Edición Nro. 2353 - Punta del Este / Uruguay
enfoques 12 de abril de 2024
 
 
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AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Las 18 empresas del Estado que el Gobierno pretende privatizar en la nueva ley de Bases
  • El Ejecutivo envió el último borrador del nuevo proyecto en donde se detallan las sociedades estatales que el oficialismo buscará vender al sector privado

El gobierno nacional le mandó a los gobernadores y a los jefes de los bloques dialoguistas el último borrador de la nueva ley de Bases que pretenderá ingresar a comisiones en los próximos días con la intención de sancionarla en el Congreso lo antes posible. Se trata de una reducida ley ómnibus que dejó de lado algunos de los aspectos que mayores trabas le generó al oficialismo a la hora de su sanción. Sin embargo, incluye la columna vertebral de las propuestas que el presidente Javier Milei pregona desde de su candidatura, como por ejemplo: el listado de empresas estatales que se quieren privatizar.
El proyecto original de la llamada ley ómnibus tenía más de 600 artículos, pero en el nuevo borrador ese número se redujo considerablemente hasta poco más de 270. Cabe destacar, que en esta versión se incluyeron los incisos para la reforma laboral que se había anunciado en el megadecreto 70/23 de diciembre, y que quedó trabado en la Justica.
El actual borrador, que desde el Gobierno esperan que obtenga el visto bueno de los gobernadores y bloques de Diputados, insiste con la privatización de un importante número de empresas estatales. Anteriormente, el Ejecutivo pretendía que fueran 40 las firmas a privatizar con la intención de reducir los gastos del Estado.
La imagen de AySA que difundió el Gobierno junto a la designación de Marcelo Papandrea
La imagen de AySA que difundió el Gobierno junto a la designación de Marcelo Papandrea
Presidencia
Sin embargo, en la nueva versión la cuenta se reduce, pero igual afecta a entidades de envergadura. En el anexo que se dio a conocer se detalló que se diferenció entre empresas que serían privatizadas de maneral total o parcial para un total de 18.
En el primer grupo se incluyó a nueve empresas entre las que se encuentran: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Radio y Televisión Argentina e Intercargo. Mientras que quedan sujetas a privatización y concesión AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse).
A estas nueve empresas se suman otras nueve que podrán privatizarse parcialmente si se aprueba la ley: Nucleoeléctrica Argentina S.A., el Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursatil, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Estas últimas empresas “sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”, señala la ley.
Algunas de las principales empresas que en un comienzo quiso privatizar el Gobierno se dejaron afuera, tal y como se había acordado en el debate en comisiones de enero sobre el primer proyecto de ley de Bases. Tal es el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). En ese momento, también se dispuso que Nucleoeléctrica, Arsat (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales) y Banco Nación deben mantener la mayoría accionaria o el derecho a veto estatal. Este último sí se incluyó en el nuevo borrador, en tanto Arsat no.

Cómo se realizarían las privatizaciones
Uno de los principales cuestionamientos de la oposición sobre las privatizaciones radicaba en el cómo se iban a llevar adelante. El nuevo borrador brinda luz sobre este punto. Se adelantó que el proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión.
Además, que la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones intervendrá en el proceso acompañada por Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación.
Durante el proceso de liquidación de la empresa, sólo podrán enajenarse los bienes necesarios para la cancelación de los pasivos. La empresa en liquidación deberá respetar las normas de procedimientos para la enajenación de tales bienes. En tanto, los bienes muebles e inmuebles que compongan el activo remanente de la empresa en liquidación que estén a nombre del Estado Nacional deberán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Por último se detalló que la Agencia de Administración de Bienes del Estado tendrá a su cargo la administración, desafectación y disposición de los bienes que le fueran transferidos de conformidad con lo previsto por la presente ley y el Decreto 1382/2012 y sus normas modificatorias.

El listado completo que figura en el anexo de “Privatización de Empresas Públicas”:
Aerolíneas Argentinas
Energía Argentina SA (Enarsa)
Radio y Televisión Argentina
Intercargo
AySA
Correo Argentino
Belgrano Cargas
Corredores Viales
Trenes Argentinos (Sofse)
Nucleoeléctrica Argentina SA
Banco Nación
Nación Seguros
Nación Reaseguros
Nación Seguros de Retiro
Nación Servicios
Nación Bursatil
Pellegrini SA
Yacimientos Carboníferos Río Turbio




ADVERTENCIA: Los artículos periodísticos firmados son de la exclusiva responsabilidad de sus autores. La Dirección.



(Columna de Ricardo Garzón)
SE DICE

Que el pueblo de Buenos Aires es y será siempre nuestro hermano, pero nunca su gobierno actual. (Artigas a Sarratea, 25 de diciembre de 1812).

Que en un programa de gobierno en que las propuestas más polémicas, como la eliminación del Liceo Militar quedaron apartadas para más adelante, el Frente Amplio marcó una impronta clara dirigida hacia las Fuerzas Armadas, y en especial hacia su rol en la historia reciente del país.

Que el texto, de 107 páginas, ratificado semanas atrás por el Plenario de la coalición de izquierda incluye entre sus medidas de gobierno la intención de “sancionar la injerencia indebida en temas políticos y/o los comportamientos de militares en actividad que reivindiquen lo actuado en la última dictadura cívico militar”.

 Que según el politólogo Daniel Buquet, doctor en Ciencia Política, si el PIT-CNT llega a las firmas para habilitar el plebiscito sobre la seguridad social perjudicará al Frente Amplio y beneficiará al oficialismo, coalición de gobierno que no descarta una coordinación entre partidos para defender la reforma previsional.

Que el PIT-CNT está a menos de 23.000 adhesiones para llegar al número necesario para que se habilite el plebiscito para fijar en 60 años la edad jubilatoria, igualar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y eliminar las AFAP.

Que un avión Boeing 737 de Southwest Airlines perdió la cubierta de uno de sus motores, que se desprendió y golpeó el ala durante el despegue, un suceso que será investigado por la Administración Federal de Aviación y que se suma a la lista de incidentes del segundo fabricante de aviones más grande del mundo.

Que si soy cardiólogo no me preguntes por juanetes, expresó  el diputado Gustavo Zubía, precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Colorado, para enseguida afirmar que no domina otros temas que no sean los de seguridad.

Que en jugoso reportaje publicado en El Observador, Zubía agregó que los problemas callejeros que estamos sufriendo, los homicidios y las órdenes tienen origen en el interior de las cárceles, y en ese entorno, "no soñar es mi lema". "Lo primero es poner orden. Para poner orden tenés que reprimir. No es conversando. Lo mismo que un enfermo. El tipo está con 40°C de fiebre. Necesitás bajarla. Necesitás un antipirético".

Que sin apoyo policial los inspectores de tránsito tienen comprometida su labor dado que no son simpáticos a la ciudadanía, que más bien los rechaza, harta de radares móviles y fijos, prostituidos por el monto exagerado de las sanciones económicas que se aplican, verdaderamente leoninas.

Que tras cartón, una inspectora de tránsito de la Intendencia de Montevideo fue arrollada por un motociclista al que le había pedido que parara mientras cruzaba por una calle de Sayago; el conductor de la moto no paró; la arrolló, y se fue con su compañero en ancas a toda velocidad. La funcionaria quedó tendida en el pavimento.

Que la Intendencia de Montevideo vendió la piel del oso antes de cazar el oso, y hará una denuncia penal contra los motociclistas desconocidos que atropellaron a la inspectora de tránsito.

Que los padres de un adolescente que llevó a cabo un tiroteo letal en una escuela del estado de Michigan (Estados Unidos) fueron sentenciados a penas de 10 a 15 años de prisión; son los primeros padres que van a la cárcel por homicidio involuntario debido a las acciones de su hijo.

Que tirar para atrás la reforma de la seguridad social sería “un disparate”, aseguró la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, al hablar ayer en el Foro Económico de ACDE. La ministra fundamentó que frenar la reforma sería cambiar las “reglas claras” que caracterizan a Uruguay; apropiarse de los recursos de los fondos de pensión de los uruguayos, y perjudicar las cuentas públicas, lo que llevaría a un aumento de los impuestos y al deterioro de la competitividad.

Que el precandidato nacionalista Jorge Gandini oficializó la incorporación de Marisol Días, que con su Agrupación Democrática Uruguay pretende convertirse en la primer mujer trans migrante en llegar al Parlamento. "En Venezuela no hay mujeres trans libres"...

Que Marisol Días procede de Venezuela, (llegó a Montevideo en 2017 con su esposo y tres hijos) de donde dijo haber huido debido a la persecución a la que, afirmó, fue sometida por el gobierno de Nicolás Maduro. Allí era militante de Acción Democrática (AD), uno de los partidos políticos que dominó la escena venezolana hasta la llegada de Hugo Chávez en 1998.

Que cuatro empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional, República Argentina, podrán ser privatizadas: son ellas Aerolíneas Argentinas, -que intenta reacomodarse en medio de la incertidumbre sobre el futuro del mercado aerocomercial-, Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., e Intercargo SAU.

Que el asesor del Ministerio del Interior el colorado Diego Sanjurjo, dijo que dirigentes del Frente Amplio hablan con “jerarquías policiales”, en particular con “retirados”, para pedir “apoyo e información”, y que a cambio de eso les aseguran futuros cargos en caso de volver al gobierno.

Que la inseguridad y la delincuencia constituyen el problema que más preocupa a la población, según encuesta de Cifra: 47% de los consultados priorizó temas de seguridad pública y 31% la situación económica, en particular, el desempleo, los sueldos y la pobreza; 31% de los encuestados manifestó su preocupación, en particular, por el trabajo y la desocupación (15%) y los sueldos y la pobreza (13%).

Que otros temas mencionados como problemas refieren a la educación (5%), “gente, valores, corrupción” (4%), “el gobierno” (3%), la salud (2%) y “políticos, oposición” (2%). En tanto, 5% no identificó ningún problema en la actualidad y 2% optó por la opción “otros”.

Que sin grandes estructuras de apoyo, tras abandonar Ciudadanos y la Cancillería en medio del escándalo por la entrega del pasaporte a Sebastián Marset, Carolina Ache se lanzó a competir en la interna del Partido Colorado.

Que la precandidata señaló que la divisa vive un “momento bisagra” y que el mejor lugar desde donde puede aportar es con una postulación. Abogó por políticas de Estado para mejorar la pobreza y la seguridad, y propuso fusionar los ministerios de Industria con el de Turismo y pasar a denominarlo de Comercio para que se concentre en la inserción internacional.

Que "dale Juan al tabaquero"; con un centenar de viejos en prisión, -muriéndose de a poquito- ahora resulta que desnudan otra vez al Ejército y lo imputan en reiteración de haber pagado la defensa a un coronel acusado por acoso sexual y laboral.

Que la exintendenta frenteamplista Carolina Cosse, postergó su definición sobre el plebiscito de la seguridad social y espera llegar a las internas sin pronunciarse para no chocar con comunistas y socialistas.

Que después de haber acusado a los profesionales de la comunicación de haberse “corrompido, ensuciado y prostituido” con las pautas oficiales, el presidente Milei dijo que los periodistas se han acostumbrado, a lo largo de las últimas décadas, a que deben ser tratados como profetas de la verdad única e incontrastable, a los que no se les puede criticar, ni desmentir, ni corregir. "Y si alguien osa cometer esa imprudencia, es castigado al unísono por todos los miembros de la corporación y sus agrupaciones”. 

Que a consecuencia del impacto del ajuste económico y la licuación de los ingresos en Argentina, los salarios formales registraron en febrero el cuarto mes consecutivo de retroceso frente a la inflación, acumulando una caída del 23,9% desde noviembre, acercándose ya al mínimo histórico del final de la convertibilidad.

Que durante 2023, la mitad de los trabajadores recibió ingresos —líquidos— por debajo de los $ 34.500 calculados a precios de marzo de este año, a la vez que el 25% de menores ingresos cobró una remuneración que se situó por debajo del Salario Mínimo Nacional ($ 21.500 a precios actuales).

Que Álvaro Delgado contestó el desafío de Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt, de debatir sobre la reforma jubilatoria y el plebiscito que la central sindical propone. “Si tiene muchas ganas de debatir sobre la propuesta concreta de esta reforma y los beneficios de la reforma, y de los perjuicios e inseguridad que genera en caso que se apruebe el plebiscito, me parece que tiene que hacerlo con quien coordinó la reforma de la seguridad social, Rodolfo Saldain”.

Memoria, olvido y fascismo
(Por Julio María Sanguinetti). Como explica Paul Ricoeur, hay una "memoria obligada" de muy difícil definición pero que normalmente alude a los episodios fundacionales de una nación o bien a episodios de tal magnitud y unanimidad en el juicio, que no pueden olvidarse tanto por razones de justicia como de responsabilidad cívica. Este último sería el caso, por ejemplo, del Holocausto judío, al que no le han faltado algunos historiadores negacionistas, pero que ha merecido, desde los Juicios de Núremberg, un muy fuerte consenso internacional.

Al lado de esas memorias hay una tentación peligrosísima, que es lo que él llama "el abuso de la memoria", cuando se impone una "memorización forzada" que decreta la conmemoración desde la autoridad del Estado. Todorov, en una obra ejemplar sobre tema, describe este "abuso", que intenta "el control de la memoria propio de los regímenes totalitarios" o de "todos los celosos de gloria". "Los relatos de la memoria", dice, "son demasiado grandes como para confiarlos al entusiasmo o a la cólera". Como han explicado estos filósofos, el abuso de la memorias incluye siempre un "abuso del olvido" y con esto nos aproximamos a comentar un proyecto -del Frente Amplio- que pretende imponer una policía del pensamiento, condenando "cualquier declaración o manifestación pública que niegue, justifique o minimice las consecuencias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el accionar ilegítimo del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973 y el 27 de junio de 1973 al 28 de febrero de 1985".
En la exposición de motivos se dice que "el negacionismo busca negar la historia y establecerse como única visión verídica". Es una definición rotunda del propio proyecto de ley, que es eso precisamente, imponer desde el Estado una versión "única" de episodios históricos aun sujetos a interpretación por ser parte de un largo proceso de violencia política. Realmente asombra el intento solo concebible en un régimen fascista o comunista.
Sustantivamente, el "abuso de memoria" lo que pretende establecer es un olvido coactivo de que el fenómeno terrorista no fue sólo del Estado sino que nació de organizaciones que, en plena democracia, se lanzaron a una revolución armada que pretendía sustituir el régimen institucional del país. Inspirados en la revolución cubana, cuando ésta ya se había proclamado comunista, entre 1963 y 1973 llevaron al país a una real situación de guerra. "Supuesta guerra", dice la misma farragosa exposición de motivos, como si no fuera el Parlamento, oficialmente, el que declaró el "estado de guerra interno" en abril de 1972, luego del asesinato simultáneo de cuatro ciudadanos, dos militares, un policía y un prestigioso profesor, en una típica acción destinada, precisamente, a sembrar el "terror". Lo mismo decía, en 1971, el mismísimo "Correo Tupamaro": "a cinco meses de las elecciones estamos en guerra".
Las acciones encuadraban estrictamente en el concepto de "terrorismo". Secuestrar al Embajador británico reclamando la libertad de los procesados por la justicia ordinaria, ¿qué es? Secuestrar intachables comerciantes como Ricardo Ferrés o políticos cercanos al Presidente como el Dr. Pereira Reverbel, ¿qué es? Secuestrar el Cónsul General de Brasil para poner al país en vilo frente a la dictadura brasileña, ¿qué es? Asesinar fríamente a un modesto trabajador rural por haber tenido la mala suerte de ver a un grupo tupamaro salir de una "tatucera", ¿qué es? La historia es conocida. Ella no exculpa de ningún modo a los golpistas de febrero de 1973. Su responsabilidad es inocultable. Pero hablar del golpe de Estado e ignorar diez años de asaltos, secuestros y asesinatos, que sacaron a los militares de los cuarteles, es una manipulación absoluta de los hechos históricos. Un mayúsculo abuso del olvido.
En medio de esta construcción de un "relato" se insiste una vez más en la tesis que ya parcialmente lograron consagrar legalmente, de que el periodo de facto empezó el 13 de junio de 1968 cuando se decretaron medidas prontos de seguridad. Como se sabe, estas son una medida constitucional, que depende del Parlamento y que se mantuvieron por su decisión. En 1971 hubo elecciones libres y da la casualidad que las gana el gobierno. En lo personal, el Presidente Pacheco obtiene para su reelección (no consagrada por el plebiscito conjunto) el mayor caudal de votos de la elección. Como dijo el General Seregni de él "hay que reconocer su inteligencia: es cierto, con la complicidad del sector político, pero nunca transgredió la Constitución y la ley".
Volvemos al olvido: febrero de 1973, cuando todo el Frente, y especialmente el Partido Comunista, celebraban los comunicados 4 y 7 de los militares sublevados contra el poder civil. El 10 de febrero, en medio de la insubordinación, con los tanques en la calle, el diario "El Popular" decía: "nosotros hemos dicho que el problema no es el dilema entre poder civil y poder militar; que la divisoria es entre oligarquía y pueblo, y que dentro de éste caben indudablemente todos los militares patriotas que estén con la causa del pueblo, para terminar con el dominio de la rosca oligárquica. Por qué nos parece, en general, positivo el documento de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de determinadas salvedades...". Hoy parece surrealista, leer estos pronunciamientos, como los de la CNT. Pero todo está publicado y ya nadie puede borrarlo.
Febrero se saltea ¿No es, sin embargo, el momento en que luego del Pacto de Boisso Lanza el poder civil queda subordinado al poder militar?
El Partido Comunista, que arrastra hoy a todo el Frente, por vía directa (o indirecta a través del PIT.CNT), está machaconamente dispuesto a insistir con la tergiversación de la historia a través de una memoria falsa. Desvían el debate hacia aquel tiempo, pretendiendo invocar una convicción democrática que no tuvieron.
Lo triste es que muchos que le siguen no advierten que están a punto de caer en el fascismo. Razón por la cual, cuanto más insistan más nos encontrarán para preservar la verdad histórica. (Nota que se comparte con Correo de los Viernes)



 

 

 

 
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