Que a fines de los años 60 se dio en el país un estallido sindical parecido al que ocurre en nuestros días, con la salvedad de que el Poder Ejecutivo de aquel entonces supo mantener el concepto de autoridad por encima de legítimos reclamos salariales de los sindicatos educativos en conflicto.

Que el Frente Amplio, que vituperó históricamente contra las medidas de autoridad que hubo de tomar el gobierno democrático de Pacheco Areco frente a los desbordes sindicales de la época (asociados a un tiempo de guerrilla violenta), hoy se encuentra al borde de la crisis existencial.

Que a tanto llega la tribulación que ponen de ejemplo a los no menos cuestionados gobiernos de Sanguinetti y Lacalle, que nunca declararon servicio esencial a la enseñanza.

Que no se comprende que el Poder Ejecutivo haya planteado no aplicar el decreto de esencialidad en la enseñanza pública, y hasta dejarlo sin efecto, si el PIT-CNT y las federaciones y sindicatos de la educación se comprometen a reanudar las clases de todos los servicios en todo el país el próximo lunes.

Que va de suyo que si los docentes se apean de la huelga y vuelven a clase queda sin efecto el decreto de esencialidad en la enseñanza pública, razón por la cual no debe esgrimirse como una concesión magnánima a los docentes en paro, habida cuenta que la huelga se desató, precisamente, para plantear justos reclamos salariales hasta hoy insatisfechos.

Que nuevos elementos se suman ahora al tenso relacionamiento entre docentes y gobierno que generan, además, diferencias en la propia interna del Frente Amplio, dado que en la mañana en que supuestamente se hacía efectivo el decreto de esencialidad, la Ministra de Educación, María Julia Muñoz, pidió infructuosamente a su colega de Interior, Eduardo Bonomi el desalojo de los centros ocupados para que se pudiera dictar clases.

Que habría sido rotundo el no de Bonomi, en el entendido que “era totalmente inconducente hacer eso, entre otras cosas porque son adolescentes y porque además generaría una reacción en cadena”.

Que Dios los cría, ellos se juntan, y el ex director del diario La República, Federico Fasano, aceptó participar de un debate público, frente a frente, con el ex tupamaro Héctor Amodio Pérez, calificado como “traidor” por el Movimiento de Liberación Nacional.

Que tras los escándalos varios registrados en el INAU (incluido el de Treinta y Tres, donde se pagaban brujerías con dineros públicos) el MIDES, su organismo de contacto con el Poder Ejecutivo, y que nos cuesta casi 11 millones de dólares mensuales a los uruguayos, tampoco la tiene facil en Rivera.