Otros tiempos: Ministro Daniel Darracq, Profesor Juan E. Pivel Devoto y Ricardo Garzón

Tanta torpeza oficial y gubernamental ya resulta incomprensible. Las notas editoriales, en general, las escribo con gusto porque considero, con el voto que el alma pronuncia, que constituyen un aporte para la toma de decisiones.

Sin embargo, hoy lo hago a disgusto por tener que editorializar sobre un tema que debería haberse resuelto hace ya un buen tiempo con sentido común y profundo conocimiento educativo, docente y político, atributos, todos estos, que brillaron por su ausencia en una comisión ministerial presuntamente asesora y educativa, con la Ministra de Educación y Cultura en rumbo desorientado, incompetente, equivocado, y peligrosamente influyente.

Se trata, nada más ni nada menos, que de enviar al cadalso a un millar de estudiantes del interior del país, creando una suerte de alarma pública que en nada beneficia al gobierno electo que asumirá el 1 de marzo, y que le pone el peor desperdicio y desecho a una gestión exitosa liderada por quien se va. Nos referimos al Doctor Tabaré Vázquez, que, aparentemente, culminará tareas con el baldón de una resolución de clausura de un instituto universitario de enseñanza del interior del país.

Si en lugar de María Julia Muñoz la Ministra de Salud Pública hubiese sido María Simón, a la luz de los resultados de la auditoría de ASSE en el Hospital Maciel, comprometedores todos de la administradora, quien se salteó licitaciones y ordenó la compra directa de servicios, ya habría ordenado la clausura definitiva del referido nosocomio.

Pues bien, eso y no otra cosa pretende llevar a cabo la ministra saliente de Educación, y peligrosamente entrante de Subsecretaria en la misma cartera, con relación a las presuntas irregularidades de índole administrativa anotadas en el Instituto Universitario de Punta del Este, entidad habilitada desde hace una década para el dictado y otorgamiento de distintos títulos universitarios.

En mi carácter de ex Director del Ministerio de Educación y Cultura, y no de periodista, es que escribo estas líneas que conforman ineludible editorial. Este cargo lo desempeñé en épocas de la dictadura, (desde 1975 a 1983) asesorando directa y diariamente al Ministro de la época Dr. Daniel Darracq, y a los subsecretarios Doctores Martín C. Martínez primero, y Héctor Artucio después, tarea de confianza que compartí con el entonces Director del Museo Histórico, Profesor Juan E. Pivel Devoto, también asiduo concurrente al despacho del ministro de Educación y Cultura, secretario de Estado que en aquellos tiempos fue condecorado por el gobierno de Francia con las Palmas Académicas.

Sin más dilaciones acuso a la Ministra Simón de haber creado un estado de alarma pública en varios departamentos del país. Ha sido mal asesorada por una comisión educativa, incompetente y ligera en el tema que nos ocupa, que no ve más allá de sus narices, y que recomienda la clausura de un instituto universitario por presuntas fallas administrativas que deben investigarse, y a fondo. No está habilitada la titular de la cartera a “deshabilitar”, mediante clausura, un instituto en el que se han graduado centenares si no miles de estudiantes en varias carreras universitarias, entre ellas Ciencias Económicas, Abogacía y Notariado, sin haber tenido que concurrir a Montevideo para poder luego ejercer su profesión en sus lugares de origen, y con la perspectiva cierta de la apertura de cursos de lo que será la futura Facultad de Arquitectura con sede en Punta del Este.

Fatal, Simón explica que no puede avanzar contra la Universidad de la República, UDELAR, por razones de autonomía universitaria, pese a ser público y notorio que la enseñanza oficial capitalina se cae a pedazos por la superpoblación estudiantil; falta de adecuación de los textos de estudio y reformulación de carreras universitarias a la época en que vivimos, con episodios de corrupción administrativa, docente y estudiantil que no le son ajenos.

Abundando en detalles y en redundancia, también han tomado estado público sonados episodios de manifiesta irregularidad, nada menos que en la Facultad de Medicina, donde se ha denunciado a profesores y estudiantes de ponerse de acuerdo previo, consistente en proporcionar antes del examen las preguntas de la prueba (Materia “Ciclipa I).
No conformes con ello, también hubo inconvenientes, un año después, con el examen de “Ciclipa II", que aparejó beneficios para algunos estudiantes.
Y no se trata de diez o doce resentidos alumnos sino de un centenar entre 400 inscriptos de la generación 2002.

Este tema lo dejo por aquí, para reafirmar, como ex Director del Ministerio, que los docentes deben ser extremadamente cuidadosos en sus apreciaciones y en sus informes, asunto que no se ha cumplido en el extenso informe que firma el centralista  Jorge Ares Pons, y que recomienda con ligereza inaudita clausurar el Instituto Universitario de Punta del Este y establecimientos afines en otros varios departamentos de la República.

Blandiendo el informe docente, la ministra, nada menos que a fin de año, anunciaba a su salida del consejo de ministros, sin que se hubiesen cumplido las etapas del debido proceso, la clausura del IUPE, afirmación de la que tuvo que desdecirse inmediatamente cuando le hicieron notar el “blooper”.

Corresponde pues, señores educadores, que investiguen a fondo las irregularidades administrativas que ameriten correcciones, cambios de rumbo y sanciones, pero no se justifica que maten al mensajero; que clausuren un instituto de enseñanza habilitado, y que ustedes, con todo desparpajo, sean los responsables de crear el referido estado de alarma pública en Maldonado y otros departamentos, con centenares de estudiantes y miles de familias en varios puntos del país condenadas a subir al patíbulo.
Ricardo Garzón
Ex Director del Ministerio de Educación y Cultura