Edición Nro. 2035 - Punta del Este / Uruguay
enfoques 15 de septiembre de 2017
 
 
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TURBINAS ARGENTINAS - ESPECIAL PARA ENFOQUES f
Enrique Guillermo Avogadro
Romper Todo

“Durante toda su historia, América Latina ha sido un auténtico laboratorio de ilusionismo político”. Alain Rouquié
 
Más allá de la presencia de los violentos grupos anarquistas en cada ocasión en que se reúnen los líderes mundiales en algún lugar del planeta, nuestro subcontinente está asistiendo, y mirándolo por televisión, a la puesta en marcha de las políticas recomendadas por el Foro de San Pablo para subvertir todas las instituciones nacionales y llevar a nuestros países a transformarse en los paraísos imaginados por la izquierda universal. 
En los 70’s, se intentó conquistar el poder a través de organizaciones terroristas que bañaron en sangre a Colombia, Perú, Brasil, Uruguay, Chile y, por supuesto, Argentina. Las sucesivas derrotas militares, que las sumieron en el asombro por la falta de acompañamiento social a sus mesiánicos proyectos, llevaron a sus ideólogos a recurrir a las enseñanzas de tipos tales como Antonio Gramsci y Ernesto Laclau, que tanto escribieron sobre métodos más intelectuales para alcanzar esos objetivos.
Hoy, con esos libros en la mano, y en la mochila la necesidad de salvar de la cárcel a varios de sus líderes nacionales, populistas y ladrones –léase Cristina Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva, etc.-, esas mismas izquierdas intentan acabar con todas aquellas instituciones que puedan poner en peligro el plan general de destrucción que llevan adelante. 
Han tenido mucho éxito en Venezuela, ya una dictadura de partido único, un país riquísimo al cual han llevado a la inanición mediante la corrupción masiva y la asociación con el narcotráfico y el terrorismo de sus más altas esferas militares y políticas. Resulta allí explicable, toda vez que el petróleo que Nicolás Maduro regala todos los días –pese al hambre que azota a su población- a Cuba evita que la gerontocracia asesina de la isla se vea obligada a confesar el fracaso de su histórica política marxista.   
En algunos de nuestros países, sin duda por obra y gracia de la cobardía de sus comandantes de entonces y la complicidad de sociedades anómicas e hipócritas, han logrado estigmatizar a las fuerzas armadas y de seguridad, poniendo en tela de juicio cada actuación, aún cuando ésta obedeciera a órdenes legales o judiciales. La estupidez generalizada de los políticos ha permitido, además, que los organismos de derechos humanos regionales fueran copados y cooptados por los miembros más conspicuos de ese proceso revulsivo, lo cual garantiza la inmediata condena a cualquier procedimiento penal que involucre a alguno de sus líderes, como Milagro Salas.
En la Argentina ese peligro se ha agudizado hasta el extremo, y Cristina Elisabet Fernández contempla aterrada no sólo la altísima probabilidad de perder las elecciones de octubre, sino el espejo latinoamericano, que le devuelve las imágenes de Ollanta Humala preso en Perú, de Lula y Dilma Rousseff en riesgo de cárcel en Brasil, de Jorge Glas Espinel suspendido como Vicepresidente de Ecuador, de Raúl Sendic investigado en Uruguay, lo mismo que Juan Manuel Santos en Colombia. 
La manifiesta aceleración de las causas por corrupción y por encubrimiento del terrorismo (la denuncia del asesinado Alberto Nisman, impulsada por el Fiscal Gerardo Pollicita) que jaquean a la ex Presidente y a su entorno familiar y político, y el contundente éxito que ha tenido la lucha contra el narcotráfico –que tanto se expandiera por su criminal asociación con el régimen kirchnerista- de la actual administración, ha provocado una violenta reacción de las fuerzas que se oponen al cambio que pretende la sociedad, tal como lo expresara en las urnas. Para lograr sus objetivos de impunidad, les resulta necesario terminar con todas las instituciones.
Ahora, con el ariete de la desaparición de Santiago Maldonado, a quien los asesinos incendiarios de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) identifican como miembro de esa organización terrorista, embisten contra la Gendarmería Nacional y el resto de las fuerzas de seguridad federales, últimas defensas del Estado democrático contra quienes quieren destruirlo, como medio para ir luego por las cabezas de la Ministro de Seguridad y avanzar con el “club del helicóptero” en el que pretenden embarcar a Mauricio Macri, el ¿dictador? a quien sindican como causante de todos sus males.
Para lograrlo, suman sus esfuerzos la izquierda trotskista, el anarquismo trasnochado, la subversión de ese inventado pueblo originario, algunos capitostes sindicales envueltos en negocios turbios, Horacio Verbitsky y el CELS, Hebe Bonafini y las Madres, Estela Carlotto y las Abuelas, La Cámpora e H.I.J.O.S., Alejandra ¡Giles! Carbó y su escudo de fiscales militantes, los jueces de ¿Justicia Legítima?, los medios de prensa que aún pertenecen a enriquecidos compañeros de ruta (Página12, C5N, las radios Rebelde y 10), pseudo periodistas (Víctor Hugo Morales, Roberto Navarro, Gustavo Gato Silvestre), el Grupo de Curas de la Opción por los Pobres y tantos otros, amén de honestísimos gobernadores (como Gildo Insfrán) e intendentes del Conurbano, los policías provinciales desplazados por corrupción, funcionarios kirchneristas aún enquistados como quintacolumnistas en la administración y, por supuesto, los narcotraficantes que, además, contribuyen financieramente a las acciones callejeras.
Por supuesto, su cinismo hace que ninguno de ellos recuerde ni se haga cargo de las desapariciones (María Cash, Jorge Julio López, Fernando Lario, Luciano Arruga, y otras 74 personas) e innumerables muertes sospechosas (Juan Castro, Raúl Espinosa y Alberto Nisman son sólo ejemplos) o causadas por la desnutrición que la sociedad argentina ha debido soportar durante esa extendida década que defienden a ultranza, ni la violencia empleada por las autoridades contra etnias genuinas, como los Qom de Formosa y Chaco.
Nótese que no hubo condena verbal de alguna de las miserables y estúpidas agrupaciones políticas contra los vándalos que asolaron, una vez más, el centro porteño durante la protesta contra el Gobierno por el caso del tatuador cuyo destino aún se desconoce. Recuerdo que Raúl Sendic, fundador de Tupamaros y padre del actual Vicepresidente uruguayo, sostenía que había que golpear todos los días a la democracia burguesa, hasta que ésta se hartara y reprimiera, con lo cual dejaría ver al fascista que lleva adentro.
El Gobierno está resistiendo responsablemente el embate y, con toda lógica, respaldará a los efectivos de Gendarmería mientras no existan pruebas en su contra, pero es la sociedad entera la que debería reaccionar en igual sentido; a mi modo de ver, no bastará con la mera emisión del voto en octubre para defender la democracia, sino que cada uno de nosotros debería tomar el toro por las astas y denunciar criminalmente las acciones desestabilizadoras de las que tenga conocimiento, para evitar que, estos descastados nos vuelvan a sumir en la irracional violencia mesiánica (o rentada) que tanto nos ha costado como nación.
No podemos permitir que consigan romper lo poco que han dejado en pie de nuestras instituciones republicanas porque, claro, si lo lograran nos quedaríamos sin Estado, y el territorio nacional sería distribuido entre nuestros enemigos de siempre y nuestros vecinos.




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La omertá contraproducente
La primera reacción que uno tiene es de un profundo rechazo al pacto de las bancadas de todos los partidos políticos para votar sin discusión en la Asamblea General, la renuncia de Sendic donde alega motivos personales, sin que nadie, en el recinto parlamentario, dejara constancia en actas, para la posteridad, la gravedad de los episodios que desembocaron en ese desenlace.
Por primera vez en muchos años, debo decir desde la década de los setenta,  he escuchado reiteradamente “que se vayan todos”, por el profundo descreimiento que este episodio provocó en la ciudadanía. No escapa ningún partido, ni los frenteamplistas beneficiarios de la maniobra, ni quienes cayeron ingenuamente en la trampa, colorados, blancos, independientes, y los seguidores de Novick.
Pero  una segunda reacción lleva a pensar más allá. Los partidos son representantes de una sociedad que no está funcionando bien.
El tema se dilucidó en el Plenario Nacional del Frente Amplio, es decir una organización partidaria que terminó subrogando a las instituciones de la república. Ese órgano  no posee una estructura que pueda considerarse estrictamente democrática, ya que no solo tiene representantes de los partidos elegidos por el pueblo, sino integrantes de las bases, y algunos otros considerados notables, o sea que se les incluye en un sentido que no puede ser llamado republicano sino elitista.
Esa reunión fue ampliamente anunciada y esperada. La ciudadanía estaba expectante de lo que allí ocurriera. Sin embargo hubo medios que la ignoraron olímpicamente. Los televidentes de Canal 10 no se enteraron de lo que había ocurrido y por supuesto no supieron en todo el día que el vicepresidente había renunciado.
Y si hubo silencio de radio en algunos medios, seguramente para minimizar el impacto en la opinión pública de lo que sucedía, también lo hubo en las organizaciones sociales siempre tan prestas a opinar de cualquier insignificancia, a hacer paro por nimiedades, o a movilizarse por cosas que ocurren en otros países.
Pero acá, los sindicatos, o especialmente el PIT-CNT, mutis por el foro.
Tampoco hubo gremiales empresariales, ni organizaciones  culturales que dijeran esta boca es mía.
Si acaso creen todos ellos, es decir los partidos políticos, algunos medios de comunicación, los sindicatos, las gremiales, la cultura, etc. que dejando pasar este hecho a la sordina benefician en algo al país, están muy equivocados.
Al contrario.
Las instituciones funcionaron. El Vicepresidente renunció y asumió quien correspondía según el orden sucesorio que marca la Constitución.
Pero un hecho tan grave que no quede constancia en actas parlamentarias de por qué sucedió, ni haya una extensa difusión pública y una condena colectiva de sus causas, tiene el efecto contrario al buscado.
Que ocurra algo tan relevante como es la renuncia del segundo cargo más importante del sistema político, sin la repercusión correspondiente, y sin dejar constancia hacia la historia de las razones que lo provocaron, suena muy feo. Tiene muy poco de republicano y democrático y mucho de omertá, o sea pacto de silencio al estilo mafioso.
El daño a las instituciones y a la imagen del país es mucho peor que si se hubieran ventilado los hechos como correspondían.  Mientras Suecia es puesta como ejemplo de transparencia al haber destituido una ministra por haber comprado una tableta de chocolate y un vestido por 35 euros utilizando una tarjeta del estado, de Uruguay se sabrá que renunció su vicepresidente pero  no habrá testimonios parlamentarios ni pronunciamientos públicos sobre si renunció por la mala utilización de la tarjeta corporativa de ANCAP, las mentiras sobre su título de licenciado y las medallas que obtuvo;  por la carrada de irregularidades cometidas en su gestión al frente de ANCAP; o por todo eso junto.
Suecia seguirá siendo ejemplo de transparencia, y nosotros nos convertiremos en símbolo de tinieblas.
Lo único que se logra con este procedimiento es que el partido y el sector al que pertenece minimicen los costos políticos de semejante sucesión de despropósitos. Es país es perjudicado.
Aún nos queda  la Justicia y un grupo de periodistas independientes que se juegan el cuero formulando este tipo de denuncias. Y también, vale decirlo, el diputado nacionalista Pablo Ithurralde, que hizo lo que tenía que hacer al retirarse de sala de la Asamblea General para no avalar que se tratara una renuncia que argumentaba “motivos personales”, y el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio que actuó con dignidad republicana.
Pero en el resto, algo está funcionando mal. Muy mal.

Ricardo Juan Lombardo















 




















 

 

 
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