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Alitalia se declara en bancarrota en EE.UU.
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- Alitalia se ha declarado en bancarrota en Estados Unidos con el fin de proteger sus operaciones en el país ante la posibilidad de perder su acceso al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.
La delicada situación financiera en la que está atrapada Alitalia llevó a la compañía a acudir a los tribunales en Estados Unidos, en una maniobra a la desesperada buscando protección legal para prevenir que los gestores del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York le niegen el uso de su terminal. La compañía, que el pasado mes de abril inició el proceso de suspensión de pagos, tiene hasta el 23 de junio de periodo de gracia.
Alitalia se acoge en concreto al capítulo 15 de la legislación de bancarrota. Este recurso legal permite a las empresas extranjeras preservar sus operaciones mientras negocian la reestructuración de la deuda. La Terminal One Group Association dio de plazo hasta este martes a la aerolínea para que le pagara lo que le debía, bajo la amenaza de que rompería el contrato y daría por finalizado el alquiler del espacio que utiliza en JFK.
No acaban ahí los problemas para la compañía de bandera italiana porque en las próximas semanas puede perder el servicio telefónico y de conexión al Broadband Centric Internet por el impago de las facturas, clave para las comuncaciones. El juez Sean Lane acaba de concederle un periodo de gracia de 10 días, lo que le permitirá temporalmente salvaguardar sus operaciones y activos de los acreedores mientras negocia la venta en Italia.
La orden del juez neoyorquino Sean Lane podrá ampliarse unos días más, hasta el 26 de junio, si los acreedores no se oponen. En ese momento está prevista una audiencia en la que la compañía deberá presentar el estado del proceso y cómo avanza la solución de la crisis. La medida sirve para proteger las operaciones que tiene también otros aeropuertos. Alitalia cuenta con 36 empleados establecidos en Estados Unidos.
Los abogados de la compañía argumentan que el negocio en EE UU es “crítico para el conjunto de las operaciones globales” de la aerolínea y que por ese motivo necesita protegerlo. Alitalia, miembro de la alianza SkyTeam, opera a diario nueve vuelos con Italia desde los aeropuertos estadounidenses, que le generan un 30% de los ingresos totales. JFK contribuye con un 15% de la facturación.
La compañía, que está gestionando en Italia una posible venta que la salve de la quiebra, remitió su declaración a un tribunal de Nueva York, que celebrará una audiencia sobre el caso el próximo 26 de junio.
En su escrito, Alitalia subraya que su intención es continuar con normalidad con sus actividades y seguir efectuando pagos, pero defiende la necesidad de protección para garantizar la estabilidad de sus operaciones.
En concreto, la empresa explica que la operadora de la Terminal 1 del aeropuerto JFK de Nueva York le había notificado que daría por terminado su contrato esta semana si no saldaba pagos que le reclamaba.
Ello, según la compañía italiana, le obligaría a dejar de operar sus vuelos diarios a Nueva York, cortando una "vía sustancial de ingresos".
Según Alitalia, sus operaciones en EE.UU. generan aproximadamente el 30% de su facturación total y sólo sus vuelos desde y hacia el aeropuerto JFK suponen alrededor del 15 por ciento. Además, la empresa señala en documentos remitidos al tribunal que también estaba en peligro de perder su acceso a servicios de internet y teléfono a partir del 20 de junio, lo que obligaría al cierre de su centro de llamadas e impediría actividades rutinarias.
En abril, los trabajadores de la aerolínea rechazaron un preacuerdo alcanzado por la dirección y los sindicatos para sanear las cuentas de la compañía, sin beneficios desde 2002.
Finalmente, el Gobierno italiano intervino nombrando a tres comisarios para que elaboren un plan que salve a Alitalia de la quiebra y aprobando un préstamo de 600 millones de euros para garantizar sus operaciones en los próximos meses.
La semana pasada los administradores que gestionan la compañía dijeron que han recibido 32 manifestaciones de interés por parte de potenciales compradores y se espera que para octubre se comiencen a barajar ofertas vinculantes.
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Sindicatos y sociedad
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El gobierno sufre las consecuencias de un desborde sindical que él mismo alimentó con sus permanentes concesiones y debilidades. Y con el gobierno, lo sufre el país todo.
Cada presupuesto o rendición de cuentas ya sabemos que es tiempo de reclamos y conflictos. Es la historia. Nunca se sabrá si esas movilizaciones lograron resultados que no hubieran obtenido por otros medios, sin dañar a la sociedad. Pero la realidad es esa. Lo malo es que como el gobierno renuncia a tener un presupuesto quinquenal (plan de cualquier administración mínimamente organizada) y se pasa a ir de año en año negociando por la vía de las rendiciones de cuentas, estamos en el peor del mundos.
Ante todo, no se puede gobernar “a saltitos”. Las inversiones en infraestructura o cualquier programa universitario, exige años. Por esa causa, en nuestra segunda presidencia, con mucho esfuerzo y superando incomprensiones, logramos defender la quinquenalidad del presupuesto y hacer rendiciones de cuentas que fueran lo que efectivamente son según su propia definición. El art. 214 de la Constitución, que impone a los gobiernos esa obligación, dice también que el Poder Ejecutivo podrá “proponer las modificaciones que considere indispensables”. Desgraciadamente, en la práctica, lo “indispensable” se había hecho permanente y por eso defendimos entonces las llamadas “rendiciones gasto cero”. Fueron fundamentales para mantener el equilibrio fiscal y retornar, luego de medio siglo, a la inflación de un solo dígito. Después vino la crisis del 2002, que se llevó todo por delante, y los gobiernos del Frente Amplio han ido aceptando esa práctica al punto que en esta oportunidad el Presidente —sin que se comprenda mucho el significado real de su afirmación— dice que las disposiciones de esta Rendición valdrán solo por un año.
Comienza entones la gimnasia y los gremios educativos, siempre a la cabeza, ya realizaron esta semana un paro el día martes y anuncian otro más general, que incluiría a los establecimientos privados. Para variar, no asumen el daño que se les infiere a los estudiantes, necesitados como están de una educación consistente. Ni consideran otro tipo de medidas. Sólo conciben el choque y como el gobierno ha sido débil, lucen dueños del campo. Ya en el principio de la actual administración marcaron la cancha y cuando el gobierno adoptó, en agosto de 2015, la declaración de esencialidad, ganaron rápidamente la pulseada. En ese caso, el gobierno se apresuró, no midió bien las consecuencias y terminó, como dice el viejo dicho, “reculando en chancletas”. A partir de allí tienen de rehén a todo el mundo y ni entran a considerar que, en los años pasados, han recibido dotaciones presupuestales muy aumentadas y que los resultados nunca han sido peores.
El caso de Ancap, aún en curso, es una pulseada entre una administración que tiene que sacar adelante una empresa que está en el pozo y un gremio acostumbrado a manejarse a su antojo. En el 2005 había 2.169 funcionarios; hace un año había 2.914, o sea un 35% más. Al mismo tiempo, en horas extras pasó —en diez años— de 60 millones de pesos a 372, o sea que en valores reales, subieron 200%. Esta es la realidad del desquicio de las administraciones conducidas por el Ing. Martínez y el Sr. Sendic. Ahora el gremio perturba a todo el país por defender un seguro de salud propio, que pagamos todos los ciudadanos en el déficit del organismo y que, según la Ministro Cosse, “roza el privilegio”.
El gobierno decreta la esencialidad tratando de lograr la regularidad del abastecimiento de combustible, pero resulta que, según el sindicato, eso los lleva simplemente a cumplir su horario de 8 horas y al no haber horas extras, se va a distribuir aun menos que en el conflicto. Lo que suena a absurdo, obviamente porque parecería que la empresa solo funciona a base de horas extras. Y en ese pago aparecen cosas tan espectaculares como esa sección especial, de naturaleza insalubre, con cuatro funcionarios, en que la ausencia de uno automáticamente genera el pago a los otros tres de horas extras. Lo que ha llevado, obviamente, a la rotación de un ausente y a que todos cobraran todo el tiempo... “horas extras”. Se toca eso y salta un fusible...
La versión gremial es irrisoria. A lo que se añade que dicen que con guardias gremiales entregaban más combustibles que con normalidad y que, cuando levantaron el paro el sábado, lo que hubo fue un lock-out patronal porque no vinieron a cargar los camiones. Da la casualidad que éstos nunca trabajaron los sábados y eso, por cierto, no lo ignoraba nadie.
Cuando se oyen las declaraciones de los sindicatos realmente asombra. Hay una desproporción gigantesca entre sus reclamos y los medios usados para enfrentarlos. Sus historias suenan a comedia italiana y así le pasó al periodista Gerardo Sotelo, que hubo de poner fin a una entrevista cuando el representante del sindicato de Ancap lo acusaba de “antiobrero” , enemigo “de todo lo que tenga que ver con el movimiento popular” y que por “higiene mental” no lo escuchaba.
Por supuesto, el gobierno cosecha lo que sembró .El desquicio de Ancap y la distorsión de su estructura es obra de los dos gobiernos anteriores. Y el ensoberbecimiento de las gremiales de la educación es hija de la nefasta ley que les atribuyó un desmesurado poder sobre el sistema. Ahora se intenta reaccionar y ojalá —por la institucionalidad del país— no termine el gobierno de nuevo vapuleado. Pero todo deja un sabor amargo, cuando estamos en plena globalización luchando por sobrevivir en la difícil competencia de estos tiempos.
Julio María Sanguinetti
Correo de los Viernes
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