• Maldonado es el departamento que más depósitos recibe del interior del país.

Cerca de 1.230 millones de dólares registraron las instituciones financieras establecidas en Maldonado al 31/12/2010 (no incluye el BHU). Recibe el 23% del total de depósitos del Interior y casi el 7% de los depósitos de todo el país.
En moneda nacional recibe el equivalente a 124 millones de dólares; y en dólares, recibe 555 y 550 millones de residentes y no residentes respectivamente. Los depósitos de no residentes (NR) constituyen el 48% del total de NR del interior y el 17%  de NR de todo el país. La cantidad que residentes y no residentes tienen depositadas en dólares son casi iguales para un sistema financiero local integrado por 277 empleados, 24 locales y 79.500 depositantes.
La cartera de préstamos otorgada localmente ascendió a la misma fecha al equivalente de 147,7 millones de dólares (47% en pesos y 53% en dólares) con una morosidad total de 0.59%. El 45% de los préstamos, equivalentes a 66,4 millones de dólares fueron otorgados a las Familias, el 6% al comercio al por menor, el 13% a los prestadores de servicios, el 4% a personas no residentes, el 4% al sector agrícola, el 7% al sector ganadero, el 15% al sector industrial y el 6% al comercio al por mayor.
Estas cifras nos están indicando que la plaza financiera de Maldonado es muy importante para las instituciones financieras establecidas y que la cifra nada despreciable de 1.080 millones de dólares – diferencia entre depósitos y préstamos -son colocados en el resto del país, sea en el sector público o en el exterior a través de las casas centrales de las instituciones financieras.
Por otra parte, en enero 2011, la Administración De Los Santos elevó a la Junta Departamental el presupuesto quinquenal por el período 2011-2015, previendo gastar 1.050 millones de dólares, o sea, 350 millones de dólares por año.
Obviamente, después de Montevideo, Maldonado es la primera Intendencia del Interior del país, donde el presupuesto de ingresos y egresos ocupa la primera posición.
Diversos operadores del sector turismo han manifestado que para incrementar el número de visitantes y desestacionalizar  la temporada esteña, es necesario contar con un Centro de Convenciones para la realización de eventos internacionales. La Administración De Los Santos y sus 73 cargos de confianza también lo entendieron así, al igual que la gran mayoría de los ediles municipales de todos los partidos políticos con representación en la Junta Departamental.
La Administración De Los Santos es una joyita desprolija y la fiesta progresista presupuestal va a ser pagada por los mayores valores de la contribución inmobiliaria de los padrones de Punta del Este, José Ignacio, La Barra, Manantiales y Punta Ballena a partir de 2012.
Los 1.050 millones de dólares del presupuesto no incluyeron la inversión en el Centro de Convenciones. Para su financiamiento optaron por vender tierras municipales obtenidas en los períodos de la herencia maldita por un valor aproximado a 15 millones de dólares –1,4% del presupuesto quinquenal-.
A todas luces, la fuente de financiamiento adoptada para la construcción del Centro de Convenciones (venta de terrenos) no es la adecuada. Dichos terrenos integran el patrimonio departamental y son necesarios para la construcción de viviendas de un amplio espectro de la sociedad que vive bajo de la línea de pobreza e indigencia como así también aquellos trabajadores que no pueden por ellos mismos alcanzar comprar una vivienda propia.
Es sorprendente y asombroso que siendo el Departamento de Maldonado la primer plaza financiera del interior del país con un excedente de liquidez de 1.080 millones de dólares no tenga la Administración De Los Santos la capacidad de proponer al  mercado financiero local, -bancos e inversores particulares (residentes y no residentes)- el financiamiento de tan importante emprendimiento a través de la emisión de Bonos Municipales u Obligaciones Municipales pagaderos en plazos acordes al flujo de fondos que alcanzará la inversión.
Un financiamiento de esta naturaleza implica aprovechar naturalmente la bonanza financiera que vivimos y premiar a los depositantes que confían en el departamento con una mejor tasa de interés que la actual pagada por las instituciones financieras sin necesidad de vender el Patrimonio de todos.

Lo que ha hecho el gobierno del Sr. Mujica Cordano es una verdadera picardía. Picardía en el sentido rural del término, una acción lamentable por tomada o por no tomada a tiempo y generalmente de  resultados lamentables.
Es una pena que  Mujica Cordano, con su indudable viveza y fina percepción de las cosas y la historia, no haya tenido las convicciones suficientemente fuertes para no gastar todos los resultados de la bonanza económica que hoy vivimos los uruguayos.
Era y es evidente que de la misma manera que la notable mejora de los términos de intercambio de nuestras exportaciones con el resto del mundo vino de arriba, ya que seguimos siendo absolutamente tomadores de precios, por lo tanto absolutamente vulnerables a los vaivenes político-económicos del resto del mundo, también los cambios negativos vendrían, por decirlo de alguna manera, de arriba.
El mundo no salió nunca de su crisis económica.  Se pateó la pelota para adelante, se gastó, se apoyaron sistemas bancarios corruptos e ineficientes, pero no se llevó a cabo ninguna reforma estructural de fondo.
Los yanquis que fueron los propulsores de la última gran crisis económica por el manejo arriesgado de su macroeconomía debieron haber generado una nueva ley  ‘Glass- Steagall’ regulando desde el punto de vista operacional su mercado de capitales, principal del mundo. No lo hicieron, por  lo tanto, el mundo desarrollado y en vías de serlo sigue al garete en materia económica, prisionero de  vaivenes políticos en los rincones más recónditos del planeta solamente porque estos controlan la droga más adictiva de nuestra civilización, el petróleo.
El tema pasa por la intrínseca fragilidad del sistema económico mundial que solamente se soluciona con medidas estructurales de ahorro y capitalización duras en el corto plazo pero sin duda muy buena inversión para el futuro de nuestra civilización.
Como decía el gran Dr. Alberto Castillo, ‘siga el baile, siga el baile’, y ahora estamos viendo los resultados de esa política.
El Frente Amplio no tiene lo que ellos llaman espacio fiscal, a pesar del formidable crecimiento de nuestra economía, para amortiguar los embates que vienen y que seguramente seguirán viniendo del exterior.
El  precio del petróleo posiblemente baje en el futuro, pero difícilmente a los niveles anteriores a la actual crisis. Esto  seguramente incidirá en un enlentecimiento en el crecimiento de nuestra economía y un aumento marcado en la presión inflacionaria, tanto importada como local.
La lástima es que si tuviéramos, como sociedad, plata guardada de la gordura pasada de las vacas podríamos quizás bajar en algo los impuestos sobre los combustibles o bajar de una vez el IVA sobre los servicios públicos, de alguna manera morigerando las consecuencias internas del ajuste económico mundial que se viene.
Por desgracia gastamos los ingresos extraordinarios como si fueran ordinarios y, para peor, los "estructuralizamos" lo cual hace muy difícil la reducción de esos gastos. Acostumbrarse a lo bueno es muy fácil, una vez dadas las cosas es muy difícil reclamarlas. Nuestro gobierno, seguramente con las mejores intenciones, no lo dudamos, se ha embretado en una situación difícil.
Ojala que las complicaciones económicas que vienen sean menos profundas de lo que pensamos y lo que muchos pronostican. De ser así,  podremos seguir bailando. De lo contrario habrá más lágrimas que baile.
Una oportunidad histórica perdida. Una verdadera picardía.

Los empleados de las empresas distribuidoras de gas butano en garrafa están en  conflicto.
Debe haber varios temas en discusión, sin duda todos de vital importancia para ese grupo de trabajadores, no sé si tanto para  la sociedad en su conjunto.
Llama la atención una de las reivindicaciones realizada por estos trabajadores.
Parecería que después de algo así como 35 años de lidiar con envases de 13 kg de gas estos se han vuelto demasiado pesados. Son pesados, es así, pero, ese es el trabajo que tiene esta gente que implica maniobrar con esos envases y su contenido en forma constante. Es su trabajo.
Nunca se habían sentido quejas por este tema.
Ya habló un funcionario del Ministerio de Trabajo en cuanto a que se estudiaría el tema pero que era difícil reponer algo así como dos millones de envases.
Lo que nadie dice, o no lo han hecho por ahora, es que reponer esos envases es un negocio cercano a los U$S 100.000.000. Si, cien millones de dólares si no me quedo corto.
Precioso negocio para alguna metalúrgica de nuestro país. Precioso negocio que solamente por su volumen permitiría la participación de unos cuantos  y representaría pingües ganancias para alguno o algunos.
No creo que esa sea la intención de este grupo de trabajadores en conflicto. Lo cierto es, sin embargo, que si por alguna vuelta de la vida se resolviera el cambio de los actuales envases de  gas envasado, alguno o algunos harían muchísima plata.
Hay que tener cuidado con lo que se pide. En un "de repente" se consigue y lo único que se logra  es enriquecer  a alguna empresa habilidosa  y a algunos individuos inescrupulosos.
Como siempre a la larga o a la corta el sufrido consumidor oriental termina pagando la festichola.
Cada vez nos parecemos más en algunos aspectos a nuestros primos argentinos.  
No es buena cosa.

El Senado de la República aprobó una ley que tiene que ver con la creación de un Fondo a través de las utilidades del Banco de la República, ya sea para garantizar créditos o para financiar proyectos referidos a empresas que atraviesen una situación delicada pero que sean viables y merezcan, en consecuencia, un respaldo especial. Respecto a este tema quiero decir que pocos días antes nuestro Partido Nacional, en forma unánime y sin el pasaje por la Comisión correspondiente, respaldó la prórroga del Seguro de Paro que, a través de una ley, se decidió otorgar a todos los empleados de Metzen y Sena porque se consideraba, por un lado, que era de justicia proceder en ese sentido y, por otro, que detrás de ese Seguro de Desempleo que había vencido, existía un proyecto –o varios– que podrían hacer viable el emprendimiento. En ese caso se pensó que valía la pena abrir un paréntesis en lo relativo al Seguro de Paro, manteniendo su vigencia y buscando, a la vez, una solución para su viabilidad.
Respecto a la viabilidad de los distintos proyectos vinculados a empresas que atraviesan por una situación crítica, que tienen proyección de futuro y son viables en el tiempo pero a las que hoy las circunstancias les impide prosperar, en algún momento vamos a tener que legislar sobre la creación de fondos de esa naturaleza, su administración y los apoyos que el Estado pueda dar a las empresas que tengan dificultad para salir adelante. Actualmente no alcanza solo con otorgarles el crédito correspondiente o los recursos necesarios para la inversión. Muchas veces es preciso –y me parece que en este caso puede llegar a serlo– que la propia ley prevea una figura que se encargue de la administración de estos Fondos y las condiciones en las cuales se otorgan –o no– los créditos o los recursos para apoyar esas empresas, a la vez que establezca cómo se deben gestionar y hasta la posibilidad de crear una unidad de gestión que las auxilie mientras intentan salir adelante, ya sea bajo la forma de una cooperativa –como es lo que se está pensando para  Metzen y Sena– o de sociedades de distinta naturaleza.
Me parece que tendríamos que avanzar mucho más en este sentido porque nuestras economías permanentemente están sufriendo altibajos como consecuencia del impacto de las economías vecinas. El caso de Metzen y Sena es muy claro; la matriz energética ha jugado un rol muy importante en la alteración de su ecuación económica y, como consecuencia –además de otras razones–, se ha visto sumergida en esta crisis de la que todos deseamos que salga porque, además de ser una de las empresas uruguayas que hasta hace poco tiempo daba trabajo –que hoy mantiene en el Seguro de Desempleo a más de 600 familias–, también es verdad –todos lo reconocemos– que hay una marca registrada por esta empresa, o sea,  OLMOS, que  es un orgullo nacional dentro y fuera de fronteras. Todos conocemos la calidad y el enorme valor de esa producción; y fuera de fronteras también se la reconoce. Entonces, porque no apostar a la continuidad de este emprendimiento, y la de todo aquel que ayude a generar blindajes laborales de los que muchas veces nuestras economías carece.    
El tema merece ser analizado profundamente. Más ahora que atravesamos por una coyuntura económica muy favorable que nos da un respiro pero que nos obliga a prever, a estar alerta, a pensar en el mediano y en el largo plazo. Soluciones de éstas características existen en muchos países del mundo y no son fruto, precisamente de la improvisación, sino de la experiencia y de la previsión. Podemos ir generando fondos de garantía o instrumentos que ayuden al objetivo principal como es el de generar empleo genuino, estable, permanente.

Hace un par de años concurrí a la Suprema Corte de Justicia, a presenciar el “informe in voce” que hizo el Dr. Gonzalo Aguirre, respecto a una acción de inconstitucionalidad, en la que representaba a 1200 pasivos que habiendo sido favorecidos con una sentencia de ese alto cuerpo de Justicia, respecto al IRPF, el gobierno, en una clarísima burla a los principios generales de derecho, la Constitución y las leyes, había vuelto a gravar con el IASS.
Fue una clase magistral de uno de los mejores constitucionalistas de nuestro país y pese a los escaso 10 minutos (sí, diez minutos) que disponía para exponer, con la contundencia de sus argumentos, así como la claridad de su razonamiento,  no dejó duda de que se estaba cometiendo un atropello contra esos pasivos y en especial, contra el Estado de Derecho.
Pero, desgraciadamente, la Corte, lejos de actuar en consecuencia, se transformó en cómplice de esa parodia.
Lo triste fue ver a 5 individuos - que han llegado ahí por una serie de razones, que tienen que ver con su prolongada tarea como jueces (pero poco con el tema constitucional) y en particular con el apoyo político que tengan a la hora de ser seleccionados – sentados en esos altos “tronos” del Olimpo jurídico, en una actitud de hastío, por tener que “malgastar” 10 minutos de su precioso tiempo, para escuchar esa demostración de erudición constitucional, sabiendo que igual debían cumplir con el mandato del amo y fallar en contra.
Es que este gobierno progresista, que cuenta con mayoría en las cámaras, no podría hacer lo que viene haciendo desde el 1ro de marzo, sin el concurso de una justicia sometida, que se incorporó a esta obra para darle la pincelada final a la falsificación del cuadro titulado “Estado de Derecho”, que como todos sabemos es el pilar fundamental de la democracia republicana y liberal que nos legaron nuestros mayores y si ese cuadro es falso, también lo es todo lo demás.
En muy poco tiempo se han producido una serie de atentados a la Constitución, además del comentado IRPF a los pasivos y su posterior hermano, el IASS.
- La SCJ ha pasado por encima de la decisión  - no una, sino 2 veces – del Cuerpo electoral, declarando inconstitucional una ley sometida a referéndum, primero y a plebiscito, después.
- Ha ignorado el mandato constitucional –que hemos comentado reiteradas veces- del literal V** de las Disposiciones transitorias y especiales, que comete a la SCJ declarar inconstitucional cualquier modificación a las prestaciones del Art. 67 a través de leyes presupuestales o de rendición de cuentas.
- Ahora ha dado el visto bueno para incorporar la Justicia Militar a la órbita de la Justicia Ordinaria, cuando la Constitución en su artículo 253 establece claramente los alcances de la jurisdicción militar, excluyendo, por lo tanto, a la justicia ordinaria en los casos que allí se prescriben. Dice dicha norma: “Artículo 253.- La jurisdicción militar queda limitada a los delitos militares y al caso de estado de guerra.
Los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera que sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la Justicia ordinaria".
No puede haber duda que la Carta en este artículo determina que delitos están sometidos a qué jurisdicción, sin establecer dependencia de una con la otra y por lo tanto, su independencia mutua es total, lo que es lógico dada la especificidad de cada una, en particular en lo que tiene que ver con las leyes y reglamentos que regulan la vida militar.
Se ha dicho que en un principio la Corte cuestionó esta decisión, pero, finalmente terminó aceptando una vez más otra inconstitucionalidad. Es de resaltar que también ha participado de esta entrega el actual Presidente del Supremo Tribunal Militar, un señor llamado Julio Halty  - al que el Dr. Vázquez le otorgara (junto con varias decenas más) graciosa e inconstitucionalmente, la jerarquía de General - que nuevamente está del lado de los enemigos de las FFAA y de la República.
- Como todo lo que hace el progresismo, entreverado en el Presupuesto incorporan un artículo por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar las correcciones de los errores u omisiones numéricas o formales que se comprobaren en la ley una vez sancionada (de El País).
Este disparate es una resignación de competencia del Parlamento al Poder Ejecutivo nunca vista. Está claro que si se corrige un “error u omisión numérica”, se está modificando el texto legal oportunamente aprobado y promulgado y la única forma de hacerlo es a través de una nueva Ley que haga efectiva la corrección deseada.  Esta disposición constitucional, especialmente con fuerzas políticas que desprecian a la democracia republicana y al estado de derecho, es una garantía a la tentación de corregir, no errores, sino la esencia de la norma aprobada, a través de un procedimiento absolutamente espurio. 
Nadie puede asegurar que con este poder irregular, el gobierno no envíe un proyecto de Presupuesto con unos números y luego de aprobado lo cambie, alegando errores.
- Y la frutilla de la torta – entre muchos otros casos que no comentamos porque sería demasiado extenso - es el proyecto para crear un Ministerio de Justicia.

Comentaba una nota editorial de El País:
“Son los reyes del doble discurso. Durante el período militar el Frente criticó, con razón, que el Ministerio de Justicia fuera establecido y exactamente a los veinte años de haberse suprimido, son los primeros en restaurarlo.
Contra la opinión de la Suprema Corte, sin consultar a la oposición y pese al mal recuerdo que existe de su pasado, no es una sorpresa menor encontrar dentro de la ley de presupuesto un artículo que prevé su regreso".
Mientras, desde El Observador recogemos las declaraciones del Director General de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Pablo Álvarez: “Tiene que haber un fortalecimiento institucional y algunos aspectos deben tener una atención más coordinada y ordenada. Que es necesario crear una institución de ese tipo para fortalecer los asuntos de Justicia no nos cabe ninguna duda”.

Comentamos:
Es comprensible (aunque no compartible) que en un régimen de facto la justicia se encuentre organizada en un Ministerio haciéndola dependiente del Poder Ejecutivo, pero en nuestro sistema republicano, la Justicia debe tener la mayor independencia, para evitar que pase lo que hoy, de hecho, está pasando y que nos reafirma el citado Pablo Álvarez, al expresar: “...tiene que haber un fortalecimiento institucional y algunos aspectos deben tener una atención más coordinada y ordenada”. Ya sabemos que quiere decir con eso.
La SCJ entró en connivencia con el progresismo por un puñado de pesos (bueno, hay que convenir que 60.000 de aumento es un buen puñado) y ahora que ya los tienen prendidos, los van a meter en la bolsa. Evidentemente la entrega total al ejercicio del derecho no les ha dejado tiempo para leer la historia, si no, sabrían que una vez que se le vende el alma a esta gente, no hay devolución.
Agustín Tajes 

• El nacimiento del Foro Libertad y Concordia era esperable dada la situación que se vive en el país desde el retorno a la democracia -agravada en los últimos años- en lo que hace a la consideración social hacia los militares, que fueron, en el pasado reciente, quienes impidieron la pretendida destrucción del sistema democrático del país por parte de partidos de ultra izquierda y, en particular, de organizaciones armadas terroristas.

El nacimiento del Foro Libertad y Concordia era esperable dada la situación que se vive en el país desde el retorno a la democracia -agravada en los últimos años- en lo que hace a la consideración social hacia los militares, que fueron, en el pasado reciente, quienes impidieron la pretendida destrucción del sistema democrático del país por parte de partidos de ultra izquierda y, en particular, de organizaciones armadas terroristas. Tema que, por más que será siempre objeto de debate histórico y sobre el cual jamás se logrará unanimidad de criterios respecto a sus causas y consecuencias, no deja de constituir una realidad incontrovertible.  
Terminado el período de excepción, cuando todos sanamente entendimos que se había alcanzado un final digno para todos gracias al Pacto del Club Naval acordado por las FF.AA. y los representantes del sistema político, pronto los militares nos dimos cuenta de cuán frágil había sido ese pacto y de cuánta ingenuidad hubo de nuestra parte.
La generosa entrega de los militares en los años duros había sido entendida debidamente por la mayoría, pero el apremio por superar circunstancias políticas difíciles hizo que a veces la inteligencia naufragara ante la persistente demanda de los invadidos por el rencor. Así, hubo que tolerar la injusta resistencia a la ley de caducidad cuando en el ánimo castrense nunca estuvo siquiera el perturbar la eficacia democrática de la amnistía a los sediciosos. El silencio austero fue dispuesto para no entorpecer el proceso de reinstalación democrática respondiendo a las demandas de los incapacitados para entender. Y también entonces fuimos ingenuos. El grito de odio y venganza fue ganando espacio frente al respetuoso silencio castrense y la incomprensión social fue estimulada a favor de la natural reposición etárea. Los perdedores perdonados supieron desde el principio que solo haría falta un medio político favorable para que se concretara su ansiada revancha.

La Patria por encima de todo
No estamos hechos los militares para la pancarta ni para el reclamo ostentoso. Fuimos formados en el respeto y en la formalidad. Los errores que pudieron cometerse, propios de la excepcionalidad de las circunstancias, pertenecieron a los hombres y no a las instituciones. Fueron mínimos frente a la inmensidad de aciertos, esos que jamás recibirán su merecido reconocimiento. El tiempo para develar culpas propias lo usamos para contener el permanente e injusto acoso que debimos soportar desde el Pacto en adelante. Debimos tolerar los agravios más injustos e insolentes, provenientes de todas las tiendas, aun de las que se suponía amigas, para salvaguardar la democracia que deseábamos que renaciera fortalecida. La Ley de Caducidad, clara y terminante -además de confirmada por la ciudadanía-, nos hizo confiar en la justicia e ir sobrellevando las injurias. Sin embargo, una realidad no deseada nos encuentra, avanzados ya en años, sin haber dejado de usar el escudo ni haber lucido los laureles, mientras cada vez van quedando menos de quienes pueden atestiguar nuestro romántico patriotismo.
Para quienes no han vivido la intimidad de la vida militar es imposible entender lo que significa nuestra vocación. Es algo, quizá, con mucho de mística donde la Patria está por encima de todo y por ella rendiríamos la vida si fuere necesario. Se es militar hasta el último día de vida y se está formado en la obediencia, en el orden y en el respeto de las normas vigentes. Sin embargo, en la mente obtusa de muchos cabe la idea de que los militares somos todo lo contrario por haber sido partícipes de un gobierno de facto. Ni nos entienden ni se preocupan por hacerlo. En estos días Egipto ha recordado al mundo porqué los Ejércitos son importantes en toda sociedad: ¡cuán decisiva es la posición que asuman los mandos para definir el futuro de una nación en situación de indefinición política! ¿Qué otra organización social está capacitada para hacerse cargo de un país en un estado de excepción? Sin embargo, ciertos mediocres, en lugar de preocuparse de encontrar solución a los problemas que les incumben en función de sus cargos, apenas atinan a mencionar normas constitucionales que refieren a recortes en la actividad política de los militares en actividad.

Sin reacción de los políticos opositores
La predisposición del militar al orden y la obediencia ha sido usada muchas veces para perjudicarlo. En la mente de algunos está la idea de que con los militares se puede hacer lo que sea porque están sujetos al poder político. Tristemente, no se percibe ninguna reacción en los políticos opositores que debieran denunciar que ese razonamiento es absolutamente inconducente a resolver los problemas.
La agremiación de militares en actividad es impropia por la propia esencia de la organización, sujeta a orden y disciplina. En esas condiciones solo el superior es quien debe preocuparse para que no falte a sus subalternos ninguna condición esencial para una vida digna. Así nos lo fue enseñado desde la propia Escuela Militar. Y así lo hemos aplicado siempre. Cuando se da una falla en esa norma tan básica se comienza a resquebrajar el orden y la disciplina. Eso lo sabemos muy bien los militares. Y también lo debieran saber los políticos a quienes les toca manejar la temática militar. Cuando se sufre la ausencia de una consideración igualitaria con los semejantes, el superior debe anteponerse al mínimo reclamo. La paga diferencial e injusta, la atención médica insuficiente o la falta de respeto a las normas del debido proceso judicial son tres aspectos -de los principales- a los que el superior debe atender para procurar su satisfacción por todos los medios a su alcance. Cuando el problema supera a los mandos naturales de las FF.AA., es el Poder Ejecutivo quien debe procurar su solución. Debe saber, además, que si el superior militar no encuentra respuesta adecuada en el poder político, el problema no tendrá solución, con lo que ello conlleva. Y no solo el mando no tendrá respuesta para dar a sus subalternos, sino que el descreimiento comenzará a florecer haciendo flaquear, en forma tan progresiva como negativa, el orden y la disciplina, pilares fundamentales de toda organización militar.  

Justicia transformada en Injusticia
Un gobierno interesado en destruir progresivamente a sus FF.AA. podría intentar ese camino. Solo debería contar con mandos dispuestos a traicionar sus convicciones y un pueblo suficientemente desinformado como para no entender el valor de no tenerlas.
El caso particular de que retirados militares se hayan agrupado en el Foro Libertad y Concordia está vinculado a lo que antecede. Se siente que la justicia se ha transformado en injusticia a partir de la falta reiterada de respeto a las normas del debido proceso y, principalmente, a la ignorancia de lo acordado por la ciudadanía -por dos veces- en cuanto a la ley de caducidad, que dispone, con prístina claridad, que para los militares que participaron en las operaciones militares contra la sedición, encuadrados en las leyes y los reglamentos que las regularon, ha caducado la pretensión punitiva del estado.

La Suprema Corte de Justicia desconoce sus propias interpretaciones
Los atropellos cometidos por diversos órganos judiciales a partir del año 2005 coincidieron, casualmente, con el advenimiento al poder de un gobierno de izquierda tolerante y comprometido ideológicamente contra quienes fueron sus represores en el pasado, dando lugar a increíbles detenciones de camaradas y la posibilidad de muchas otras, configurando un histórico e inadmisible despojo. ¿De qué otra forma puede entenderse que se haya considerado peligrosos a los encausados para aumentar sus penas y poder procesarlos con prisión, siendo hombres que hace cuarenta años se desempeñan sin problema alguno en la sociedad, algunos en altos cargos, y otros actuando como profesionales o simples jefes de familia? ¿De qué otra manera puede entenderse que la Suprema Corte de Justicia haya desconocido sus propias interpretaciones anteriores respecto de la Ley de Caducidad y haya ignorado dos decisiones supremas de la ciudadanía, entendiendo inconstitucional a dicha ley? ¿De qué otra manera puede admitirse que ni el sistema judicial ni el político hayan advertido que la fiscal Mirtha Guianze está fuertemente implicada en los casos en que ha intervenido con especial dedicación y malicia? ¿Cómo interpretar que importantes personajes, algunos alineados con el mismo Frente Amplio, hayan aceptado que no se trata de justicia sino de venganza? Si se hubiera castigado de igual forma a bancarios, ¿cuál habría sido la actitud de AEBU?  Si se hubiera castigado de igual forma a municipales, ¿cuál habría sido la actitud de ADEOM? ¿Cómo habría reaccionado el PIT-CNT? Seguramente se habría paralizado el país con todas sus graves consecuencias.     

Los militares hemos sido muy ingenuos
A esta altura de los acontecimientos, a nadie le queda duda que en ciertos niveles y circunstancias la ingenuidad se paga muy cara. Los militares hemos sido muy ingenuos, por eso el Foro es una respuesta quizá tardía a tanta injusticia, pero totalmente justificada y entendible. Nos preocupa que algunas críticas que importan desnuden la existencia de quienes defienden su chacra sin medir consecuencias, olvidando que la enseñanza que le estamos dejando a quienes nos han de suceder influirá en sus actitudes y que esa será la base de los valores sobre los se que construirá el futuro del país.
Guardo la esperanza de que en las nuevas generaciones, a pesar de la influencia nefasta actual, se imponga el legado de nuestra verdadera historia y siga latiendo el corazón indomable de los orientales que desean confiar en la justicia y quieren elegir su destino en paz.