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| CORRESPONDENCIA |
Muchas gracias, Ricardo.
En mis notas vuelvo, recurrentemente, a los tres aspectos de la realidad que más me preocupan: la inmoral prisión de tantos militares y civiles, tolerada por una sociedad hipócrita que los transformó en chivos expiatorios de generalizados pecados; la monumental condena en Nueva York contra la Argentina por la re-estatización de la mayoría accionaria de YPF, para cometer un nuevo desfalco contra el país y enriquecer, aún más, a Cristina y sus hijos; y la inexplicable insistencia de Javier Milei en la nominación de Ariel Lijo para la Corte.
En el primer tema, me indigna la inacción del Gobierno ante tamaña infamia; ante el cúmulo de pruebas que acreditan las estafas que sufrió el país por la vía de las falsas indemnizaciones, debería haber instado, hace meses, una investigación sobre los procesos judiciales que mantienen a tantos (2.700) en injustas prisiones y, desde la Procuración General, instruir a los fiscales militantes a terminar con su inicua manía persecutoria y recomendar, en todos los casos, la prisión domiciliaria en virtud tanto de la edad de los presos cuanto de la imposibilidad que tienen de alterar las “pruebas” y, mucho menos, de fugarse.
Muy por el contrario, la persecución continúa y llega a extremos dolorosamente ridículos. Esta semana, después de años de prisión domiciliaria sin violación alguna de su parte, ordenaron colocar una tobillera a un marino ¡de 87 años!
En el segundo tema, recuerdo a todos que, si Lijo no hubiera “dormido” la causa de YPF, la Argentina hubiera podido invocar, como lo hizo en su momento Bernardo Saravia Frías, ex Procurador, que todo había sido producto de una enorme corrupción y que, consecuentemente, nadie podía obtener beneficios de la misma.
Y en el último punto, y pese a los muchísimos años que llevo en mi mochila, no consigo entender qué busca el Presidente con esa clarísima aberración. Si lo que pretende es contar con los votos kirchneristas para la aprobación de las leyes que necesita, se equivoca de medio a medio, ignorando una máxima política de antigua data: “al peronismo hay que cobrarle al contado, y pagarle en cuotas”.
En ese caso, el Presidente debiera ser consciente de un hecho concreto: Lijo, si ingresa a la Corte, se quedará veinte años, un lapso que excede, en mucho, cualquier sueño de reelección de Milei, y condicionará la jurisprudencia por mucho más tiempo.
Con el envío del pliego de este cuestionado individuo, Milei ha enterrado en el fango la pureza de acción que mayoritariamente votamos en noviembre. Nada ni nadie encarna más a la denostada “casta” que Lijo.
Y si se tratara de ofrecer a los ladrones pasados trocar impunidad para el pasado a cambio de evitarse problemas judiciales en el futuro, también se equivocaría: pedirle a este funesto Juez que respete una palabra dada es no conocer la personalidad del tipo, capaz de entregar a su propia madre para conseguir poder y dinero.
Ruego a todos quienes coincidan con esta postura que comparezcan a las audiencias públicas que el Senado deberá realizar antes de aprobar su pliego; al menos, podremos dejar constancia, en letras de molde para la historia, que no todos los argentinos estamos dispuestos, por fidelidad política, a mirar para otro lado cuando de corrupción se trata.
Quiero, entonces, aclarar qué pienso: sigo apoyando al Gobierno para invertir el rumbo de colisión que elegimos hace casi ochenta años, pero modificaré mi posición si este disparate se concreta, y asumiré los riesgos que tal conducta podría significar.
Pero, por ahora, me niego rotundamente a creer que el discurso de Milei sea tan mentiroso y vacío de principios como lo fueron los de los políticos que nos gobernaron en las últimas cuatro décadas.
Estamos en una encrucijada que podría significar salir de nuestro laberinto como se debe, por arriba, y llevamos seis meses haciendo duros sacrificios personales; espero que todo no se convierta en una nueva y definitiva frustración.
Hasta nuestro próximo encuentro, esta misma noche.
Un gran abrazo,
Enrique Guillermo Avogadro |
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(Columna de Ricardo Garzón)
SE DICE |
- La multitud de conventos, iglesias parroquiales, etc., servidas por un número exorbitante de ministros, absorben gran parte del numerario de los pueblos. (Artigas, A.A., T.VII pág. 234)
 Que un chat que se filtró del teléfono de Astesiano revela que Lacalle Pou mató a John Fitzgerald Kennedy.
Que el Senador Charles Carrera, en nombre del pueblo, inmediatamente pidió juicio político y destitución del Presidente de la República por homicidio especialmente agravado.
Que el Frente Amplio, dicen dirigentes, actuará con “cautela republicana”, y no emprenderá acciones judiciales por el seguimiento a Abdala con el lógico conocimiento de Lacalle Pou.
Que la noticia llegó de inmediato a la Torre Ejecutiva, donde el jefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, decidió activar contactos en la cúpula policial para poner en marcha una investigación de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgtrid) para determinar si Abdala había concurrido a una boca de venta de sustancias ilícitas.
Que memorioso recuerda, y difunde Búsqueda, que el presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala tuvo una mala tarde el 4 de febrero de 2022 dado que, al frente del volante embistió dos autos estacionados, y para peor, la espirometría que hizo la Policía le dio positivo: 1,53 gramos de alcohol en sangre.
Que el presidente del FA dijo que tampoco se convocará a una movilización, por lo menos antes de las elecciones internas, y reconoció que “muchos compañeros” -(que a simple vista pretendieron correrlo con el poncho a Lacalle Pou-), pidieron “acciones más severas”.
Que el senador Gandini fue consultado por la decisión del Frente Amplio de no emprender acciones judiciales ni movilizaciones por el seguimiento al presidente del PIT-CNT, guiso sazonado con pimienta y ajo por el presidente del FA, quien entusiasmado con el gol de Ghiggia en el 50, opinó que la mejor forma de modificar este estado de situación es “cambiar el gobierno”.
Que ni corto ni perezoso Gandini, sin salir del ruedo y de chilena contestó con algunas preguntas: “¿van a traer a Sendic de vuelta? ¿A Gustavo Leal, a Mario Layera? "Capaz que aparece Fernando Lorenzo"...
Que temblaron los montes y parió un ratón: el PIT-CNT denunció en la OIT violaciones del gobierno uruguayo a la libertad sindical, pero dejó en el tintero recordar que está expresamente prohibido por la legislación vigente cortar la circulación automotora en calles, avenidas y carreteras de todo el país.
Que el precandidato colorado Robert Silva -en nivel de excelencia-, plantea “blindar” el puerto de Montevideo con apoyo militar; convertir a 1.500 soldados en policías, y habilitar los allanamientos nocturnos.
Que según América Economía el Gobierno argentino ve signos de recuperación económica; Perú reorganiza empresa a cargo del tráfico aéreo, y Uruguay se prepara para el hidrógeno verde.
Que la exfiscal y actual dirigente del Partido Nacional Gabriela Fossati defendió sus dichos sobre que si la Justicia fuese a buscar su celular ella “lo pisa y lo rompe bien”, consejo que, según dijo, le daría también al presidente de la República; “el teléfono es algo privado”, afirmó.
Que la ex fiscal consideró que con la línea argumental que se puso sobre la mesa todos deberían entregar su celular; en el ejemplo, “Carolina Cosse tendría que estar dando el teléfono para ver las charlas que tuvo cuando se construyó el Antel Arena".
Que Carolina Cosse lamenta que se haya usado la gran capacidad de comunicación del presidente para distraerlo de lo mas importante que es el rumbo que tiene que tener el país.
Que debido a ello, expresó: "más allá de lo que yo opine, es lo que todas y todos los uruguayos sienten en el día a día: si les alcanza o no el sueldo a fin de mes, cómo está el tema de la seguridad, del narcotráfico, el tema de la vivienda, el tema de las perspectivas. Eso es lo importante", sentenció.
Que el precandidato colorado Robert Silva pidió memoria a los ciudadanos: “no se olviden que recibimos la peor seguridad de la historia de Uruguay de manos del Frente Amplio, con 15 años que incentivaron la catástrofe, y sobre todo, enfatizó, en materia de seguridad”.
Que con el 20% de firmas descartadas para reformar por vía constitucional el sistema de seguridad social, el senador nacionalista Javier García atribuyó públicamente el elevado nivel de firmas rechazadas a una “acción fraudulenta de la voluntad popular” por parte de la central de trabajadores.
Que tres de cada cuatro votantes del Frente Amplio creen que Yamandú Orsi es “mejor para ganarle a la coalición” que Carolina Cosse, según revela la última encuesta de Cifra que circula entre dirigentes de izquierda.
Que el presidente argentino Javier Milei publicó un mensaje en el que celebró los resultados en las elecciones europeas y delineó su análisis: “Llegan grandes noticias desde el Viejo Continente. Las nuevas derechas han arrasado en las elecciones europeas".
Que cabe recordar que el fiscal de Corte adjunto, Juan Gómez, deberá resolver sobre una tercera pericia al celular de Astesiano, solicitada en diciembre de 2023 por la fiscal del caso, Sabrina Flores, siempre y cuando sus médicos lo habiliten a volver al ejercicio del cargo.
Que si así ocurriese el lunes 1 de julio retornará a su puesto, luego de seis meses de licencia por enfermedad, período en el que fue sustituido por la fiscal subrogante Mónica Ferrero.
Que según el último informe del Índice de Desempeño de los Puertos de Contenedores del Banco Mundial correspondiente a 2023, el puerto de Montevideo se ubicó en el lugar 384 de un total de 405 puertos de contenedores de todo el mundo clasificados según su eficiencia, lo que implica que está entre los 25 peores.
Que el puerto uruguayo quedó muy por debajo del puerto de Buenos Aires, que se ubicó en el puesto 269.
Que chocolate por la noticia, inventamos la pólvora, y la seguridad pública se mantiene como el problema que más preocupa a los uruguayos. A la pregunta de Cifra: “¿cuál es el principal problema del país?”, 47% de los encuestados respondió que la inseguridad y la delincuencia.
Que en segundo lugar, con 32% aparecen temas vinculados a la economía nacional: trabajo, desocupación (18%), inflación, sueldos, pobreza” (12%) y situación económica del país (2%).
Que la evaluación de la gestión del gobierno nacional creció por segundo trimestre consecutivo, según última encuesta de Opción Consultores que difunde que el 50% tiene una visión favorable a la gestión de Luis Lacalle Pou; 17% muy buena y 33% buena, mientras que 28% tiene una opinión desfavorable (14% dijo que la gestión es muy mala y 14% mala). En tanto, 21% consideró a la actuación del gobierno ni buena ni mala y 1% no sabe o no contesta. En resumen, el gobierno mantiene un saldo positivo de +22.
Que el Senado argentino aprobó de manera general el proyecto de Ley Bases, que de esta manera quedó sancionado por el Congreso, puesto que ya tenía el aval correspondiente de la Cámara de Diputados.
Que minutos después de conocida esta aprobación, la Oficina del Presidente Milei emitió un comunicado en el que celebró este hecho como “histórico”, y dijo que se logró pese a “grupos terroristas atacando el Congreso” y “con la casta política resistiendo y operando hasta último momento”.
Que el gobierno argentino felicitó a las fuerzas de seguridad que participaron el miércoles en el operativo de contención de manifestantes alzados, y dijo que quienes se movilizaron contra la norma pretendían “perpetrar un golpe de Estado”.
Que el Instituto Cuesta Duarte informó que hay 548 mil ocupados que percibieron un salario menor a los $ 25 mil durante el año pasado, con un aumento de 100 mil trabajadores respecto a 2019; las mujeres tuvieron un nivel salarial menor que los hombres.
Que el informe consideró como salario sumergido al que está por debajo de los $ 25 mil líquidos al mes por una semana laboral de 40 horas de trabajo, ingreso que no permite llegar a fin de mes.
Que una requisa general de la Cárcel de Las Rosas de Maldonado contó con la presencia del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y dejó como resultado la incautación de 300 cortes carcelarios, 87 celulares, 67 litros de alcohol, siete paquetes de sustancia vegetal y 15 paquetes de sustancia blanca. |
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| Así no podemos seguir |
Por Julio María Sanguinetti. -Lo que está pasando con la Fiscalía, las investigaciones judiciales y los "chats", ya pasa de castaño oscuro y no le hace bien al país, a sus tradiciones republicanas.
En el Uruguay se han derogado, de hecho, garantías fundamentales de la vida civil en libertad.
La Constitución dice que "las acciones privadas de las personas que de ningún modo ataquen el orden público ni perjudiquen a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados". Hoy ya no hay nada privado. Todo se exhibe, total o parcialmente. Y no por orden judicial, sino por trascendidos de trascendidos.
La misma Constitución dice que toda forma de comunicación es "inviolable" y no puede interceptarse o registrarse sino conforme a las leyes "y por razones de interés general." No hay duda que hoy se publica todo impunemente, especialmente aquello que no es "de interés general" sino de interés particular de alguien.
Como viejo periodista, recuerdo los tiempos del sagrado "secreto del presumario", cuando la Justicia hacía su investigación preliminar, antes de decretar o no un procesamiento y no había modo de entrarle. Ni los jueces hablaban ni los funcionarios "filtraban". Solo estaba la noticia cuando había una decisión.
Como es notorio, ha cambiado el régimen procesal penal. Hoy la investigación la conduce la Fiscalía y luego llega al juez una vez se considere que hay mérito. Siempre se adujo que de este modo había más garantías porque quien juzgaba no era quien había conducido la investigación y por lo tanto iba a actuar conforme al juicio que se hubiera formado en su curso.
No somos penalistas, de modo que no podemos emitir una opinión técnica, pero es evidente que el sistema hace agua por todos lados. Especialmente porque estamos sumergidos en un penoso proceso de judicialización de la política, que, inevitablemente, politiza la justicia. Ésta se configura como poder para dirimir contiendas entre particulares o entre el Estado y los ciudadanos, pero no para juzgar todo episodio administrativo que se discuta o cualquier historia que afecte a un político. Es un proceso perverso, que viene degradando a la justicia, "cuando no pasa nada" y a la política que aparece rodeada de un clima de impunidad, que no es real. Porque un procedimiento puede ser equivocado, un gasto un despilfarro, una política un error, pero no por ello hay delito.
Otra perversión análoga es la de la "constitucionalización" de los debates legales. Todo lo que no se puede resolver en el Parlamento o se resolvió como no les gusta a algunos, se intenta decidir cambiando la Constitución. Un disparate tan irresponsable como el actual plebiscito constitucional sobre la seguridad social.
Volviendo al tema judicial, en algún momento y de alguna manera hay que detener esta secuencia diabólica de los "chats", que por definición son privados y que expuestos de modo interesado, terminan siendo difamatorios o malinterpretados. El caso de estos chats del mentado Astesiano en el episodio del accidente del Presidente del PIT-CNT, cuando embriagado chocó varios autos y luego se alejó del lugar, es emblemático de esa explotación absurda. Se habla de la investigación "ilegítima" de la policía cuando el que estaba en falta era el que alteraba el orden público, dañaba propiedades privadas en estado de ebriedad y todavía se fugaba. La policía estaba obligada a actuar e investigar la conducta del infractor. Se tergiversa todo y se inventa una suerte de crisis institucional.
Ha llegado la hora de definir la situación de la Fiscalía de Corte. No se puede continuar con una excelente Fiscal de simple interina ni con las dudas sobre la permanencia del titular.
Alguien, además, tiene que investigar en serio las filtraciones. Hay responsables. No se puede seguir con la parsimonia actual, porque estamos degradando todo, la justicia y la política. Los que un día disfrutan, al siguiente padecen. Y a la inversa. En este vaivén no gana nadie, salvo los enemigos de la democracia, que existen aunque a veces ni ellos mismos se dan cuenta, sea por acción o por omisión. Un Fiscal denuncia ahora que ha sido "hackeado" y ello es gravísimo.
Faltan pocos días para dirimir las elecciones internas. Elegidos quienes disputarán la Presidencia, nada harían mejor que sacar el tema del debate, decidir la titularidad de la Fiscalía, tomar un camino firme, y anunciar la determinación de que habrá responsabilidades para quienes violan los debidos secretos de una investigación. Quienes piensen que llegarán al gobierno tendrían que ser los primeros interesados en salir de este marasmo en que estamos. (Nota que se comparte con Correo de los Viernes) |
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