• Recorre los principales portales políticos y militares europeos esta nota y la que sigue inmediatamente después, firmadas ambas por el periodista uruguayo Javier Bonilla, publicada en primera instancia por defensa.com de España.

El General de Ejército Jorge Rosales, Comandante en Jefe del Ejército Nacional uruguayo, fue sancionado por el presidente José Mujica, en Consejo de Ministros, con una observación, que es la mínima penalización administrativa para un oficial, debido a sus declaraciones acerca de  oposición a la insólita tentativa de anulación parlamentaria de la varias veces plebiscitada amnistía a los militares que hubieran cometido excesos durante la dictadura (1973-1985), aprobada por la ciudadanía,así como de apoyo a un general en actividad, acusado, con pruebas más que circunstanciales, de la muerte en condiciones dudosas de una militante comunista en un cuartel en 1973, en lo que fué ampliamente apoyado por los oficiales superiores de su Fuerza. Las mismas fueron desarrolladas ante preguntas insistentes de la prensa y no  en discursos  o en actos partidarios, como la Constitución sí lo inhibiría.
El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, un ex guerrilero perteneciente a un sector escindido (dentro del oficialista Frente Amplio) del mayoritario Movimiento de Participación Popular, que aglutina a Tupamaros, al antiguo grupo extremista OPR-33 (hoy PVP), a ex maoistas, e independientes, llamado Corriente de Acción y Pensamiento,hoy ya bastante contrario a la derogación de la amnistía a los militares, pretendió restarle importancia al diferendo, en lo que no fue seguido por el resto del espectro gubernista, cuyas instituciones partidarias habían pedido ayer los máximos castigos para el jerarca militar.
Mientras no es improbable que el líder en el Senado del sector del ministro Rosadilla, y ex fundador de los Tupamaros, Eleuterio Fernandez Huidobro, se retire de sala o vote contra la anulación de esta norma, su referente en la Cámara de Dipuitados, Carlos Gamou, dijo haber voatado obligado por disciplina partidaria. En otras tiendas de la coalición izquierdista, el ex vicepresidente y senador Rodolfo Nin Novoa, después de recibir insinuaciones de algunos correligionarios para prolongar un próximo viaje y que su suplente votara con la mayoría, se negó publicamente a obedecerlos y explicitó la situación.
Dos legisladoras muy peculiares, la primera dama y primera senadora,también ex guerrilera, Lucía Topolansky y la igualmente senadora Constanza Moreira, una mediática politóloga, que referencia toda su acción partidaria en permanentes alusiones a la izquierda brasileña, y se declara alineada con Hugo Chavez y Evo Morales, ambas del ya nombrado MPP, han ordenado mandatar oficialmente a votar la nulidad  a los legisladores gubernistas, intentando impedir disidencias.
 El también senador izquierdista ,Jorge Saravia, por unas horas más aún miembro independiente del citado MPP, no solo confirmó no votar con el resto del oficialismo esta medida, sino que acusó al canciller ,Luis Almagro- quien inspiró, mencionando posibles sanciones económicas contra Uruguay, la mentada anulación de la amnistía o "ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva Estatal" a los uniformados, de "burocráta" y "tecnócrata" alejado de la realidad propiciando "un golpe de estado técnico", afirmaciones que Almagro descalificó.
En realidad, el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, ya había tenido un grave tropiezo 45 días atrás, cuando quiso presionar por la derogación de las normas publicitarias antitabaco, temiendo juicios de "centenas de millones de dólares" de las tabacaleras, que luego se resumieron a una aventurera tentativa de Philip Morris, cuyos posibles perjuicios, no tan voluminosos, algunas ongs se aprestaron a cubrir, en caso de triunfar su postura. A esto se suma su excesiva tolerancia con los revoltosos auspiciados por el gobierno argentino y con el propio gobierno de ese país, en la cuestión de la fábrica de celulosa emplazada sobre el Río Uruguay, realizando numerosas concesiones, que inclusive, podrían hasta traducirse en el ámbito militar, ya que Argentina quiere, pese al desinterés de la FAU, imponer al IA 63 Pampa NG como avión de combate en Uruguay.
En las últimas horas ha ganado la calle el rumor de que los traspiés del canciller no serían ajenos a la excesiva influencia de una asesora del Ministerio en sus decisiones habituales, actitud extraña en quien ya ha sido embajador en destinos claves como Alemania y China. Al mismo tiempo, se sabe con certeza, que numerosos oficiales- retirados y en actividad-, consideran que el General Rosales debería renunciar ostensiblemente, ya que se habrían roto las formas y el statu quo entre gran parte del sistema político y las Fuerzas Armadas y de Seguridad por intentar volver sobre un tema laudado una vez en el Parlamento y dos veces en plebiscitos.
Además, la clara identidad política de las fiscales más involucradas en estos temas, las Dras. Guianze (esposa de un ex Tupamaro otrora preso político) y Telechea, ambas presentes el pasado año a los 50 años de la dictadura castrista en Cuba,y la última, acusadora del escritor Alvaro Alfonso, de quien solicitó prisión y requisa de ejemplares, por transcripciones de su libro "Secretos del Partido Comunista Uruguayo", no parece dar garantías a los uniformados, actuales o futuros acusados de apremios entre 1973 y 1984. La mayoría de la población, manifiesta su molestia de que abundantes recursos legislativos y judiciales se estén empleando en un pasado bastante laudado y no en combatir la creciente violencia urbana y narcotráfico, antes inusuales en el pacífico Uruguay.
La tensión actual ,aunada al desestímulo presupuestal produciría nuevos pedidos de retiro en el seno de las Fuerzas Armadas, que en los últimos días se han visto afectadas por rumores aún no confirmados de supuesto pasaje de blindados ligeros del Ejército a la Policía, drásticas reducciones de flota nava carencias en los aeropuertos del interior.

El gobierno “cobra al grito” y que el Presidente Mujica, ya no tiene el poder, pues era su atribución como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas tomar personalmente la decisión de sancionarlo o no, y no poner en la mesa del colegiado ministerial un tema de su absoluta responsabilidad.

Uno de los indicadores más seguros de la madurez de un régimen democrático es su capacidad para tratar públicamente los temas militares, no sólo con libertad son también con seriedad, dignidad, racionalidad y franqueza. La polémica provocada recientemente por las declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército General jorge Rosales es un ejemplo excepcional para ponerlo a prueba.
Varios medios de difusión, así como legisladores y actores de la vida sindical, han elaborado grandes titulares en base a dichas declaraciones por considerar que violan el Art. 77 de la Constitución Nacional.
En esos mismos titulares se dice que el General Rosales ha opinado sobre actos de gobierno y que por tal motivo sus declaraciones causan “honda preocupación”, le siguen a estas opiniones otras que contienen abundantes citas históricas y otras que manifiestan que los militares no deben intervenir en política y que deben estar sometidos al control político. En pocas palabras, a 6 renglones de declaraciones del General Rosales se le atribuyen intenciones casi golpistas.
Aunque todas las citas de las opiniones del Comandante en Jefe son rigurosamente verdaderas, el análisis y tratamiento de las mismas son rotundamente mal intencionados, pues constituye una grosera tergiversación.
En primer lugar, las declaraciones del General Rosales, no interfieren en las decisiones políticas, ni se pone al servicio de una parcialidad política, ni se muestra en desacuerdo con los políticos que se han manifestado a favor del proyecto interpretativo de la ley de caducidad.
El General Rosales sólo manifiesta: “Como militar estimo que hay un principio rector de la conducta que es la lealtad y el cumplimiento de la palabra, y como ciudadano la opinión que tengo es que se debe acatar y respetar el resultado de las urnas”. ¿Es tan grave hablar de lealtad, de cumplimiento de la palabra y de acatar y respetar el resultado de las urnas?....vaya paradoja los que están despreciando nuestra decisión y nuestro voto les molestan los conceptos de lealtad, respeto por las urnas, cumplimiento de la palabra, es lógico, no cabría otra interpretación.
Y es que una vez fraguado el escándalo, el segundo paso es explotarlo al máximo y distraer la atención de la población con este tema, mientras, al estilo kirchnerista, se trata de comprar los votos de los legisladores que con dignidad se apartan de una actitud golpista del partido de gobierno, al querer ignorar la decisión de un pueblo que en dos ocasiones ya les dijo lo que deseaba y como quería vivir.
Inmediatamente se lanza el gran titular: “ El general Rosales enciende una polémica política”. Inexactitud evidente. no era el general Rosales el que había encendido nada, sino que otros muchos y organizados, tergiversaron sus opiniones y quienes promovieron polémica, fueron muchos actores de la vida política y sindical.
Cuando los periodistas, cumpliendo con su deber de informar, se dirigían a diversos actores de la vida nacional y les preguntaban: ¿qué opinión le merecen los conceptos del general Rosales?, fueron recibiendo respuestas de diverso calibre.
Los políticos más serios trataron de quitarle importancia al asunto insistiendo en la “confianza absoluta” que merecían las Fuerzas Armadas, en que el principio de constitucionalidad según el cual el Presidente de la República es el Comandante en Jefe está fuera d e toda discusión; en suma que se quiere levantar una tempestad en un vaso de agua.  
En principio, ésta fue también la posición pública del Ministro de Defensa, pues entendía que el General Rosales no opinó ni a favor ni en contra de la ley de caducidad.
Los dichos del General Rosales fueron analizados por el Consejo de Ministros y el jerarca fue sancionado.
En esta actitud, vemos que el gobierno “cobra al grito” y que el Presidente Mujica, ya no tiene el poder, pues era su atribución como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas tomar personalmente la decisión de sancionarlo o no, y no poner en la mesa del colegiado ministerial un tema de su absoluta responsabilidad.
Los comentarios del jefe del Ejército, Jorge Rosales, a favor del respeto a la decisión de la ciudadanía le valieron un apercibimiento del Poder Ejecutivo (quizá un maquillaje para calmar a la “barra brava” que quería su cabeza) que le fue comunicado por el ministro de Defensa Luis Rosadilla, pese a lo cual se mantendrá al frente de la fuerza de tierra.
Es evidente que en el sector político que tiene el gobierno del País, y en el sector que tiene el poder, prevalece todavía una actitud fatua , de desconfianza, sospecha y temor sobre las actuaciones de las Fuerza Armadas, actitud que en la actualidad no esta justificada.
La cuestión militar se debe atacar frente a frente, con franqueza y con dignidad.
La temática de las fuerzas armadas, así como todo lo que se refiere a la defensa del estado, es ciertamente polémica, como lo son todas las cosas graves e importantes, pero se deben discutir con seriedad y oportunismo, lo que no se debe es tergiversarlas  o ignorarlas.