La desesperación política a todos los niveles primarios y secundarios para hacerse de una alcaldía, ha suscitado una explosión publicitaria y periodística feroz que no puede ignorarse, y menos, todavía, eludirla y dejar de pronunciarse al respecto.
Se ha bombardeado a la población con esta ridiculez mal copiada del primer mundo, y bastardeado a conciencia por parte del gobierno de Vázquez, hoy de Mujica, una institución que tuvo su auge en la figura señera del ALCALDE en tiempos preindependentistas, reduciéndola a su mínima expresión, con una dosis mortal de notable ignorancia y desconsideración. El frenesí de los políticos, todos, de menor cuantía, ha llevado a esta desenfrenada carrera tras un cargo insignificante, en donde la figura del moderno alcalde quedará subordinada a la decisión de las mayorías del grupo que cada uno presidirá.
En un país pequeño, que se desborda en 19 departamentos que deberían reducirse a cuatro o cinco a lo sumo, con menos de tres millones de habitantes, refundamos como gran novedad el "personaje". La frustración de cientos, tal vez miles de ciudadanos que son candidatos, seguramente llevará en un futuro próximo, como en Cuba, a crear la figura complementaria de "Patrón de la Cuadra".

enfoques entendió oportuno, en consecuencia, consultar al catedrático, Doctor Daniel Hugo Martins al respecto, y sobre  el punto hacemos nuestra, integramente, su calificada opinión.

Ni Municipios, ni Alcaldías, ni Descentralización Territorial: Concejos locales desconcentrados electivos

1. La ley Nº 18.567, de 13 de setiembre de 2009, crea autoridades locales que se denominarán “Municipios” y – según dice – “configurarán un tercer nivel de Gobierno y Administración”, en un “sistema de descentralización territorial”.

La prensa informa que se han creado “Alcaldías”.
2. En realidad, no se crean “Municipios” porque los Concejos locales cuyo presidente se llama “Alcalde”, no tienen personería jurídica, ni patrimonio propio, ni fuentes de recursos propios, ni presupuesto propio, ni nombran a sus funcionarios y sus resoluciones pueden ser apeladas ante el Intendente.
3. Tampoco son “Alcaldías” –como los ha bautizado la prensa– porque no se han creado “autoridades locales unipersonales”, sino que quien administra el “Municipio” es un Concejo local de cinco miembros, cuyo presidente se llama “Alcalde”, el cual -como todo presidente de un órgano colegiado- tiene las funciones ejecutivas y de representación del órgano colegiado que integra. Es lo que establece la ley orgánica municipal de 1935 respecto de las Juntas Locales: “El Presidente ejercerá la función ejecutiva en su jurisdicción” (art. 74).
4. Tampoco se ha creado un “sistema de descentralización territorial,” por cuanto las “autoridades locales” no son un tercer nivel descentralizado de Gobierno y Administración, como se proclama.
Para que exista “descentralización” es necesario que se rompa el vínculo jerárquico entre el Intendente y la “autoridad local” y ello no ocurre en la ley Nº 18.567. Como dijimos el Intendente puede dejar sin efecto las resoluciones de los Concejos locales en vía de apelación, tanto por razones de ilegalidad, como de conveniencia u oportunidad; designa a los funcionarios de los Concejos locales – incluso al Secretario – y les puede delegar cometidos y atribuciones.
Los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para que los Concejos puedan cumplir sus atribuciones, los fija el Gobierno Departamental, a iniciativa exclusiva del Intendente y aprobación de la Junta Departamental, de acuerdo al art. 223 de la Constitución.
No tienen ninguna función de gobierno, apenas funciones administrativas de ejecución (“supervisar las oficinas”, “ejercer la potestad disciplinaria”; “ordenar gastos e inversiones dentro de las normas presupuestales que fije el Gobierno Departamental”; “aplicar multas por infracciones a los decretos departamentales cuyo contralor se les asigne”); tampoco tienen competencia para dictar normas con fuerza de ley en su jurisdicción.
5. Recientemente se ha modificado la ley Nº 18.567 creándose “Municipios” electivos, a partir del 9 de mayo de 2010, para las localidades de más de 5.000 habitantes y, a partir del 2015, para las localidades de más de 2.000 habitantes, o menos, si el Gobierno Departamental respectivo lo considera conveniente. En cada Departamento, en el año 2010, deberán elegirse por lo menos dos Municipios, aunque no cuenten con 5.000 habitantes.
La ley modificativa de la promulgada en setiembre de 2009, establece que “las listas de candidatos para los Municipios figurarán en hojas separadas de los candidatos para los cargos departamentales” (es decir, Intendente y miembros de la Junta Departamental).
6. Existe sí “descentralización política y participación ciudadana” como se titula la ley; pero no descentralización territorial en lo local, ni Municipios, ni Alcaldías. Los ciudadanos de cada circunscripción territorial elegirán Concejos locales desconcentrados, sin personalidad jurídica, sin recursos propios, sin presupuesto propio, con los recursos humanos, materiales y financieros que determine el Gobierno Departamental y un fondo a crearse en el Presupuesto Nacional.
Existe “descentralización política”, porque los Concejos Locales serán electos directamente por los ciudadanos de cada circunscripción, en hojas electorales separadas de la de los cargos departamentales, y “participación ciudadana,” porque se instrumentará la participación activa de la sociedad en las cuestiones del Gobierno local.
No configuran un “tercer nivel de Gobierno y Administración”, no obstante que, en el futuro, se realicen acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el respectivo Gobierno Departamental para incluir la radicación de servicios y actividades del Estado para su ejecución por los Municipios (art. 4º).
No ejercen ninguna función de gobierno. La función administrativa la ejercerán en calidad de órganos desconcentrados del Gobierno Departamental, debiendo cumplir los decretos departamentales y estando bajo el contralor de la Junta Departamental (art. 12 num. 1º y art. 18) y el Intendente puede revocar sus resoluciones al entender en el recurso de apelación de “los actos administrativos generales y particulares de los Municipios”, según el art. 17.
Daniel Hugo Martins