El gobierno uruguayo reconoce a la Autoridad Palestina que preside Mahmud Abbas, pero no reconoce al gobierno de la República de Honduras que preside Porfirio Lobo. Si existe alguna explicación que permita sostener que hay coherencia entre ambas actitudes de nuestro gobierno, yo la desconozco.
El Sr. Abbas es el presidente de una Autoridad elegida en el año 2005, cuyo mandato venció en enero de 2010; es pues, en rigor,  un gobernante de  facto. Así se  lo recrimina Hamas, la organización terrorista que ganó las elecciones parlamentarias del año 2006 en los territorios palestinos, y que desde junio de 2007 impuso a sangre y fuego su autoridad exclusiva en la franja de Gaza, obligando al presidente Abbas y a la organización política que lo apoya (Al Fatah) a limitar su acción al ámbito de Cisjordania.
En los actuales territorios palestinos, pues (Cisjordania y Gaza), hay hoy dos centros de autoridad, uno personificado por el Sr. Abbas y el otro por el Sr. Ismail Haniyeh, líder de Hamas, que actúan como tales sobre sendos territorios y sus respectivas poblaciones.
Pese a todo,  el gobierno uruguayo ha reconocido, como dije, al gobierno de mandato vencido del Sr. Abbas. Con esta amplitud de criterio, ¿por qué no se reconoce todavía al gobierno hondureño, instalado en enero de 2010?
Cuesta entenderlo. El presidente hondureño Porfirio Lobo fue elegido en noviembre de 2009, en la  fecha prevista por la Constitución de Honduras, en elecciones efectivamente disputadas por los partidos que desde hace un siglo protagonizan la vida política en ese país. Ejerce su autoridad pacíficamente sobre todo el territorio de su nación. Su gobierno es reconocido por Estados Unidos,  la  Unión Europea, Costa Rica, El Salvador (gobernado por el FMLN, recuérdese), Colombia,  Chile y Perú, entre otros estados.
El Canciller Almagro dijo a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, que Uruguay no reconocerá al gobierno de Honduras mientras no se le garantice al ex presidente Manuel Zelaya que puede volver a Honduras sin ser perseguido penalmente por los delitos que se le imputa haber cometido, y se castigue a quienes violaron los derechos humanos durante los seis meses del gobierno de facto del Sr.  Micheletti.
Las dos exigencias referidas son absolutamente  improcedentes y constituyen flagrante intromisión en los asuntos internos hondureños, en cuanto se pretenda hacerlas valer como requisitos previos para reconocer a un gobierno.
En un tema tan delicado como el reconocimiento de gobiernos, Uruguay perdió el rumbo. Se apartó de  los criterios elaborados por juristas de la talla de  Eduardo Jiménez de Aréchaga, y parece guiarse por preferencias ideológicas.
Así no puede haber política exterior de Estado.

Desde hace una semana Uruguay vive con la película del supuesto video ficción del que muchos hablan, investigan, analizan, especulan, pero que nadie vio.
Introduciéndome en el guión de esta película: “¿Y DÓNDE ESTA EL VIDEO?”, me permitiré plantear seriamente algunas precisiones que pude rescatar de las declaraciones del texto-guión adjudicado a dicho video-ficción y a las declaraciones efectuadas por los actores de este apasionado film , amenazando a jueces y fiscales y anunciando acciones para liberar a los procesados por violaciones a los derechos humanos.
¿Quién vio el video-ficción? El Ministro del Interior: NO; el Ministro de Defensa: NO; el presidente de la Suprema Corte de Justicia: NO; el Vicepresidente de la RepúblicaÇ: NO; los ex presidentes: NO; los Comandantes en Jefe de las 3 armas: NO; los periodistas de BÚSQUEDA y  de los distintos medios de difusión: NO; los legisladores oficialistas y de la oposición: NO; el Juzgado del Crimen Organizado: NO; entonces ¿quién lo vio?
El señor Presidente de la República dijo en su primer momento (según los medios de difusión) que se había puesto en contacto con los ex presidentes y con los líderes de la oposición con representación parlamentaria y les había comunicado la existencia del video-ficción, pero consultados cada uno de ellos sobre el tema, se limitaron a decir que no estaban en conocimiento del mismo y que se habían enterado por la publicación del semanario BÚSQUEDA.
Consultado el señor Presidente sobre si había visto dicho video, respondió sumamente irritado que sí y que no quería comentar nada, apartando enérgicamente a los periodistas de su lado.
¿Por qué la irritación extrema del señor presidente? Es que tuvo que ocultar la verdad obligado para darle contenido a una caja vacía? ¿Es que le han puesto una cáscara de banana al señor Presidente y recién se dio cuenta? ¿Habrá sido un globo sonda que lanzaron para conocer la reacción de la gente y las instituciones ante situaciones extremas como esta?
Este video-ficción, del que todos hablan y nadie vio, le está dando muchos dolores de cabeza al señor Presidente. Pensamos que debe ser difícil para el Señor Mujica señalar a integrantes de su propio grupo y partido por simulación de delito y asociación ilícita.
Es que analizando el guión de este video,  cualquier habitante del Uruguay con la mínima instrucción e inteligencia, sabe que se está frente a un simulacro de “subversión” generado por los radicales comunistas, socialistas y tupamaros, para dar fuerza a la nulidad de la Ley de Caducidad, nulidad despreciada dos veces por el pueblo uruguayo y desprestigiar a la institución Fuerzas Armadas, en sus fuerzas más puras que son las nuevas generaciones.
Según la descripción que hace el semanario BÚSQUEDA del video-ficción, los actores del mismo, que sabemos que son militantes y no militares, pusieron un sable con la bandera uruguaya, la de Artigas y la de los 33 Orientales sobre la mesa. Primer error, cualquier militar sabe que no puede poner la bandera de los "33 Orientales" sobre la mesa, pues la bandera original fue “expropiada” y destrozada por un grupo sedicioso, y por lo tanto de ser militares sus autores, hubieran puesto, en su lugar, una cartel reclamando la devolución de la bandera al pueblo oriental.
Pasando al guión, vemos que los puntos 3 y 4 de la parte resolutiva son incoherentes, pues se menciona una operación de rescate y fuga de los prisioneros en Uruguay y en el exterior, olvidándose que los mismos tuvieron muchos años, antes de ser detenidos, para irse del Uruguay y pedir asilo político en países que los ampararan.
Sin embargo, todos ellos, salvo dos excepciones, aguardaron dignamente su detención y respetaron la decisión de la Justicia, sabiendo de antemano cual sería su destino.
El martes 15 de marzo, el señor Ministro del Interior, en forma honesta, manifestó su asombro por las declaraciones del señor Presidente en el sentido de que había visto el video, señalando en forma casi irónica que, si el Presidente lo dijo, ahora tenía que creer en la existencia del video-ficción.
Respondiendo a los periodistas, el señor Ministro afirmó que se estaba investigando. Consultado qué se estaba investigando, respondió que se investigaba “algo”, que se investigaba "la situación". ¿En base a qué…? a los rumores, ya que los servicios no tenían conocimiento oficial del guión de este video-ficción y menos noticias reales de la existencia del mismo.
Ahora, el señor Ministro de Defensa, luego de entrevistarse con el Presidente Mujica, responde a los periodistas que él nunca vio el video, y que el señor Presidente dice que vio el video o imágenes del mismo (no sabe bien que), pero que el presidente no sabe ni recuerda donde está el video ni donde lo vio.
Toda una tomada de pelo, burla a la nación.
Señor Presidente Mujica: Ud. como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas tiene la obligación de aclarar a la población la realidad sobre este video-ficción y ordenar una investigación profunda sobre las versiones de este hecho subversivo, caiga quien caiga.
Señor Presidente: Ud. sabe muy bien que a las instituciones con dignidad no se les acorrala. No colabore Ud. a ello; vierta toda la verdad, el pueblo se lo reclama y la seriedad de su gestión también. Es poco serio que un presidente juegue, con un tema tan serio, a la mosqueta y al gran bonete.

En ocasión de la aprobación del Presupuesto Nacional se ha hecho una costumbre parlamentaria, a la que se ha recurrido en casi todas estas leyes aprobadas desde la reinstauración democrática, la de incluir un artículo que faculta al Poder Ejecutivo a “corregir los errores u omisiones numéricas o formales que se comprueben” en dicha ley. Cada presupuesto llega al Poder Legislativo acompañado de miles de hojas que incluyen los denominados planillados, con un fárrago de referencias numéricas que muchas veces pueden padecer errores de copia que han dado pie a ésta práctica con el propósito de evitar la necesidad de aprobar nuevas leyes para realizar meras correcciones que no hacen al fondo de la cuestión.
Partiendo de la base que si efectivamente se llegan a cometer errores importantes, que hacen a la correcta interpretación del artículo en cuestión – no nos olvidemos que cada presupuesto tiene no menos de 700 artículos -, entonces sí es necesario la sanción de una nueva norma, generalmente por la vía de la Rendición de Cuentas, para enmendar el error o interpretar correctamente su alcance.
El último presupuesto nacional equiparó el salario de los Ministros de Estado a los Senadores, y como existe una norma anterior que obliga a ajustar los ingresos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de lo Contencioso, Corte Electoral y Tribunal de Cuentas en los mismos términos que los Secretarios de Estado, surgieron dos interpretaciones dispares respecto al nuevo texto normativo. Una que sostiene que el ajuste alcanza a todos, y otra que sostiene que se limita exclusivamente a los integrantes del Poder Ejecutivo.
¿Qué se le ocurrió al Poder Ejecutivo para solucionar el diferendo?  Inventó una nueva forma de legislar, que no tiene antecedentes en la vida del país, más aún, que no tiene antecedentes en la vida de la democracia. Aprobaron dos decretos a través de los cuáles modificaron el texto de un artículo del presupuesto, y a otro artículo le agregaron un inciso entero. Sí Señor, aunque usted no lo crea!!!
Vale decir que una ley que fue aprobada en tiempo y forma, que fue promulgada por el propio Poder Ejecutivo, que fue publicada conforme a derecho y que está en vigencia desde el 1º de enero pasado, en marzo fue corregida por el Poder Ejecutivo en la forma que venimos de relatar. En una acción que se constituye en un atropello a la separación de poderes, y una burla a la Constitución de la República.
Desde luego que dicho procedimiento provocó la reacción de todo el Partido Nacional, que convocó expresamente a la Asamblea General para tratar el tema y felizmente el gobierno terminó reconociendo su error y envió un mensaje retirando los decretos que había enviado al parlamento en el “cumplimiento”, entre comillas, del artículo que lo faculta a corregir errores.
Ahora anuncian el envío de una ley interpretativa. Veremos cuando llegue, cuál es su contenido pero desde ya adelantamos que la oportunidad para corregir, modificar o interpretar una norma presupuestal es la de la rendición de cuentas y no la que se le antoje al Poder Ejecutivo. Y que a nuestro juicio, por poner solo un ejemplo de los muchos que podríamos referir, no nos parece injusto que un Ministro de la Suprema Corte de Justicia tenga un ingreso similar al de un Ministro del Poder Ejecutivo.
Pero ese tema es harina de otro costal. Por el momento reiteremos la tranquilidad de espíritu que nos da la marcha atrás del Poder Ejecutivo, que muchas veces se cree que por gozar de mayoría parlamentaria puede hacer cualquier cosa. Y no es así. Felizmente está el Partido Nacional, y la oposición toda seamos justos, para hacerlo notar.

• Oficialismo se retira de sala cuando el parlamento recibe víctimas de la actual ola de violencia

La novel asociación "Movimiento de Justicia y Seguridad", que agrupa a parientes de personas asesinadas, incapacitadas o mutiladas por la actual espiral delictiva en Uruguay, que ha crecido geométricamente en el último quinquenio, fue recibida por una delegación multipartidaria de legisladores, encabezada por el actual presidente de la Cámara de Diputados, Luis Lacalle Pou. En el transcurso de la reunión, precedida por una expresiva manifestación, se presentaron ante el legislativo una serie de atendibles iniciativas , como la internación compulsiva del adicto contumaz -lo que había sido en principio compartido por el propio mandatario uruguayo ,José Mujica-, el resarcimiento económico y moral hacia las víctimas, el aumento de las responsabilidades parentales respecto a hijos delincuentes, además del establecimiento de una policía militar, aprovechando a los uniformados retornados de misiones de paz con esa experiencia, para neutralizar zonas rojas especialmente desbordadas, iniciativa también coincidente con planteos del senador oficialista disidente Jorge Saravia, recientemente descartados por el propio gobierno.
Sin embargo, y a pesar de que minutos antes de la reunión otro supermercado, en una semana, había sido objeto de asalto con toma de rehenes y no hacía muchas horas, pistoleros profesionales motorizados ingresaron a un estadio-luego destrozado- de fútbol baleando e hiriendo a simpatizantes del equipo contrario, entre otros hitos de violencia extrema registrados en las últimas jornadas, el diputado oficialista Carlos Gamou, un politologo de hábitos muy peculiares,  se retiró molesto por la visita de esta agrupación y por sus formas de protesta, lo que indignó a la opinión pública debido al creciente estado de indefensión ciudadana, especialmente en áreas urbanas, que incluso afecta los horarios de trabajo,estudio e ingreso de servicios médicos,así como el valor inmobiliario de diversas zonas residenciales. Es destacable el hecho de que el mismo legislador ofendido está permanentemente armado...
Poco después, se conocieron discrepancias respecto a la contención de la violencia en espectáculos deportivos, entre el subsecretario del Interior,Jorge Vazquez, partidario de restringir el ingreso de revoltosos a los estadios,y, el propio ministro Eduardo Bonomi, para el que tal cometido le corresponde a la seguridad de los equipos en cuestión, así como antes aseveró que estos debían contratar seguridad privada, la cual a su vez, tiene sus funciones muy acotadas como para incidir en este tipo de eventos masivos.