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AEROPUERTOS, AVIACIÓN COMERCIAL Y TURISMO
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| Enrique Guillermo Avogadro |
| Ni tan tan, ni muy muy |
- “Las democracias requieren negociación y concesiones. Los contratiempos son inevitables; lasvictorias, siempre parciales. Las iniciativas públicas más importantes para un Presidente pueden ser destrozadas por los medios, malograrse en el Congreso o ser rechazadas por las Cortes”.
S. Levitsky y D. Ziblatt
Los argumentos que utilizó Javier Milei para defender, contra viento y marea, su insólita e inexplicable insistencia en imponer al impresentable y tan cuestionado Juez Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema no pueden ser más falsos. Dijo, sin ponerse colorado, que la sostenía por la eficiencia y el conocimiento del candidato sobre el funcionamiento de la Justicia. Con ello, las sospechas de pactos subterráneos con el kirchnerismo –cuyos votos positivos en el Senado le resultarán indispensables para lograrlo- reverdecen y huelen, cada vez más, a impunidad de la corrupción.
La oposición a que Lijo se incorpore al Tribunal supremo no hace más que crecer, a punto tal que esta semana la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que nuclea a 84 asociaciones profesionales, se expresó severamente en contra, diciendo que el nombrado carece de los requisitos mínimos de antecedentes académicos, probidad y sapiencia; por su parte, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales publicó un estudio que demuestra que este Juez es el menos eficaz entre quienes habitan el maloliente edificio de Comodoro Py, y que “duerme” las causas indefinidamente, sobre todo aquéllas en las que hay funcionarios acusados.
La ciudadanía, en general, no está prestando demasiada atención a este crucial tema, pues está más preocupada por la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, el aumento de los servicios y por la caída en la actividad, que pone en riesgo puestos de trabajo. Sin embargo, debiera hacerlo porque, de lograr su propósito el Presidente, las libertades individuales y los patrimonios personales de todos los argentinos estarán sometidos a la voluntad de un personaje que deja tanto que desear, y la prometida persecución a los delincuentes de guante blanco que saquearon el país se convertirá en una nueva desilusión para una sociedad tan castigada.
La Corte Suprema tiene un importantísimo papel asignado por nuestra carta magna: exclusivamente, ser el árbitro final de la constitucionalidad de los actos, leyes y resoluciones de los otros dos poderes del Estado y de los tribunales inferiores. Que aquí, como hemos hecho con tantos otros asuntos relevantes, hayamos conseguido deformar esa función, transformándola en una tercera instancia para cientos de miles de juicios, los previsionales incluidos, no significa que ese rol no deba recuperarse. Y mucho menos intentar convertirla en un mero y condescendiente apéndice del Ejecutivo, que convalide las decisiones más extravagantes de éste con la formación de una mayoría automática, como tantas veces hemos hecho.
Toleramos que se elevara a la Corte a Julio Nazareno, Eugenio Zaffaroni (el garantista que nos sometió a la mayor inseguridad cotidiana) o Ricardo Lorenzetti (ahora sostiene la candidatura de Lijo), y hemos pagado un altísimo precio institucional por ello. Para mostrar nuestra masiva crítica a la iniciativa presidencial, nos reuniremos ante el Palacio de Justicia de la ciudad de Buenos Aires el lunes 6 de mayo, a las 1830 horas, y gritaremos nuestro “no”; nuestro país está plagado de hombres y mujeres probos, intachables y capaces que podrían ser designados, si en realidad Milei quisiera cumplir sus promesas de avanzar contra la casta saqueadora y no, como parece, pactar con ella, aunque sea para obtener respaldo legislativo para sus iniciativas. Para acompañarnos, éste es el link: https://l1nk.dev/juGXm.
Pese a todo, y como sucede con la mayoría de mis conciudadanos que, en medio de las doloras penurias, siguen apostando al futuro, en muchos otros campos aplaudo la gestión libertaria, ya que ha tenido un inimaginable éxito al evitar el catastrófico derrumbe final al que nos condenaba la desastrosa gestión de la trifecta y delincuencial mesa integrada por Alberto y Cristina Fernández y Sergio Massa. Y mi admiración aumenta cuando veo al Presidente, más allá de sus actitudes histriónicas y destempladas, asumir la realidad de su debilidad parlamentaria y, con inesperado y plástico pragmatismo, negociar con gobernadores, senadores y diputados para obtener las leyes que precisa.
Cierto es que, enfrente, todas las estructuras de la oposición aparecen desflecadas e impotentes, y los antaño disciplinados bloques partidarios en el H° Aguantadero se resquebrajan cada día, tal como se vio en el reciente debate de la Ley de Bases en Diputados; por eso creo que, para el Gobierno, la sanción de ese esencial instrumento por el Senado no debiera ser demasiado difícil, después del bochorno de la auto-triplicación de las dietas que sus miembros protagonizaron. Algo similar ocurre con los dirigentes sindicales en sus amenazas de paros y huelgas, y hasta con los gerentes de la pobreza, acosados por los permanentes descubrimientos de fraudes en la ayuda social. La manifestación universitaria del 23 de abril, en otras épocas, se hubiera convertido, por su masividad, en un complicado punto de inflexión para el Presidente, no pudo ser aprovechado por el fracasado “club del helicóptero” para desestabilizar al Gobierno.
Estoy convencido que, si Javier Milei logra llegar a mitad de año sin que se produzca un improbable estallido social, con la inflación reducida a un dígito mensual y en caída, con alguna recuperación de la actividad, del salario y de las jubilaciones, habrá atravesado el dramático Jordán que tantos pronosticaban y que adquirirá fuerza política cuando se diriman las elecciones de medio término, a fines del año próximo. Y para ello cuenta con un activo incomparable: en materia económica no nos mintió en campaña y, cuando nos dijo que haría precisamente lo que está haciendo, lo votamos masivamente, hartos de décadas de fracaso colectivo. |
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(Columna de Ricardo Garzón)
SE DICE |
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 Me he visto perseguido, pero mi sentimiento jamás se vio humillado. Conocía los trabajos que me aguardaban, pero mi constancia era el efecto de todo; la libertad de América forma mi sistema, plantearla mi único anhelo. Un lance funesto puede costarme la vida, pero no envilecerme. (Artigas, 11 de febrero de 1811)
Que un susto espantoso invade al elenco político del país, Frente Amplio incluido, ante la posible derogación plebiscitaria de la ley de la seguridad social que sostienen con bolsillo forrado a la derecha el Partido Nacional, el Colorado, y algunos sectores del Frente Amplio.
Que ese susto espantoso se agudiza cuando se advierte que el sindicalismo ha puesto sus ojos en la sinvergüenzada de sostener un salario mínimo indecoroso gravado en etapa inmediata con el IRPF, y jubilaciones de hambre que condenan a los ancianos dependientes a la indignidad y a la humillación personal y familiar.
Que respecto al plebiscito sobre la reforma jubilatoria, el 41% de la población está a favor de derogar y el 37% en contra; el 22% restante no tiene opinión sobre el tema. La mayoría (58%) de las personas que piensan votar al FA en octubre respalda el plebiscito y 20% desaprueba. El 22% no sabe qué hacer al respecto.
Que en cambio, entre los votantes del Partido Nacional el 22% dijo que votaría a favor y 57% en contra. En el resto de los partidos que integran la coalición oficialista las posturas favorables alcanzan el 21%; el 65% no respalda la propuesta de la central sindical.
Que el insólito brote de antisemitismo de anteayer expulsando un docente judío de la anárquica Facultad de Humanidades de nuestra más anárquica e internacionalmente decadente Universidad (verdadera URSSDELAR) es el corolario de un rosario de desgobierno y extremismo, ya típico de esta casa de estudio, originado en la inviable y anacrónica Ley de Autonomía Universitaria, la cual se impone reformular urgentemente.
Que tras el insólito roce diplomático del gobierno de Lula con Uruguay (por el auxilio brindado a Río Grande del Sur,) los medios brasileños, además de ensalzar la generosidad uruguaya destacan que se ofrezca esta ayuda, especialmente cuando también Uruguay sufre inundaciones, con el agravante de que nuestros medios son extremadamente modestos.
Que Yamandú Orsi dio "vuelta la pagina", dejó atrás la denuncia falsa de Papasso, y define estrategia para las internas; reunió a sectores, y trazó su plan de campaña para junio.
Que resulta desesperante advertir que precandidatos a gobernar la república, en lugar de reducir el tamaño del Estado, -insoportablemente gordo, fofo, con morbilidades varias y abundantes-, promuevan la creación de un Ministerio de Justicia, planteo que comparten Álvaro Delgado, Robert Silva, y también los tres precandidatos del Frente Amplio: Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Andrés Lima. ¿Qué opina la Suprema Corte de Justicia?
Que la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay emitió un comunicado en el que, sin nombrar el caso concreto, rechaza las declaraciones del exfiscal de Corte Jorge Díaz sobre la fiscal Sandra Fleitas, e hizo saber su preocupación “por la tendencia constante de buscar por la vía oblicua de lo mediático resultados que deberían procurarse en los ámbitos jurídicos correspondientes”.
Que con un tiro por elevación, -que incluye revolcón-, dicha asociación rechaza enfáticamente que se exponga a los fiscales al descrédito público, y advierte a quienes tengan reparos con las actuaciones de una fiscalía (léase Jorge Díaz) que tienen a disposición una batería de herramientas legales para plantearlo, máxime tratándose de personas que conocen el funcionamiento del sistema judicial.
Que la inclusión en el programa de gobierno de Álvaro Delgado de la mención a la libre importación de combustibles, presentado conjuntamente con otras ideas similares de su correligionaria Laura Raffo o Gabriel Gurméndez en el Partido Colorado, abren un capítulo nuevo para Uruguay que, en caso de concretarse, modificarían sustancialmente el mercado.
Que la teoría de quienes impulsan esta medida, al igual que la desmonopolización (ANCAP pierde el monopolio público), se basa en que la liberalización de los refinados está asociada a una supuesta baja de los precios de los combustibles en el territorio nacional. Y no es así.
Que resulta penoso advertir que la atención ciudadana está orientada a tomar conocimiento en asuntos que poco y nada tienen que ver con la superación individual y colectiva de la población, encaminada y dirigida por una prensa sensacionalista que corre detrás de la noticia basura, en temas nada edificantes para la formación de la niñez y adolescencia, columnas de una sociedad ilustrada.
Que con difusión en mayo el desempleo aumentó 0,7% en marzo y se ubicó en 9,0% en todo el país, en tanto que la tasa de actividad fue de 64,2% y la de empleo fue de 58,4%, resultando que en comparación con febrero el empleo cayó 0,5% y la actividad se mantuvo sin modificaciones.
Que según la región, el desempleo fue mayor en el interior (9,6%) que en Montevideo (7,9%), en cambio, el empleo fue mayor en la capital (59,7%) que en el resto del país (57,6%), y la tasa de actividad también fue más alta en Montevideo (64,9%) que en el interior del país (63,7%).
Que una misión técnica del Fondo Monetario Internacional estuvo en Uruguay entre el pasado 23 de abril y el 3 de mayo, para evaluar in situ la situación económica del país. Esto es por el artículo 4° del organismo, que establece que cada país miembro debe tener este tipo de visitas una vez al año, tenga o no programa con el mismo.
Que la misión del Fondo destacó que en 2023, Uruguay se enfrentó al impacto de la peor sequía en el último siglo y a factores externos adversos, como “la fortaleza del peso uruguayo”, y “la significativa depreciación de la moneda argentina, sobre todo en el mercado paralelo”, lo que “motivó importantes flujos de consumo transfronterizos para aprovechar que los bienes y servicios argentinos estuvieron relativamente más baratos”.
Que el precandidato Robert Silva dijo que la interna del Partido Colorado más que con marketing y carteles se gana con propuestas y equipo; presentó planteos sobre economía y relaciones internacionales, e hizo énfasis en "el apoyo de la gente" para triunfar en la interna del Partido Colorado.
Que la consultora Cifra divulgó los resultados de una encuesta sobre la intención de voto respecto de los plebiscitos que tendrán lugar en las elecciones de octubre: el que permite habilitar los allanamientos nocturnos, -impulsado por diputados y senadores de la coalición de gobierno y del Partido Ecologista Radical Intransigente-, y el de la reforma de la seguridad social presentado por el PIT-CNT.
Que en el caso de la reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos, 64% de la población manifestó que votará a favor y 27% en contra. En tanto, 9% no expresó una posición al respecto.
Que respecto al plebiscito sobre la reforma jubilatoria, el 41% de la población está a favor de derogar y el 37% en contra; el 22% restante no tiene opinión sobre el tema. La mayoría (58%) de las personas que piensan votar al FA en octubre respalda el plebiscito y 20% desaprueba. El 22% no sabe qué hacer al respecto.
Que en cambio, entre los votantes del Partido Nacional el 22% dijo que votaría a favor y 57% en contra. En el resto de los partidos que integran la coalición oficialista las posturas favorables alcanzan el 21%; el 65% no respalda la propuesta de la central sindical.
Que con los votos de la coalición de gobierno y el Partido Ecologista Radical Intransigente, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que dispone la creación de una sección especial dentro del Archivo General de la Nación dedicada a la organización y conservación de documentos relativos al pasado reciente y las violaciones de los derechos humanos. Al igual que a mediados del año pasado, cuando el proyecto se trató en la Cámara de Senadores, el Frente Amplio votó en contra.
Que las inundaciones desatan una situación crítica en varios puntos del país: arroz sin cosechar y soja bajo el agua, resaltando que el arroz alcanzó un 90% de la superficie total cosechada, pero queda un 10% de trilla por realizar, lo que significa unas 15.000 hectáreas del cereal. Para la soja el panorama es aún más complicado; el porcentaje de cosecha que se lleva realizado es muy menor, y al día de hoy hay muchas chacras inundadas.
Que el ministro de Economía argentino Luis Caputo se solidarizó con los trabajadores que ayer, jueves, perdieron el presentismo por no poder acudir a prestar servicios a causa del paro de actividades convocado por las centrales obreras, destacando en su posteo que "siente que el sindicalismo está cada vez más alejado de la realidad”.
Que el jefe del Palacio de Hacienda afirmó que “la gente ya abrió los ojos y tiene claro que de este desastre solo se sale con esfuerzo y sacrificio, no malgastando la plata de los contribuyentes o imprimiendo pesos para que cada vez valgan menos”.
Que el militar en situación de reforma acusado por el caso Roslik, Dardo Ivo Morales, -sanción que le impide lucir el uniforme y ser reconocido como un oficial por sus pares- deberá llevar tobillera; presentarse semanalmente ante la policía, y tiene prohibido salir del país; único caso de muerte por torturas en la dictadura que mereció una condena de la justicia militar.
Que el procesamiento por reiterados delitos de privación de libertad en reiteración real, con reiterados delitos de abuso de la autoridad contra los detenidos, y de lesiones graves, llega poco después del 40 aniversario del asesinato del médico de San Javier, quien murió a causas de las heridas y lesiones que le provocaron los tormentos y torturas bestiales a las que fue sometido en el Batallón de Infantería 9, en Fray Bentos, el 16 de abril de 1984.
Que ni bien se conoció la muerte de Roslik el semanario Jaque se puso sobre sus espaldas el caso, enviando a sus principales periodistas, redactor responsable y secretario de redacción a Paysandú, en donde obtuvieron de parte de algunos médicos participantes en la segunda autopsia bajo estricto secreto y sin poder nombrar las fuentes, la confirmación de que el doctor Roslik había sido asesinado en el cuartel.
Que la gente “probada” y “curtida” que integra el equipo de Gabriel Gurméndez, como Jorge Barrera, Isaac Alfie, Julio de Brun, Martín Aguirrezabala o Ney Castillo, todos nombres ya conocidos, es una de las fortalezas que esgrime el precandidato en la interna colorada, dice y repite el propio expresidente de Antel.
Que constituye un activo que garantiza que se hagan los cambios que considera que Uruguay necesita, ya sea seguir el tren de la revolución tecnológica “más importante de la historia”, achicar el déficit fiscal y “resolver el tema del gasto público”, o actuar “como un país en guerra contra el narcotráfico”. Claro que para eso el Partido Colorado deberá superar la orfandad de liderazgo actual, traducida en siete candidaturas y una baja intención de votos que perturba a dirigentes, militantes y encuestadoras para poder liderar y darle rumbo a la proxima coalición de gobierno.
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| Credibilidad del país |
Por Julio María Sanguinetti. Si hay algo que se reconoce con generalidad, en nuestra América Latina, es la credibilidad del Uruguay, asentada en su seguridad jurídica, estabilidad política y cumplimiento de sus obligaciones.
Esto viene de atrás, desde la historia, y ratificado en la crisis del 2002, cuando el Uruguay evitó el default en que había caído Argentina y reafirmó el crédito del país. Ello hoy tiene el reconocimiento de todo el espectro político, comenzando por el Contador Danilo Astori, que así lo dijo en la presentación del libro de Carlos Sténeri sobre el tema.
El acceso del Frente Amplio al poder, con corrientes marxistas en su interior e históricas propuestas populistas, ponía una nota de duda. El eslogan de "no pagar la deuda externa", como el de "No al Fondo Monetario Internacional" o "no a las AFAPS", más la cadena de nacionalizaciones propuestas, habían llegado hasta entonces. El gobierno del Dr. Vázquez, en 2005, con Astori Ministro de Economía, aventó todos los temores. Ya en la campaña electoral, ambos fueron a Washington y en la puerta del mismísimo Fondo Monetario Internacional hicieron declaraciones tranquilizadoras, que naturalmente consolidaron luego en el ejercicio del gobierno.
En los 15 años en que gobernó, el Frente administró la deuda externa, atendió sus compromisos internacionales, respetó a las AFAPS y en términos generales se mantuvo dentro del clima tradicional de legalidad. Por supuesto discrepamos con su Administración, especialmente con despilfarros en aventuras antieconómicas o en la ley de 2008 que comprometió a la Seguridad Social. Sin embargo, reconocemos sin reticencias que aquella actitud contribuyó a esa credibilidad que es fundamental para la vida económica y social del país.
Con orgullo, he compartido con mis colegas ex Presidentes Mujica y Lacalle Herrera numerosas reuniones internacionales en que hemos promocionado ese valor de confianza, con un reconocimiento general.
Ese valor intangible es el que le permite hoy a nuestra República mantener su nivel de vida, por inversiones internacionales y nacionales, que sostienen el empleo. Sin ir más lejos, los dos productos principales de exportación del país, la celulosa y la carne, provienen de industrias en que la amplia mayoría es inversión extranjera. La industria de la construcción que hoy tiene 56 mil trabajadores afiliados al BPS y moviliza 250 mil en el país, se sostiene por la financiación que aportan las AFAPS (con el ahorro de los uruguayos) y una fuerte inversión argentina. Se estima en 2.315 millones de dólares la financiación otorgada a la construcción de obras de vialidad, viviendas, parte del ferrocarril y del plan de saneamiento. Son 30.660 puestos de trabajo.
Todo esto se puede perder en un día. Si el 30 de junio, el PIT-CNT, con el apoyo del Frente Amplio, deroga la ley de seguridad social y confiscan los fondos de las AFAPS, el Uruguay de la credibilidad se derrumba. Esa misma noche, el país entra en un cono de sombra de nefastas consecuencias para su estabilidad.
Hay que entender que las AFAPS son empresas de derecho privado, que administran los aportes de 1 millón 558 mil personas. Son 22 mil millones de dólares. Propiedad de esos afiliados que tiene el sistema. Como se sabe, estas cuentas son propiedad de cada trabajador, integrando incluso su haber sucesorio. O sea que tomar ese fondo y pasarlo al BPS, por más fideicomiso que sea, es directamente una confiscación de dinero privado. No es expropiación porque ésta, según la Constitución, supone el pago de una "justa y previa indemnización". Se disolverían las AFAPS y todo pasaría al Estado.
Antes de discutir sobre el sistema de seguridad social en sí, hay que entender esto, que a nuestro juicio es tanto o más importante, porque no es algo que va a ir ocurriendo en el correr de los años sino un impacto fulminante. Esa misma noche el Uruguay hiere de muerte su credibilidad. Por el irrespeto a una ley que funciona hace tres décadas. Por la confiscación. Por el cambio fundamental en las reglas de juego. Amén de que a mediano plazo se desfinancia el sistema de seguridad social y a corto plazo pierde todo el crédito que ha ganado con el esfuerzo de tantos años.
Entramos en el camino que Argentina emprendió desde su default y de la disolución de sus AFAPS en 2008.
No estamos discutiendo la derogación de una ley. Estamos discutiendo si el Uruguay creíble y confiable va a sobrevivir. Si los tres ex Presidentes podemos seguir hablando de credibilidad ante el mundo o nos tendremos que esconder. (Nota que se comparte con Correo de los Viernes)
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