Aunque parezca extraño el Estado Argentino está cobrando una visa de trabajo a quien pretenda ir a trabajar en dicho país en forma circunstancial. Así como lo lee, cobran a uruguayos como a cualquier extranjero que pretenda trabajar aunque más no sea un día en dicho país. Parecería ser que no solo abarca a artistas, sino también a otras profesiones, como los jueces en distintas disciplinas deportivas.
El cobro de visa resulta mirado desde nuestro país algo antipático, más proviniendo de un país vecino donde históricamente las relaciones entre sus habitantes han sido estrechas y fluidas. Mucho más que antipático si lo miramos desde el punto de vista del Mercosur, o sea aquel acuerdo por el cual se proponía crear un mercado común  entre los territorios de los países miembros, lo que significaba la libre circulación de bienes y servicios entre los territorios de los países miembros.. Hoy como vemos cada día estamos más lejos de dicho postulado y más cerca a algo parecido a un  conjunto de países enemistados, donde priman los celos , el mal humor y la falta de trato fraterno entre sus gobernantes.
No sé qué pasaría si Uruguay, dispusiese que los jugadores de la selección de dicho país, que jugaran un partido por las eliminatorias del Mundial 2014 próximamente,  tuviesen que pagar una visa de trabajo. Creo que más de un gobernante argentino nos regañaría con razón, e invocarían también con razón, la libre circulación sin restricciones entre los países miembros del Mercosur. No es el precio de la visa lo que preocupa, en definitiva cualquier artista salvo que vaya a actuar por el plato de comida, puede pagarla, lo grave es que exista dicha visa ya sea de un peso o un millón.
Es claro que esta medida además es antipática, es contraria a derecho, contraria al espíritu del Tratado de Asunción. Existe un principio que implica no hacer nada que sea contrario a lo consagrado expresa o tácitamente, en el tratado aunque no este reglamentado. Ello fue reconocido por un tribunal del Mercosur en un laudo donde se falló a favor de Uruguay. Es vedado a los países miembros realizar actos contrarios al espíritu de la norma aunque esta no consagre el derecho expresamente o aunque existiendo en el tratado, protocolo, o resolución Consejo Mercado Común, estos no sean ratificados por el país mediante norma de derecho interno.
Y ya que nos amenazan por otro tema, de concurrir al Tribunal de la Haya, nosotros mas humildemente deberíamos ir al procedimiento de solución de controversias del  Protocolo de Olivos  y hacer valer nuestro derecho a la libre circulación de bienes y personas, pues esta visa no es otra cosa más que un impedimento para desarrollar labores en el espacio común o en la Patria Grande como algunos les gusta llamar.
En definitiva, en lugar de estar mejor con la aplicación del Tratado de Asunción, estamos peor que antes, mucho peor. Veamos y esperemos a ver que resuelven nuestras autoridades sobre el tema  y si toman la decisión de defender a los conciudadanos o van a dejar que sucumban en aras de defender no se qué tipo de buen relacionamiento inexistente hoy por hoy.

Una verdadera historia sin fin es la de AFE.
En estos días el actual presidente Settelich renunció a su cargo luego de desavenencias con su primo, alto jerarca del Ministerio de Economía.
AFE, tal cual está le sirve a muy pocos. Fundamentalmente sí, a los pocos usuarios del servicio de carga que aún mantiene la empresa que, en definitiva, usufructúan un servico de regular a malo pero en cambio subsidiado por todos los uruguayos.
AFE siempre fue,  desde que el estado lo tomó la empresa ferroviaria como forma de pago de Gran Bretaña por deudas  de la segunda gran guerra del siglo pasado, un fenómeno político.
Una empresa que gracias a una absolutamente equivocada política de construcción de carreteras que venía de la época de Batlle y Ordoñez ya venía en decadencia en manos de los hijos de Albion.
Como dato y comentario el tema fue que Batlle y Ordoñez mandó construir carreteras paralelas a las vías para competir con los ferrocarriles en manos de los británicos y así obligarlos a bajar sus tarifas.
El detalle fue que esos genios se olvidaron que, si en algún momento los ferrocarriles pasaban a manos del estado, esas mismas carreteras seguirían compitiendo con los ferrocarriles haciéndolas muy poco rentables. Así sucedió y hoy nuestro país se debate entre un sistema carretero peligroso y decadente y un ferrocarril moribundo.
Desde el punto de vista estructural el daño está hecho. En el país ya no hay destinos que no tengan amplia conexión por carreteras, en general malas, que justifiquen las altas inversiones requeridas por la infraestructura feroviaria.
Entonces la disyuntiva es otra. La pregunta que debemos hacernos los orientales es si las externalidades positivas que genera el modo ferroviario mantienen un costo beneficio razonable como para seguir invirtiendo en ese modo de transporte.
En nuestro país las distancias son cortas, las cargas poco voluminosas salvo algunas excepciones y la estructura comercial interna de nuestra economía no justificaría grandes inversiones ferroviarias en un análisis superficial.
Sin embargo, nuestra red vial ya no soporta actualmente el aumento de cargas que representa la forestación, ni en realidad la agricultura con el millón de hectáreas actuales plantadas de soja, ni el clinnker, ni varias otras cargas pesadas y voluminosas que aparecen en el horizonte. Un ejemplo: el mineral de hierro,  potencial producto del proyecto Aratarí que quizás fuera mejor transportarla por riel y no usando agua como vehículo, en un igualmente invasivo mineroducto como se propone.
Sea como fuere el que escribe comprende y apoya totalmente las rabietas del actual presidente de AFE quien tiene un arduo trabajo entre manos y con vistas al futuro. Un hombre jóven y con empuje que evidentemente, como a todos los que pasamos por el ferrocarril, se ha visto atrapado por las  muy reales posibilidades del modo ferroviario.
La cuestión sin embargo, no es técnica. Uruguay no tiene accidentes geográficos ni problemas topográficos que compliquen seriamente ningúna red ferroviaria ni presente ni futura.
El tema pasa por un análisis de costo beneficio entre los benefcios indirectos (externalidades) del modo ferroviario vis a vis los méritos y deméritos del transporte carretero.
La inversión considerable que requiere el ferrocarril en nuestro país debe depender de un análisis desapasionado de estos asuntos y no de cuestiones históricas ni políticas.
Solamente una vez que estos aspectos estén debidamente ponderados y cuantificados -en la medida que esto sea posible- se podrá tomar una decisión más o menos acertada con respecto al modo ferroviario.
Salvando las externalidades positivas a nivel local que no son pocas ni insignificantes, otro gran tema a estudiar es la interconexión ferroviaria en el conosur.
Si se pudiera dinamizar el transporte de carga ferroviaria entre los países del sur de nuestro continente fomentando incluso la conexión bi- oceánica muy posiblemente, ahí sí, veríamos un modo ferroviario nuevamente floreciente.
Con los socios que tenemos, mientras los gobiernos interpongan ideologías a cuestiones prácticas, no parece que esta opción sea muy viable por más que sea oportuna y necesaria.
AFE entonces dependerá de las relativamente anémicas cargas internas y de las decisiones internas en política de transporte a mediano y largo plazo.
Lo que no deben dudar los uruguayos es que un ferrocarril de carga a nivel nacional y de pasajeros en cercanías es viable, posible y hoy por hoy necesario; siempre y cuando los beneficios externos inherentes al modo sean mayores a sus costos en el contexto actual y EN EL FUTURO PREVISIBLE:
Es cuestión de visión, decisión y algo de coraje.
Lamentablemente caracterísitcas no muy comunes en nuestra clase política, aunque honesto es decirlo, las hay peores, mucho peores.

• Se viene el Súper Ministerio de Seguridad? El sueño canino de la  KGB propia????!!!
  

La peregrina y peligrosa idea, aún en discusiones teóricas, provendría del entorno del susbsecretario actual del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, y consistiría en crear un Ministerio de Seguridad, como en la Argentina, el que incluiría básicamente:

 a.- Cuerpos Militarizados de la  Policia (Guardia Nacional Republicana y otros grupos de élite) provenientes del Ministerio del Interior
 b.- Prefectura, desprendida de la  Armada
 c. - Policia Aeroportuaria, hoy día a cargo de Fuerza Aérea
 d. - EDAT/ Brigada de Explosivos del  Ejército (esto ultimo posiblemente en una segunda instancia debido a los roces que causaría con la Fuerza Terrestre). .

Asi, de suceder este aventurero extremo, quedarían institucionalizados, al igual que en la Argentina, tres ministerios en estos sectores:  Defensa, Interior y Seguridad.
Seguridad, además, generaría su propio grupo de Información e Inteligencia, no obstante poder comenzar a funcionar con los recursos humanos y técnicos pre existentes que se quieran adherir.
Eventualmente, este anteproyecto -que se concretaría si Tabaré Vázquez volviera a triunfar en las elecciones,  hacia principios de 2016- podría llegar a englobar más áreas originarias de otros Ministerios, otorgando a esta posible dependencia un poder inusual en la historia uruguaya, y que, previsiblemente, despertará lógicas y deseables resistencias.
El Ministerio del Interior quedaría a cargo de las tareas policiales cotidianas y preventivas, mientras hay dirigentes políticos frenteamplistas que, notoriamente, pretenden incluir las funciones de nexo (y algo más…) con el Poder Judicial en alguna Secretaría de Estado, siendo ésta la más proclive, aunque, al retornarse a la democracia en 1985, todos los partidos políticos habían acordado extinguir cualquier Ministerio de Justicia, por considerarlo una rémora autoritaria.
Hipótesis más audaces al respecto de estos estudios preliminares, indican que quizá ya se habrían estado evaluando lotes de armas usadas de grueso calibre, en Europa Oriental, para su dotación.
 En similar sentido, preocupa una compra reciente de 4 fusiles de francotirador FS-50, uruguayos, diseñados, en base a los más aceptados a nivel internacional, por el uruguayo Pedro Ipuche, con participación del Servicio de Material y Armamento del Ejército, que participa en la construcción de componentes y tiene poder de veto. No obstante y sin el acuerdo del Ejército, el Ministerio del Interior -una vez más, abusando de la declaratoria de “secretas” de la mayoría de sus adquisiciones, constantemente observadas por el TCU- ha comprado una partida inicial de 4 unidades a casi 20.000 dólares cada una.
¿Costumbres argentinas? ¿Ministros argentinos?
Javier Bonilla