Que según datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht pagó más de 788 millones de dólares en sobornos, cifra que le reportó más de 3.300 millones de dólares en ganancias criminales entre los años 2001 y 2016.

QUE para dimensionar esto, de acuerdo con algunos cálculos lineales, con alrededor de 120 millones de dólares al año (dos años y medio de sobornos de Odebrecht) se podría  disminuir significativamente la pobreza monetaria de los hogares uruguayos con hijos menores de 2 años.

Que siendo un poco más ambiciosos, con cerca de 180 millones de dólares anuales (tres años y medio de sobornos de Odebrech) se podría reducir al mínimo la pobreza monetaria de los hogares uruguayos con hijos menores de 6 años.

Que el "aumento de las pasividades" del que hace gala el gobierno, es equivalente a trece pesos diarios ($13), un bizcocho, un cara sucia o un cuernito de panadería.

Que Guido Manini Ríos adelantó que propondrá al gobierno reforzar la partida salarial de los militares a partir de 2026, sin exceder el perímetro fiscal, mediante una reducción del gasto en otras reparticiones del Estado.

Que sería totalmente negativo que una oposición cerril, -porque tiene la mayoría en la Cámara de Representantes-, dejara al gobierno sin presupuesto”, afirmó Guido Manini Ríos, en reciente entrevista. El exsenador profundizó en las tres propuestas que Cabildo Abierto ha planteado al presidente Yamandú Orsi, y sostuvo que su partido quiere que se incorporen en un mensaje complementario al presupuesto: la situación de los deudores considerados irrecuperables por el Banco Central, los límites a la forestación y el salario de las Fuerzas Armadas.

Que en una decisión que tomó por sorpresa a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft), el proyecto de Ley de Presupuesto incluye un artículo que elimina a los servicios de cambio de moneda y a las empresas de cofres de seguridad de la lista de entidades que deben ser controladas por el Banco Central del Uruguay.

Que el gobierno incluyó en el proyecto de ley de Presupuesto, un artículo por el que prevé otorgar incentivos a las aerolíneas que incrementen la venta de pasajes con destino a Uruguay, dando prioridad a la apertura de nuevas rutas para aumentar la llegada de turistas al país.

Que los incentivos que estimulan la actividad aerocomercial generan condiciones más competitivas, y así lo han comprendido el gobierno y los privados, empecinados en traer más aerolíneas para ampliar la oferta de frecuencias, rutas y destinos.

Que el decreto de modernización de la normativa aeronáutica marcó un antes y un después en el desarrollo de la industria; la política de cielos abiertos, -con todas las libertades del aire y los cambios en la regulación-, facilitó la construcción y remodelación de varios aeropuertos en todo el país de la mano de Aeropuertos Uruguay, acompañado todo por la modernización en las pistas de aterrizajes del Aeropuerto Internacional de Carrasco, instalación de nuevas aerolíneas y apertura de nuevas rutas.
 
Que antes de cambiar las reglas de juego con los impuestos, el gobierno tiene que ajustar el gasto”, dijo el diputado blanco Sebastián Andújar, y aseguró que en líneas generales se votará el proyecto del Poder Ejecutivo.

Que durante los últimos 10 años Juan Miguel Petit fue el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, una oficina pequeña pero con fuerte impacto desde donde impulsó informes anuales y especiales que expusieron con cifras, a través de testimonios y relatos, la realidad de las cárceles uruguayas: el hacinamiento, la violencia y los tratos “crueles, inhumanos y degradantes” que reciben cerca del 40% de los reclusos.

Que entre los proyectos para mejorar la actividad educativa, la Administración Nacional de Educación Pública presentó su plan de extensión del tiempo pedagógico para el período 2025-2029, con el objetivo de duplicar la oferta educativa en los próximos cinco años.

Que la iniciativa, una más en  múltiples que no lograron trascender a la propuesta, y bajo el paraguas de todos los colores políticos que padece el país, pretende voluntariosa beneficiar a 100.000 niños en educación inicial y primaria, y alcanzar 122 centros en educación media posescolar.

Que como en el Parlamento no hay nada que hacer, un par de diputados blancos -de esos que le buscan el pelo al huevo y que no permiten gobernar-, conjuntamente con el 50% de la biblioteca concluyeron que las actividades que ejerce el presidente de ASSE, Álvaro Danza, en las instituciones de asistencia médica privadas son incompatibles con el cargo de presidente del directorio del prestador público de los servicios de salud.

Que por el contrario la ministra Lustemberg dio su “respaldo político” a Danza,  y señaló que los informes a su favor son “terminantes”, y marcó el hecho de que “llamativamente” se haya hecho pública nuevamente la “inquietud” el día en que el Ministerio de Salud trataría en el Parlamento su presupuesto.

Que con relación a la compra de la estancia María Dolores los blancos se suman a los colorados y a Identidad Soberana en la denuncia penal por abuso de funciones y fraude impulsada por Gustavo Salle y acordada con el Partido Colorado. Apunta también a la falsificación ideológica y conjunción de interés público y privado, resaltando que pasa el tren y el Partido Nacional "trabaja" para sumar nuevos elementos...

Que también se nos pasa la hora, y el elenco político uruguayo se sumerge en discusiones banales y discute el sexo de los ángeles; la ciudadanía espera angustiada que mejore la situación económica del país, pero advierte que en el poder legislativo la ignorancia campea a gusto y antojo, mientras la población aguarda expectante que los tres poderes del Estado asuman su rol a la luz de Montesquieu.

Que la gran novedad de estos tiempos es que el Presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo Caggiani, sustituyó en su dicción la palabra niño, o niña o niñez, y también adolescente, simplemente por la palabra "los gurises".
Nota de Dirección: La autoridad educativa debería dejar el barrio y referirse a sus educandos como alumnos.

Que el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que en la ley de presupuesto del gobierno hay “algunos impuestos que no son los primeros, que aparecen pero que están abajo de una piedra”, entre ellos una tasa que va a encarecer enormemente los productos fitosanitarios para la agricultura, granja, vitivinicultura, y horticultura.

Que el senador Ojeda, crítico del Presupuesto gubernamental precisó que el impuesto Temu es el gravamen de Avenida Italia al norte, y cuestionó que no se cobre lo mismo a las compras efectuadas en Estados Unidos: "la barricada antiimperialista cede cuando es gobierno".

Que a seis meses de la imputación del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, por delitos de corrupción, el Poder Judicial comunicó este martes 9 su formalización a la Corte Electoral, y ahora el dirigente aguarda por una posible suspensión de su ciudadanía, tal como establece el Código del Proceso Penal.

Que crece la violencia en Santa Cruz de la Sierra: una ola de secuestros y sicariatos advierte la presencia de mafias internacionales en pleno crecimiento en Bolivia.

Que se reunió por primera vez la mesa de trabajo que convocó la semana pasada el gobierno con la sociedad civil para reforzar la respuesta a la violencia de género, tras los infanticidios vicarios de Alfonsina y Francisco, de 2 y 6 años, a manos de su padre, Andrés Morosini.

Que constituye un contrasentido, de cara al ya reconocido despilfarro gobernante y legislativo, que desde el gobierno y ministerios (que sobran) se sigan proyectando multitud de gastos, impagables, mediante la creación de nuevas carteras y oficinas públicas. 

Que el régimen de Maduro no puede ofrecer un salario digno a las fuerzas de seguridad, y para mantener su lealtad les permite aceptar sobornos de narcotraficantes.

Que Mike LaSusa, subdirector de Contenidos de Insight Crime y experto en crimen organizado en el continente americano, asegura que el Cartel de los Soles "no es un grupo per se", sino más bien "un sistema de corrupción generalizada" que le permite a Maduro mantener la lealtad de los militares.

Que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha cargado contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que ha acusado de haber realizado una "amenaza genocida flagrante" contra Israel después que este dijera que España carece de armamento nuclear para frenar la guerra en Gaza y por ello adopta otras medidas, como el embargo de armas.

Que judicializar la política es de los peores errores que los partidos pueden cometer, pero son errores que viven cometiendo”, opinó en rueda de prensa el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira con relación a la Estancia María Dolores: “obstaculizar la justicia con estos asuntos parece absurdo, de política muy menor”.

Que la ministra de Industria anunció alborozada que rebajaba cien pesos el precio de la garrafa de supergás, decisión que duró un suspiro dado que una semana después volvió a incrementar en aquellos cien pesitos el valor de la garrafa.

Por Julio María Sanguinetti.- El dramático episodio de Soriano con un padre enloquecido que se suicida junto a sus hijos ha conmovido al país. Es natural que así sea. Diríamos que así debe ser, porque una sociedad que no se sacuda ante episodios tan trágicos estaría revelando un estado de ánimo colectivo de enfermiza insolidaridad, por decir lo menos.
Desgraciadamente, sin embargo, cada vez que la sociedad recibe esos impactos emocionales se dan dos reacciones tan explicables como peligrosas.
La primera es la cacería de “el culpable”. Bien sabemos que culpable es el que por “acción u omisión” produce un hecho sancionado por la ley. En el caso, ese padre fuera de sí, que antes incluso había intentado suicidarse, es el culpable. No hay otro culpable o cómplice. No busquemos.
Ante el hecho, sin embargo, se desplaza el razonamiento hacia una eventual responsabilidad genérica que se endilga a la sociedad toda. Ella es, como decimos, personal y no colectiva. La atribución confusa, indeterminada, es cómoda para deslindar alguna específica en la acción del Estado pero no explica nada. Se entra entonces en la indagación de si los mecanismos judiciales y administrativos eventualmente obligados hicieron lo debido. En el caso no parece que hubiera omisiones, porque aunque este hombre tuviera tobillera y todas las medidas habituales de prevención, igualmente no se habría podido evitar. Simplemente porque irrumpió violentamente, se llevó sus hijos a la fuerza y luego salió a tal velocidad que solamente un milagro eludía el desenlace.
Desgraciadamente, episodios de análoga naturaleza ocurren con cierta triste frecuencia, aunque no alcancen esa espectacularidad. Sin ir más lejos, el mes pasado, en Pocitos, una madre funcionaria policial en tratamiento psiquiátrico, intentó suicidarse y arrastrar a la muerte a sus tres hijos. La niña mayor logró salvarse ella y a otra hermanita, cuando la madre pretendía que todos se tiraran al vacío desde el balcón de su apartamento. Lo hizo con un bebé, al cual abrazó para lanzarse a la muerte. ¿Era evitable? Probablemente sí, porque la madre no estaba psicológicamente estable, pero eso pasaba por quitarle sus hijos, medida difícil siempre para la administración de justicia.
Ahí entramos, entonces, en la segunda reacción habitual: salir a legislar. No hay peor momento para hacerlo, porque presa de la emoción colectiva, la sociedad presiona psicológicamente a los legisladores para medidas extremas. ¿No oímos con frecuencia voces reclamando hasta la pena de muerte? Además, no es posible reclamarle a las leyes lo que no pueden ofrecer, porque no son el remedio milagroso para superar los problemas de familias problematizadas y miembros con salud psíquica en conflicto. Las leyes dan pautas, crean instituciones para prevenir, deslindan responsabilidades, pero no son ni pueden ser el milagro redentor de los dramas íntimos de las personas ni el servidor de emergencia que supera siempre lo imprevisto.
En el caso, la propuesta es hacia la derogación de la ley de tenencia compartida, que establece la igualdad entre padre y madre en la tutela de los hijos. Justamente, esa situacion jurídica no estaba en juego en el episodio comentado, de modo que lo que ocurrió hubiera acaecido igualmente sin ley. Derogar una normativa que fue largamente discutida y se redactó con mucho cuidado no nos parece que sea el camino. No va a impedir situaciones dramáticas como la vivida, resultado de impulsos momentáneos sorpresivos, muy difíciles de prevenir y evitar.
El tema, naturalmente, nos lleva a los problemas de la estabilidad familiar y de la salud espiritual y psicológica de las personas. ¿Puede el Estado actuar en ese territorio? Sin duda es su deber y lo hace, aunque es —y quizás lo será siempre— insuficiente, especialmente en el cuidado de los niños, que es el mayor bien a proteger. Hemos avanzado legislativa y administrativamente, pero siempre corriendo detrás de situaciones que se han ido agravando con las tendencias actuales de una sociedad en que todas las instituciones están debilitadas, asaltadas por un individualismo confuso, inorgánico, que estimulan las redes sociales.
Puede ser este un buen momento para que el Parlamento, en una comisión especial, revise esos temas, el suicidio, el abandono materno o paterno, la violencia intrafamiliar, procurando información fehaciente, estudiando con calma y asumiendo que las leyes son imprescindibles para establecer los parámetros generales pero no el remedio infalible para males que están mucho más allá de sus normas. Hay que escuchar a los actores sociales y estatales que actúan en estos difíciles temas en que la generalidad nos asoma ante el episodio detonante y estamos lejos de un día a día complejo y sacrificado. Cada hogar es un mundo, las normas son disposiciones abstractas eventualmente aplicables a situaciones muy diversas por seres humanos siempre falibles.
Al final de todas las cuentas y de todas las cuitas, pensemos en la responsabilidad personal. Como dice nuestro siempre recordado Max Weber, “cada acción individual y, en último análisis, la vida en su totalidad… no significa otra cosa que una cadena de decisiones últimas, gracias a las cuales el alma elige, como en Platón, su destino, lo que quiere decir el sentido de sus actos y de su ser”. (Nota que se comparte con Correo de los Viernes)