 5, sin ser combatidos como es debido y absolutamente necesario.
Más inadmisible, aún, es que el Ministerio del Interior supedite su pobre actuación a la existencia de cámaras y agencias de seguridad en los partidos. Acaricia el delito de omisión contumaz de los deberes del cargo, y que exprofeso lo recordamos:
“El funcionario público que requerido al efecto por un particular o por un funcionario público, omitiere o rehusare sin causa justificada ejecutar un acto impuesto por los deberes de su cargo, será castigado con suspensión de tres a dieciocho meses”.
Hay que ver quién denuncia y quién atiende la denuncia en  este relajo institucionalizado en el cual nadie quiere parecer antipático.
¡Asombra tanta ineptitud demagógica!
La masa, la multitud enardecida, orilla (como el adolescente que busca que le pongan límites) un nivel intelectual de 14 años, siendo generosos. ¿Qué impide poner un correctivo? Cuando hay autoridad, sin cuestionamientos ni complejos de culpa, reprimir una turba no es un exceso sino una obligación de buen gobernante. A un líder esto no le sucede. No le pasó a Pacheco, entre las asonadas estudiantiles y el terrorismo barato de los tupas y la OPR, cuando en 1969 se realizó un campeonato sudamericano de Basquetbol, y también las eliminatorias del mundial de 1970, en tanto Peñarol y Nacional disputaban semifinales de la Libertadores…
Bien dicen que "no hay peor cuña que la del mismo palo", como también que, "en casa de herrero, cuchillo de palo".
¡Interpreten!

Teniendo en cuenta que en los últimos tiempos se han promovido juicios penales y civiles por supuestos casos de corrupción a nivel del gobierno nacional y departamental, propongo que los legisladores de los Partidos Tradicionales presenten un proyecto de ley que consagre la imprescriptibilidad del juzgamiento penal, civil y administrativo de los actos concernientes a la corrupción en ejercicio de la función pública y sindical.
La mencionada imprescriptibilidad ha sido prevista en la legislación de varios países del mundo, y considero que es el momento de al menos impulsar el debate de la cuestión en Uruguay.
Los delitos de corrupción no son crímenes de lesa humanidad ni se les puede comparar, lo cual no quita que no puedan someterse a la regla de imprescriptibilidad por razones y fundamentos similares a los que han sido tenidos en cuenta para establecer la imprescriptibilidad en el caso de delitos de lesa humanidad.
El bien jurídico protegido en los delitos de corrupción ya no es meramente el erario público (esto es, un bien de carácter patrimonial), sino el sistema democrático en su totalidad, por el grave fraude que la corrupción importa respecto del mandato popular y de la representación conferida directa o indirectamente a los funcionarios públicos.
La imprescriptibilidad en esta materia es un mensaje a toda la Nación de que la lucha contra la corrupción es una política estratégica que va en serio. En ese sentido es un oportuno mensaje que se dispara a la sociedad precisamente cuando la tendencia es a la anomia y la realidad es la impunidad.
Desde el punto de vista de la eficacia de la política criminal, cabe resaltar que en el caso de los delitos de corrupción sus responsables gozan de la protección del Estado y de los funcionarios, tanto durante su ejercicio de la función pública como después, a través de la protección que incluso muchas veces surge de pactos de impunidad entre fuerzas políticas. Cuando esa protección se prolonga en el tiempo, permite la prescripción de las acciones y obstaculiza el cumplimiento de los fines de la ley penal.
La sociedad uruguaya exige el esclarecimiento de los actos de corrupción en el momento que sea. A contrario de lo que en el pasado podía argüirse en favor de la prescripción en cuanto a la dilución de la prueba, los avances tecnológicos permiten que las evidencias sean conservadas por muchos años sin deteriorarse (escuchas telefónicas, documentos digitalizados, filmaciones, etc.).
El daño que ha sufrido el patrimonio público como consecuencia de la corrupción de gobierno, y los recursos que por esa vía han resultado sustraídos de la inversión en infraestructura, educación, salud, asistencia social y cobertura previsional, nos obligan a establecer todos los mecanismos jurídicos que se encuentren al alcance para asegurar el castigo y contribuir a la disminución de la corrupción.
Cabe recordar también que nuestro país ha aprobado dos tratados internacionales que obligan al Estado uruguayo en el sentido indicado en el  proyecto sugerido. La Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), aprobada y ratificada por Uruguay, establece en su Preámbulo: a) “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”; b) “que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”; c) “que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social”; d) “la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción”; y e) “que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva”.
Por su parte, Uruguay aprobó y ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada (2003), la cual dispone que “cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia” (art. 29).
Vale decir que existe una norma de jerarquía superior a la ley que obliga al menos a ampliar los plazos de prescripción existentes y que se encuentran sujetados a la escala penal, de acuerdo con el sistema del Código.
De todo lo expuesto se desprende claramente la necesidad de al menos debatir seriamente una adecuación de la legislación nacional que combata a la corrupción desde todos los frentes, tanto en lo que hace a la prevención como en el esclarecimiento de las responsabilidades penales, civiles y administrativas de sus responsables.